El Gobierno dice que su objetivo no es "reducir" los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, sino "eliminarlos"

"Nuestro objetivo no tendría que ser reducirlos, sino que no existan". Así de contundente se ha mostrado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sobre la limitación de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, una partida que supone unos 650 millones de euros para las eléctricas que se devengan de un cargo que va incluido en las facturas y que se repercute en los consumidores por el coste de emisión de CO2 aunque haya productores de energía que no pagan esa cantidad porque no lo emiten.

La vicepresidenta ha explicado en el Congreso que el Ejecutivo ya ha ampliado "el ámbito" para limitarlos aún más, en referencia al hecho de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado martes limitar en los contratos bilaterales las ganancias de las eléctricas. 

A la espera de que España y Portugal presenten una propuesta conjunta para limitar los precios del gas -cifrada en 30 euros- y así aminorar los llamados "beneficios caídos del cielo" en el mercado mayorista de electricidad conforme a la excepción ibérica temporal consentida por Bruselas, el Gobierno acordó hace dos días reducir esas ganancias un 90% en los contratos nuevos o a renovar en los que se supere el umbral de los 67 euros/megavatio hora (MWh).

Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se trata de evitar rentabilidades para las compañías eléctricas que "están por encima de aquello que es razonable" y solo pueden ser imputadas al desorbitado crecimiento del precio del gas. 

Además, también se prorrogó la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5% por trimestre para quienes tienen contratada la tarifa regulada o TUR, con lo que se pretende controlar el aumento de la factura que pagan cerca de 1,5 millones de hogares y pymes.