Ya lo anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el último Consejo de Ministros: "Vamos a ratificar el Convenio 189". Y así lo hizo el Gobierno este martes para enviar al Congreso de los Diputados la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dota a las trabajadoras domésticas de más derechos, como el paro, los descansos o las vacaciones, a los que por ahora todavía no tienen acceso muchas de ellas.

Básicamente, lo que establece ese convenio internacional aprobado en 2011 y ratificado ya por una treintena de países es que estas trabajadoras (porque son en una inmensa mayoría mujeres) tengan un sistema de contratación igual al del resto de trabajadores en España. Es solo uno de los perjuicios añadidos a la invisibilidad en la que está sumido este sector y a las condiciones de trabajo que les arrebatan el derecho a la prestación por desempleo. 

“Es una cuestión de justicia, y algo más: el cumplimiento de nuestros compromisos y la confirmación de que el camino de los derechos laborales, emprendido por este Gobierno, ya nunca más dejará atrás a las trabajadoras del hogar”, resaltó la vicepresidenta segunda.

El Convenio 189 -que pasará ahora a las Cortes para su aprobación definitiva- reconoce "la importancia de la contribución del trabajo doméstico a la economía mundial". Este, de hecho, es un punto en el que siempre se han apoyado las asociaciones que representan a este sector para denunciar la infravaloración a la que están sometidas pese a una labor que, más todavía con la pandemia, ha demostrado ser esencial.

Trabajadoras del hogar piden agilizar la ratificación del Convenio internacional: "Queremos tener derecho a paro"

Más allá del derecho al paro, el acuerdo internacional regula también la "igualdad de trato" con el resto de trabajadores "en cuanto a descansos y vacaciones". Además, determina que aquellas trabajadoras migrantes que sean contratadas en un país para prestar servicio a otro, reciban por escrito una oferta de empleo antes de cruzar la frontera y regula las condiciones de repatriación cuando finalice el contrato. 

En cuanto al sueldo, deberá ir fijado según el salario mínimo interprofesional, que recientemente ascendió a 1.000 euros mensuales, lo que favoreció a este sector que siempre ha estado anclado a las remuneraciones más bajas. "Los ajustes legislativos que exige la norma internacional, tras su ratificación, se encuentran ya en proceso", aseguran desde el Ministerio de Trabajo, desde donde ya avanzaron a este diario que la ratificación se complementara con una ley concreta. 

Esto era un compromiso reafirmado recientemente también por el Ministerio de Igualdad. La propia ministra, Irene Montero, ha insistido en varias ocasiones en que era un asunto urgente de tramitar. De hecho, se incluyó el objetivo en el plan de igualdad aprobado en marzo. "El siguiente paso es enviarlo a las Cortes Generales para su aprobación definitiva y España tendrá un año para adaptar la legislación al reconocimiento efectivo de todos sus derechos. Nos acercamos cada vez más a una España feminista que reconoce los cuidados con plena dignidad", tuiteó Montero este martes. 

Así, y según datos de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aproximadamente las 378.466 personas que están afiliadas a este régimen saldrán beneficiadas de la ratificación. Habrá que ver qué pasa con las 200.000 que calculan los sindicatos que se mantienen en empleo sumergido y sin derechos. Por ahora, es una decisión que ha sido celebrada por las asociaciones de defensa de las trabajadoras domésticas, pero llevan tanto tiempo reivindicando su puesta en marcha que andan con pies de plomo. "Puede quedar en papel mojado si no se adoptan medidas públicas", advirtió a este periódico la presidenta de SEDOAC, Carolina Elías.