El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha sugerido al Govern de Cataluña que estudie la posibilidad de incluir la comarca del Barcelonès entre los territorios en los que se llevará a cabo la consulta sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, al considerar que también está implicada como sede de las pruebas deportivas de hielo.
Así lo recoge un comunicado en el que el Síndic también propone revisar la fecha prevista para la consulta en el Alt Pirineu y Aran, el Ripollès, el Berguedà y el Solsonès, el 24 de julio, para evitar que coincida con el período vacacional de verano.
Además, insta a publicar "sin demora" la información actualizada sobre el proyecto de candidatura según el acuerdo aprobado por el COE y, en concreto, toda la información referente a la propuesta deportiva, como las disciplinas, estadios deportivos e intervenciones e inversiones necesarias previstas. Por otro lado, también exige información sobre el impacto económico, en infraestructuras y ambiental y social en el territorio.
A principios del mes de febrero, el Síndic abrió una actuación de oficio para estudiar los criterios utilizados en la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, y pidió información al Departamento de Presidencia de la Generalitat, que todavía no ha contestado a la petición.
En concreto, pidió conocer los motivos por los que el Govern sólo consideraba afectada a la ciudadanía del Alt Pirineu y Aran y no de otros territorios, como el Ripollès, Berguedà y Solsonès, y cómo esto se conjuga con el derecho a la igualdad entre los ciudadanos.
Y es que, en un principio, la Generalitat planteó hacer la consulta únicamente en el Alt Pirineu y Aran, pero finalmente incluirá también al Ripollès, al Bergiedà y al Solsonès, eso sí, con preguntas distintas. Mientras que en las primeras se preguntará si se debe presentar la candidatura, en las segundas los vecinos decidirán si estas comarcas deben "involucrarse" en el proyecto.
Por otra parte, el Síndic también pidió información sobre cuál será la muestra poblacional con derecho a voto en la pretendida consulta, y los mecanismos establecidos por el Govern para garantizar información suficiente sobre el proyecto a todos los potenciales votantes.
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