Los delitos de odio no paran de crecer. Es el mensaje que transmite el Ministerio del Interior, que alerta del aumento de estos hechos que, según el responsable del departamento, Fernando Grande-Marlaska, "atacan al corazón de la democracia", maltrecho ya a juzgar por los datos. Desde 2013, primer año con registros, el número de denuncias por la comisión de estos delitos no ha parado de aumentar, creciendo hasta un 53%. Todo ello, sin contar que todavía hay una gran 'infradenuncia', ya que ocho de cada diez víctimas no pone en conocimiento de las autoridades los hechos ocurridos.

Según los datos que Interior ha ido publicando en sendos informes anuales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2021 un total de 1.802 posibles delitos de odio. Son 630 más que los que se denunciaron en 2013, año en el que el ministerio comenzó a recabar y publicar datos sobre estas denuncias. Además, la tendencia ha sido ascendente durante casi todos los años: en 2014 se registraron 1.285 delitos; en 2015, 1.328; en 2016, 1.272; en 2017, 1.419; en 2018 y en 2019, 1.598; y en 2020, 1.334.

Hay otra arista que también se repite casi siempre: las víctimas de estos delitos, en su mayoría perpetrados contra personas migrantes o miembros del colectivo LGTBi. Ambos grupos han sido los que copan los datos durante los últimos nueve años. En 2021, por ejemplo, los delitos de odio derivados de conductas racistas o xenófobas fueron casi el 40% del total (678) y los perpetrados por la orientación sexual o la identidad de género llegaron al 26,5% (477). En tercera posición están las denuncias por discriminaciones o ataques por ideología, que son casi un 20% (336).

Con todo, Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género y delitos de odio y exportavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, da la nota positiva frente a la posible preocupación que podrían generar los datos. En conversación con 20Minutos, explica que es "imposible" saber si lo que han crecido es la comisión de los delitos o las denuncias. 

"Las denuncias obviamente han crecido, pero no sabemos si esto responde a que la gente se ha concienciado más y empieza a confiar en las instituciones o a que han aumentado los hechos", declara. En este sentido, es optimista en base a su experiencia en la Fiscalía: "Cada vez más, la gente que viene a denunciar me dice: 'No es la primera vez que me pasa, pero sí la primera que denuncio'".

La 'infradenuncia', tarea pendiente

Uno de los grandes retos del Ministerio del Interior es luchar contra la 'infradenuncia', es decir, el bajo número de víctimas que sigue sin poner los hechos en conocimiento de las autoridades. Así lo muestra una encuesta realizada por el departamento de Marlaska y publicada en junio de 2021 en la que cerca de un 90% de personas que decía haber sido víctima de un delito de odio confesaba no haberlo denunciado. También la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sitúa esta tasa en un 80%, una cifra que dio el propio Marlaska el pasado martes, cuando señaló que ocho de cada diez víctimas no denuncia.

Según Gisbert, estos datos revelan que en la problemática de los delitos de odio, la 'infradenuncia' está igual de presente como estaba en violencia de género hace diez años. "Mis estimaciones son que solo denuncian entre un 3% y un 10%, cifras que registrábamos en víctimas de violencia machista hace una década", apunta la fiscal, que añade que en la violencia machista ahora denuncian entre un 20% y un 30% de las víctimas.

En este sentido, explica que para luchar contra esta situación es necesario "concienciar" a la población de que la Justicia "funciona". De hecho, señala que de las denuncias al respecto que recibe, "la mitad terminan en pena de cárcel y otras tantas, en delitos leves o faltas administrativas". También asegura que se debería dar una mayor protección a las víctimas, especialmente a las más vulnerables: "Por ejemplo, podría cambiarse la ley para que los inmigrantes que denuncian no sean expulsados si no tienen papeles". 

Un millón de euros para luchar contra estos delitos

Conscientes de la tendencia "alcista" de los delitos, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, que entró en vigor el miércoles y estará vigente hasta 2024. 

A su implementación se dedicará un millón de euros y, entre otras medidas, contempla la creación de grupos específicos especializados en combatir este tipo de delitos en la Policía y Guardia Civil y, también, el impulso de la formación, sensibilización y concienciación de los agentes.