Las empresas de limpieza y los sindicatos exigen al Gobierno que repercuta las subidas del SMI en los precios de las contratas

La patronal y los sindicatos más representativos entre los trabajadores de la limpieza -UGT y CC OO- han firmado un manifiesto en el que exigen al Gobierno cambios legales para poder repercutir en los contratos públicos los aumentos de costes de personal tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que desde finales de febrero es de 1.000 euros. En concreto, piden eliminar la ley de desindexación -que prohibió revisar los precios de los contratos públicos de servicios en la mayoría de los casos- o, en su defecto, una "profunda modificación" de la misma.

Esta reivindicación llega apenas un mes después de que las constructoras lograran arrancarle al Gobierno una excepción para los contratos de obra pública. El Ejecutivo aprobó a comienzos de marzo mediante un real decreto una vía para que las constructoras que hubieran sufrido subidas de costes "imprevisibles" en sus materias primas pudieran repercutirlos en los precios de los contratos públicos.

Los agentes sociales piden cambiar la ley para poder trasladar a la administración las subidas "imprevisibles" del SMI o las mejoras negociadas en los convenios colectivos firmadas a posteriori. En concreto, la patronal de las empresas de la limpieza (Aspel) estima que la última subida del SMI le ha supuesto una subida de costes de 6,5 millones de euros solo en los contratos de limpieza con la administración ya en ejecución.

En sectores como el de la limpieza -donde, según la patronal, los costes laborales suponen en torno al 90% de la cuenta de resultados de una empresa-, no poder trasladar estas subidas imprevistas a los precios de los contratos supone "un desequilibrio económico" a los empresarios, explican.

En el manifiesto, patronal y sindicatos defienden que subir el SMI "beneficia sin duda a diversas categorías de trabajadores", pero reclaman que no se haga "a costa de las empresas adjudicatarias de contratos ya iniciados antes de dicha modificación”. 

Además, creen que esta imposibilidad de actualizar los precios de los contratos públicos es un obstáculo en la negociación de los convenios, entorpece lograr mejoras para los trabajadores y genera "conflictividad" y "problemas de continuidad en las plantillas". 

Por todo ello, piden que "se elimine la imposibilidad de realizar dicha revisión de precios" o, al menos, que se autorice revisarlos cuando haya cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva o circunstancias que no se pudieran prever. 

La ley de desindexación que los firmantes del manifiesto quieren derogar empezó a funcionar en 2017. Se implantó con la idea de desvincular los precios de los bienes y servicios del sector público de la evolución del Índice de precios de consumo (IPC) para evitar así efectos de segunda ronda indeseados. Precios que cada año se revisaban automáticamente en función de lo que marcara el IPC, como las tarifas del transporte público, el butano, el agua o el de algunos medicamentos, dejaron de hacerlo a partir de ese año.

Según datos de la patronal de las empresas de limpieza (Aspel), el sector empleaba en 2021 a un total de 572.500 profesionales repartidos en 35.931 empresas. Las empresas de la limpieza facturaron 10.577 millones en dicho ejercicio.

Hacienda afirma que el caso de la construcción es diferente

Consultadas sobre esta cuestión, fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que los casos de la construcción y la limpieza responden a "supuestos diferentes". Estas fuentes inciden en que la excepción decretada para la construcción "no altera la tipología" de los contratos en los que es posible revisar los precios, dado que los contratos de obra están incluidos en esta categoría.

Además, sostienen que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado -el órgano de regulación y consulta en materia de contratación pública del Estado- ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de que las subidas del SMI deban ser motivo de compensación para el contratista. De igual manera, señalan que dicho organismo descartó que se pueda modificar un contrato por esta causa.