El pacto entre patronal y sindicatos para fijar la evolución de los sueldos sujetos a convenio durante los próximos tres años no acaba de cerrarse, y esa falta de acuerdo comienza a evidenciar las diferencias en el Gobierno en torno a cuánto deben crecer los salarios ante la elevada inflación. Tras semanas de perfil bajo en las que el Ejecutivo se ha limitado a recordar que son los agentes sociales los que deben pactar esa senda, este fin de semana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, apostó claramente por que la "moderación" salarial sea la "guía" que conduzca a este acuerdo. Esa posición supone tomar partido por las tesis de la patronal, y amenaza con generar un nuevo choque de Calviño con sus socios de Unidas Podemos.

Sindicatos y empresarios llevan desde principios de marzo manteniendo contactos para pactar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un documento que, entre otras cosas, recogerá -si finalmente se firma- una senda de evolución de los salarios entre 2022 y 2024. Esos porcentajes de subida son los que servirían como referencia para determinar los aumentos salariales de los tres próximos años en los convenios colectivos, aunque por ahora los agentes sociales no han llegado a un acuerdo: CCOO y UGT exigen cláusulas de revisión salarial que permitan a los trabajadores recuperar entre 2023 y 2024 el poder adquisitivo que pierdan este 2022, un extremo que la CEOE rechaza.

El Gobierno, por su parte, ha planteado este acuerdo entre patronal y sindicatos en relación a los salarios como una de las piezas principales -aunque no la única- del "pacto de rentas", el paquete de medidas que el presidente Pedro Sánchez lleva promoviendo desde marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. No obstante, hasta ahora el Ejecutivo siempre había dejado en menos de los agentes sociales la concreción de ese pacto sobre la evolución de los sueldos, y en público no se había posicionado.

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Por ello, que Calviño planteara el fin de semana que la "moderación" salarial debe ser "la guía" que conduzca a ese acuerdo entre patronal y sindicatos "con el fin de evitar una espiral inflacionista" supone dar un paso público en favor de la posición de la patronal. La vicepresidenta, además, vuelve con sus declaraciones a poner en el foco sobre el pacto de rentas, después de que, en las últimas semanas, el Ejecutivo lo hubiera dejado en un segundo plano. De hecho, el Gobierno no ha convocado siquiera una nueva reunión con los agentes sociales tras las únicas dos que se han celebrado, la última hace un mes. Patronal y sindicatos sí se han reunido, pero por su cuenta.

Preguntado este lunes, en una entrevista en Espejo Público, por ese pacto de rentas que promovió a principios de marzo y que posteriormente se ha ido desinflando, Sánchez no desautorizó las palabras de Calviño sobre la moderación de las subidas salariales. No obstante, el presidente del Gobierno quiso poner el foco en que ese acuerdo, de producirse, debe incluir también medidas relativas a los "dividendos" y "los beneficios" de las "grandes empresas", y apostó por "un reparto justo de las cargas de esta crisis provocada por la guerra".

En este sentido, fuentes cercanas a la vicepresidenta Calviño quisieron matizar las declaraciones lanzadas el fin de semana en línea a lo marcado por Sánchez. A preguntas de este diario, desde el Ministerio de Asuntos Económicos ampliaron las peticiones de "moderación" a los "beneficios" empresariales. "Las declaraciones hacen referencia a que en el contexto que alza de inflación se pide que tanto se moderen coyunturalmente tanto los beneficios de empresas como los salarios para no generar una inflación estructural que dañe la economía", añaden. Asimismo, también insisten en que, al "no depender" del Gobierno, no pueden dar fechas para un posible acuerdo.

Unidas Podemos, alerta

Al igual que el presidente del Gobierno, Podemos también se pronunció este lunes sobre el pacto de rentas. Y, apenas un día después de que Calviño apostara por una moderación de las subidas de los sueldos, los morados rechazaron de plano esa posibilidad. "Estamos en un momento de inflación disparada, pero los salarios en ningún caso deben perder capacidad adquisitiva", espetó este lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que se mostró además partidario de que el salario mínimo interprofesional también siga creciendo. "Los trabajadores no pueden ser quienes paguen el coste de la crisis, los sueldos tienen que incrementarse, sin discusión", zanjó.

En privado, Podemos se muestra cauto ante las palabras de Calviño, y fuentes de la formación señalan que estarán atentas los próximos días para ver si las declaraciones de la vicepresidenta expresaban únicamente una opinión o forman parte de una estrategia del PSOE para conseguir una contención salarial. No obstante, en el partido morado -que en un primer momento vio el pacto de rentas con preocupación ante la posibilidad de que fuera un eufemismo para recortar el poder adquisitivo de los trabajadores- se tomó nota ya hace unas semanas de que los socialistas habían dejado de hablar de este asunto.

La subida de los salarios ante un IPC récord abre otra pugna en el Gobierno y entre empresarios y sindicatos

Unidas Podemos cree que haber sacado el acuerdo de rentas del primer plano de la actualidad responde a que Sánchez ha entendido que será muy complicado poner de acuerdo a patronal y sindicatos sobre la evolución de los sueldos. Y en esto no hay fisuras entre el partido y su líder en el Gobierno, Yolanda Díaz, que además lleva meses defendiendo que el coste de la inflación no puede echarse sobre las espaldas de los trabajadores. El pasado noviembre, por ejemplo, Díaz aseguró frente a las "voces que siempre piden moderar los salarios" que el "problema del IPC no se debe a salarios ni a pensiones" y, por ende, ni asalariados ni pensionistas deben pagarlo.

Entonces ya hubo un conato de incendio en el Ejecutivo debido a la tibia posición del PSOE. Su portavoz, Felipe Silicia, se limitó a prometer que el Gobierno sería "sensible" si el alza de los precios fuera afectar a las familias, pero pidió hacer un análisis "calmado y profundo" y rechazó vincular al IPC el salario mínimo interprofesional (SMI). En esa línea, la portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, sostuvo en una entrevista en TVE que el Gobierno estaba "sosteniendo" desde "lo público" a la sociedad y especialmente "a los más vulnerables", pero solo mencionó a los pensionistas y la revalorización de sus pensiones, dejando al margen el impacto de la inflación en los salarios del sector privado y del público.