El Ministerio de Igualdad quiere ampliar la protección de las víctimas de violencia vicaria, esto es, aquella ejercida sobre la mujer a través de sus seres queridos, en la mayoría de ocasiones mediante sus hijos. El objetivo es desobstaculizar el acceso a las ayudas estatales mediante la futura ley de libertad sexual, comúnmente conocida como ley del 'solo sí es sí'.
El departamento dirigido por Irene Montero trasladó este viernes a los grupos parlamentarios la inclusión de una enmienda en el proyecto de ley -que pivota fundamentalmente sobre la definición de consentimiento expreso- para que las víctimas de violencia vicaria puedan acceder a las ayudas estatales como víctimas de delitos violentos.
Según la enmienda a la que ha tenido acceso 20minutos, la propuesta del Gobierno pasa por modificar el artículo segundo, en el apartado en el que se definen los beneficiarios de las ayudas y la asistencia de las víctimas. Así, añaden al párrafo en el que se define quiénes podrán recibir estas prestaciones que las víctimas de violencia vicaria podrán acceder también a estas prestaciones cuando el familiar o allegado haya sido asesinado para provocarle dolor a ella.
"Podrán acceder a estas ayudas, a título de víctimas directas, las personas que sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia directa del delito, incluidas las víctimas de la violencia vicaria, prevista en el artículo 1.4. de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuando su familiar o allegado menor de edad fallezca como consecuencia del delito", reza el texto.
Además, según cuentan fuentes de Igualdad, también en la ley del 'solo sí es sí', que está ahora en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, se está negociando para que se incluya el "blindaje" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género" y que se garantice así que la financiación se mantenga como permanente, tal y como acordaron los grupos parlamentarios en noviembre de 2021. "Así, a través de una enmienda, se pretende incluir durante la ponencia de la ley para hacer efectivo ese blindaje cuanto antes", subrayan.
Una norma en negociación
El Congreso reactivó la tramitación de la ley de libertad sexual en enero de este año tras superar las enmiendas a la totalidad que presentaron PP y Vox en octubre. Entre otras cosas, la norma contempla una reforma de la tipificación de los delitos sexuales para eliminar la distinción entre abuso y violación. Ahora está siendo debatida en la Comisión de Igualdad, junto a las más de 400 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
Y es que, más allá de los colores de cada grupo político, hay un punto en el que está costando encontrar consenso, y es la tercería locativa. El texto actual aborda una reforma del Código Penal para reformar la tercería locativa (Eliminada por Felipe González en 1995) y sancionar así a quien destine un inmueble o cualquier establecimiento a favorecer la prostitución de otra persona.
Mientras los socialistas defienden endurecerla más -en línea con su clásica y cada vez más reiterada postura abolicionista-, los socios parlamentarios del Ejecutivo consideran que tratar un tema tan delicado como la prostitución requiere de un debate más a fondo y en otra ley. Está, por tanto, encima de la mesa, la posibilidad de renunciar a este punto e intentar abordarlo en la ley contra la trata con fines de explotación sexual que prepara el Ministerio de Igualdad.
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