El Gobierno deja en el aire el poder adquisitivo de 2,7 millones de empleados públicos

El Gobierno volvió a insistir el lunes en blindar a los pensionistas frente a la inflación, pero eludió la posibilidad de alcanzar un compromiso similar con los empleados públicos, el colectivo que más poder adquisitivo ha perdido desde la gran recesión de 2008. 

En una entrevista televisada concedida a Espejo Público, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró que la revalorización de las pensiones conforme al Índice de precios de consumo (IPC) está "garantizada" este año. "No es una cuestión de voluntad política de un Gobierno u otro, está inscrito en la ley", sostuvo el presidente. 

No obstante, cuando se refirió a los funcionarios, el presidente situó las hipotéticas subidas salariales de este colectivo en el marco del pacto de rentas. Unos acuerdos para repartir las pérdidas que ha traído la guerra en Ucrania que Gobierno, sindicatos y patronal negocian desde hace más de un mes, pero en el que todavía no se han logrado avances significativos. 

"Los sindicatos y los empresarios están negociando este acuerdo de rentas en el que no solo se tiene que hablar de salarios, sino también de dividendos, de reparto de beneficios… y en función de ello veremos cuál es la evolución y la negociación que se articula", fue la respuesta de Sánchez cuando se le preguntó por los empleados públicos.

A diferencia del blindaje por ley de las pensiones, que las actualiza de forma automática al IPC, las subidas salariales de los empleados públicos las tiene que aprobar el Gobierno cada año cuando presenta los Presupuestos Generales del Estado. 

La falta de precisión sobre qué ocurrirá con los empleados públicos deja en el aire el poder adquisitivo de unos 2,7 millones de trabajadores, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Un colectivo para el que los salarios han subido solo un 6,2% entre 2009 y 2022, frente al 14,3% de incremento del IPC registrado desde esa fecha.

En CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, no han sentado bien las palabras de Sánchez. Su presidente, Miguel Borra, ha reprochado a Sánchez estar "muy mal informado" sobre la situación de los empleados públicos y los mecanismos de negociación de sus salarios.

"Pedro Sánchez debería saber que las empleadas y empleados públicos de este país llevamos contribuyendo al pacto de rentas desde 2010 con una pérdida del poder adquisitivo del 12 por ciento en función de la categoría profesional y que a día de hoy no hemos recuperado", ha expresado Borra, que ha pedido una reunión "urgente" con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. 

Además, Borra ha amenazado con "una campaña de movilizaciones en toda España" si no se atiende a los empleados públicos y las medidas contra la crisis dañan sus condiciones laborales.

Castigados por la crisis

Los empleados públicos son uno de los colectivos que más poder adquisitivo ha perdido en los últimos años. Tras una bajada de su sueldo del 5% en 2010 y un lustro con los salarios congelados, los trabajadores de la administración no recuperaron su nivel de renta de 2009 hasta diez años después. 

En ese mismo periodo, las prestaciones de los pensionistas y los sueldos de los trabajadores por convenio siguieron subiendo, aunque lo hicieron por debajo del coste de la vida. Especialmente en el caso de los pensionistas. Mientras que entre 2009 y 2021 los sueldos de los empleados públicos subieron un 4,3%, las pensiones lo hicieron un 8,7% y los salarios pactados en convenios colectivos un 16,1%.

Mientras que entre 2009 y 2021 los sueldos públicos subieron un 4,3%, las pensiones lo hicieron un 8,7% y los salarios pactados en convenios colectivos un 16,1%

No obstante, conviene recordar que los trabajadores del sector público perciben un salario medio más elevado que el del sector privado. Según datos del INE correspondientes al año 2020, el sueldo medio bruto mensual de un empleado público era de 2.884,7 euros al mes, frente a los 1.818,6 en el sector privado. Las razones de esta diferencia -explica el instituto estadístico- tienen mucho que ver con la mayor proporción de empleados con estudios superiores, tasas de antigüedad más elevadas y menos trabajo a tiempo parcial en el sector público.

Con todo, revalorizar las pensiones con el IPC este año supondrá un gasto incomparablemente más grande que si se hiciera igual con los trabajadores públicos. Según calcula Fedea, la subida de las pensiones este año podría suponer un coste de al menos 13.923 millones para las arcas del Estado. Un gasto al que habría que hacer frente en 2023.

Esos casi 14.000 millones de euros no están muy lejos de los 19.229 millones que el Gobierno destinó en los presupuestos para pagar todas las nóminas de los empleados públicos en 2022. En cambio, la factura total de las pensiones ascendió a 171.165 millones de euros.