Entre los 2.267.942,80 euros en cuentas corrientes o de ahorro y los 305.450 en obras de arte, antigüedades y joyas con carácter personal, Felipe VI posee un patrimonio de 2.573.392 euros. Una suma que el jefe del Estado decidió hacer pública este lunes por primera vez, a dos meses de cumplirse el octavo aniversario de su proclamación. 

"El patrimonio de Su Majestad el Rey está principalmente constituido por las retribuciones que ha percibido de los presupuestos de la Casa de S.M. el Rey a lo largo de estos últimos 25 años; primero como Príncipe de Asturias a partir del año 1998 y posteriormente como Rey a partir de 2014", desgrana una nota distribuida por Zarzuela. 

Unas retribuciones que, en su totalidad, ascienden a una cantidad bruta de 4.275.796,94 euros, practicadas de esa cantidad desde entonces las diferentes retenciones fiscales pertinentes, incide Zarzuela, a través de la declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. Una tributación para la que el rey es asistido anualmente por los servicios competentes de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria.

"Desde su proclamación ante las Cortes Generales, Su Majestad el Rey inició el camino de la modernización de la Corona para hacerla merecedora del respeto y la confianza de los ciudadanos bajo los principios de ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad en sus comportamientos", defiende en su comunicación la Casa del Rey, en un contexto donde se especula con una posible vuelta del rey emérito, Juan Carlos I, de su exilio voluntario en Abu Dabi. 

Reforma de la estructura de la Casa Real

Minutos después de que Zarzuela enviara el comunicado, Moncloa anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto por el que reformará la estructura y el funcionamiento de la Casa Real con el objetivo de reforzar "la trasparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado" de Felipe VI. El anuncio no incluye más concreciones.

Fuentes de la Casa del Rey recogidas por Europa Press precisaron que tanto el Gobierno como el PP, como principal partido de la oposición, han sido informados y comparten la decisión de Felipe VI de hacer público su patrimonio. Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, se ha puesto en contacto, además, con otros grupos parlamentarios con la salvedad de ERC, Junts, la CUP, EH Bildu y BNG, partidos que, han recordado las fuentes, no están con el consenso de la Constitución de 1978, siguiendo así el criterio que en su momento ya fijó la exvicepresidenta Carmen Calvo.

Desde Unidas Podemos, sin embargo, lamentan que la parte socialista del Gobierno no les haya informado de todo este asunto hasta solo "minutos antes" del anuncio. Los morados consideran imposible que el PSOE no llevara semanas elaborando el decreto y preparando el movimiento de Casa Real sobre el patrimonio de Felipe VI, por lo que la noticia ha generado un importante malestar en sus filas.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, publicó un comentario en su cuenta de Twitter criticando que "mientras el rey sea inviolable, es imposible saber si el patrimonio que declara es real y se puede saltar cualquier real decreto publicado en el BOE sin consecuencia alguna". "Ningún maquillaje puede tapar lo que significa una jefatura del estado hereditaria por encima de la ley", denunció.

Las reformas de Felipe Vi

Desde que Felipe VI fue proclamado jefe del Estado el 19 de junio de 2014, el rey ha acometido diferentes reformas en Zarzuela, en aras de buscar la transparencia y la ejemplaridad para mejorar la imagen de la Monarquía, sobre todo a medida que se fueron conociendo las conductas que llevaron a su padre a estar investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Nada más tomar las riendas de la Casa Real, el monarca acotó el número de miembros de la Familia Real a él mismo, la reina Letizia y las hijas de ambos, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como a sus padres, Juan Carlos I y Sofía. Dejó fuera, así, a sus hermanas, las infantas Elena y Cristina. La segunda ya estaba entonces imputada por el caso de corrupción Noós que más tarde llevó a la cárcel a su marido, Iñaki Urdangarin. Los miembros de la Familia Real, tal y como decidió Felipe VI en 2014, solo podrán desarrollar actividades de naturaleza institucional.

Otra de las medidas que adoptó el monarca fueron que la Intervención General del Estado audita las cuentas de la Casa Real desde 2015 y que Zarzuela cuenta con asesoría jurídica permanente de la Abogacía del Estado. También el año de su proclamación, el jefe del Estado aprobó un régimen jurídico por el que se establecen unos límites para los obsequios entregados a los miembros de la Casa.

En 2020, el monarca tomó otra gran decisión: el 15 de marzo de ese año, y tras la publicación en prensa de que aparecía como beneficiario de dos fundaciones radicadas en el extranjero y vinculadas con el rey emérito, anunció que renunciaría a la herencia de su padre, al tiempo que le retiró la asignación anual de la Casa Real. Todo ello, meses después de que Juan Carlos I abandonara la vida pública. En el verano de 2020, el emérito abandonó España y se instaló en Abu Dabi.