El Gobierno aprobó este martes el largamente esperado decreto con medidas de choque para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania, un texto que incluye iniciativas como la limitación de la subida de los alquileres al 2% o la introducción de normas para dificultar los despidos. Pero al Ejecutivo aún le esperan varias semanas de negociación para tener en marcha su paquete completo de medidas, y entre otras cosas tendrá que terminar de dar forma a una de las principales decisiones: el tope a los precios de la electricidad en el mercado mayorista.
La concreción de esa medida se negociará a tres bandas. Dentro del propio Gobierno habrá conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos, ya que los morados apuestan por un precio tope de 30 euros /MWh, una cifra que el PSOE descarta. Pero también habrá que negociar con el recién creado Ejecutivo portugués -que tomará posesión este miércoles de sus cargos-, ya que el país vecino comparte con el nuestro el mismo mercado eléctrico, y con la UE, que tiene que dar luz verde a la cuantía final en la que se decida fijar el precio límite.
Las conversaciones entre socialistas y morados son las únicas que ya han comenzado y, de hecho, lo han hecho públicamente. El lunes, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, planteó que Unidas Podemos quiere establecer un precio tope del gas en el mercado mayorista de 30 euros/MWh, pues permitiría que el recibo medio de la luz quedara en unos 110 euros mensuales. Esas palabras fueron rápidamente afeadas por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que sostuvo que la cifra final en la que se establezca el límite estará basada en "cuestiones muy complejas" y técnicas.
Belarra, no obstante, insistió este martes en que, más allá de esas cuestiones técnicas, el tope concreto que se ponga en marcha es una "decisión política", y señaló que es "urgente ser contundente" y que "no se le puede escatimar" a la ciudadanía el debate sobre la cuantía final del límite al precio de la luz en el mercado mayorista. Oficialmente, la parte socialista del Gobierno no ha planteado ninguna cifra, aunque El Periódico informó hace unos días de que el Ministerio de Transición Ecológica baraja un tope de 50 euros/MWh.
La reforma fiscal, pospuesta
Esta última cifra supone una importante rebaja con respecto a la propuesta de establecer un tope de 180 euros/MWh que Transición Ecológica y el Gobierno portugués plantearon inicialmente, aunque posteriormente el ministerio liderado por Teresa Ribera se desdijo. Fuentes moradas atribuyen esta rectificación del PSOE a su presión, y señalan que los 50 euros/MWh que ahora baraja la parte socialista del Gobierno están mucho más cerca de su propuesta. El entorno de la vicepresidenta Yolanda Díaz, por su parte, no se pronuncia sobre la cifra concreta a la que debe limitarse el precio de la electricidad en el mercado mayorista, pero sí coincide con Belarra en que la cuantía final será fruto de una decisión política y no meramente técnica.
Las fuentes del ala morada del Gobierno consultadas, además, consideran que la negociación con el PSOE será la más complicada a la hora de concretar el tope del precio, ya que creen que con el Ejecutivo portugués no habrá excesivos problemas para fijar una posición común. Unidas Podemos tampoco ve probable que la UE sea especialmente quisquillosa con la cifra final que se defina, una vez el Consejo Europeo pactó la semana pasada la "excepción ibérica" que permitirá a España y Portugal establecer topes de precios en el mercado energético mayorista de manera temporal.
Esas negociaciones, en cualquier caso, serán las que protagonizarán la agenda del Gobierno en las próximas tres o cuatro semanas. Y fuentes de Unidas Podemos explican que durante ese tiempo rebajarán públicamente su petición de complementar las medidas aprobadas con una reforma fiscal que suba impuestos a rentas altas y grandes empresas. Estas fuentes insisten en que los morados en ningún caso renunciarán a esa demanda, pero sí admiten que le pondrán sordina durante unos días para evitar que entorpezca las conversaciones sobre el mercado eléctrico.
El pacto de rentas, cuestión de los agentes sociales
Cuestión diferente es el "pacto de rentas" que el Gobierno ha pedido a patronal y sindicatos firmar para repartir los esfuerzos que conllevarán las medidas puestas en marcha para capear la crisis. El Ejecutivo y los agentes sociales únicamente han tenido dos reuniones al respecto de este pacto y en la última de ellas, celebrada la semana pasada, CCOO y UGT dejaron claro que no firmarían ningún acuerdo que no incluya una contención ambiciosa del precio de la luz para los pequeños consumidores. "De cómo salga la negociación sobre el mercado energético y la asignación de precios dependerá la inflación, y en función de la inflación estaremos en un escenario económico o en otro", explicó a ese respecto la semana pasada el líder de CCOO, Unai Sordo.
No obstante, además de las medidas sociales que ha puesto en marcha el Gobierno y las que se tomen para reducir los precios de la energía, ese pacto de rentas tiene otra pata fundamental: la evolución de los salarios de los trabajadores durante los próximos tres años. La CEOE lleva semanas haciendo llamadas a contener las subidas de los sueldos por debajo de la rampante inflación para evitar que las empresas tengan que aumentar su gasto salarial en un momento delicado, y también para evitar que la rueda de la inflación se alimente.
Los sindicatos, por su parte, son conscientes de que la elevada cifra de inflación y la mala situación de algunas empresas impedirán que el crecimiento de los precios pueda "repercutirse de forma inmediata al conjunto de los salarios", en palabras de Sordo hace unas semanas. Pero eso no implica que las centrales se resignen a esa "pérdida de poder adquisitivo", sino que proponen que se pacte recuperar esas pérdidas en el poder de compra que se produzcan este año durante los dos años siguientes.
El Gobierno, en este asunto, insiste en no tomar partido, habida cuenta de que sindicatos y empresarios llevan unas semanas negociando ya el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que estará vigente entre 2022 y 2024. En este pacto, si se alcanza, se concretará la evolución de los sueldos cuya subida está sujeta a convenio, y el Ejecutivo se limita a señalar que es competencia de centrales y patronal cerrar esta negociación. "Este es un marco bilateral, los salarios los fijan los agentes sociales", señaló este martes la vicepresidenta Díaz.
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