El plan de choque con medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania se ha topado este martes con un nuevo potencial problema. Teruel Existe, aliado tradicional del Gobierno, ha amenazado con abstenerse en la ya de por sí difícil situación que el Ejecutivo tiene ante sí este jueves en protesta por las disposiciones que figuran en el decreto para favorecer la implantación de energías renovables, eliminando la obligación de acompañarse de evaluaciones de impacto ambiental y de la consulta pública en la que de otra forma podrían participar los ayuntamientos y vecinos de los lugares donde se vayan a instalar.

El único diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, amagó este martes con la abstención en una votación en la que el Gobierno suma dificultades para sacarlo adelante. En su caso, no es consecuencia del espionaje con el programa Pegasus que ha puesto en la picota el apoyo de ERC o EH Bildu, sino el procedimiento 'exprés' que se incluye en la ley para implantar parques eólicos o placas fotovoltaicas sin tener en cuenta las consecuencias medioambientales en la zona donde se ubiquen ni la opinión de quienes serán los afectados más directos.

Según dijo en rueda de prensa, su formación se está planteando la abstención por este motivo a un decreto-ley al que, no obstante, reconoce que sería "interesante" aprobar. En todo caso, lo que sí es que se tramite como proyecto de ley "para poder corregir estas discrepancias con el articulado relativo de la tramitación medioambiental”. 

Impacto ambiental y consulta

Según ha explicado, el desacuerdo se encuentra en el capítulo de “medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables” que elimina la obligación de hacer una evaluación de impacto ambiental en proyectos eólicos de menos de 75 MW y proyectos fotovoltaicos que ocupen menos de 150 hectáreas en terrenos de baja o media sensibilidad ambiental. No se requerirá un estudio ni ordinario ni simplificado, lo que Teruel Existe advierte de que supone eliminar las fases de consultas con los ayuntamientos y la exposición de información pública en la que podrían presentar alegaciones contra proyectos que, para la formación de Guitarte, en muchos casos suponen arruinar otros desarrollos económicos, por ejemplo, basados en el ecoturismo.

Este procedimiento se sustituye en la ley por otro que Guitarte califica de "alegal" y llamado “procedimiento de determinación de las afecciones ambientales” por el que el órgano ambiental emite “simplemente” un "informe de determinación de afección ambiental”.

Según establece el decreto-ley, para los proyectos de estas dimensiones "no estarán sujetos a una evaluación ambiental en los términos regulados en la Ley 21/2013" que estableció su obligación mientras que la responsabilidad de que cumplan con esta ley recae en los promotores, que entre los requisitos para que se les apruebe deben incluir un estudio de impacto ambiental de acuerdo a esa norma.

Fomentar autoconsumo

“El Congreso de los Diputados no puede seguir haciendo oídos sordos ante la gran contestación social y del ámbito académico frente a esta pretensión de rebajar los niveles de control ambiental de los nuevos proyectos de renovables”, dicho Guitarte, que abandera en el Congreso la oposición a que el Gobierno disponga sobre la implantación de grandes instalaciones de energías renovables en la España Despoblada sin contar con las poblaciones. 

Por el contrario, Teruel Existe sostiene que el Gobierno debería promover la implantación de renovables mediante el autoconsumo, eliminando los "múltiples obstáculos que encuentran los ciudadanos y las empresas para las instalaciones de autoconsumo, generación distribuida y comunidades energéticas".