Una mujer y su bebé de un año han sido desahuciados este miércoles de una vivienda propiedad del Arzobispado de Barcelona situada en el número 163 de la calle Tamarit, en el barrio de Sant Antoni de la capital catalana.
La vivienda había sido un narcopiso y fue entonces cuando se interpuso la demanda judicial. Sin embargo, en marzo de 2021, los anteriores ocupantes de este piso se fueron por la presión vecinal y Shardonelis entró a vivir en él siendo víctima de una estafa.
Concretamente, una mujer le ofreció el inmueble y le dijo que por 3.200 euros le daba las llaves y se lo alquilaba durante un año. Cuando, hace unos meses, Shardonelis supo del desahucio, pidió explicaciones a esta mujer, que se desentendió del asunto.
La afectada pidió entonces ayuda a Servicios Sociales, desde donde le ofrecieron una pensión, pero la rechazó porque en este alojamiento sólo le dejaban salir entre las 9 y las 17 horas y ella trabaja hasta más tarde, así que le suponía perder su empleo.
Aunque ella pedía más tiempo para encontrar otro piso, el Arzobispado de Barcelona alega que, si se le ha ofrecido una alternativa, no pueden hacer nada y quieren recuperar la vivienda para dedicarla a las necesidades de la Iglesia. "Me está echando la Iglesia y yo creo que el pueblo de Dios no echa a la gente de su casa", ha apuntado la afectada a la ACN.
Shardonelis ha explicado que no sabe a dónde ir y que querría encontrar un piso de alquiler social, ya que es lo único que puede permitirse. De hecho, ya ha hablado con los Servicios Sociales para entrar en la Mesa de Emergencia y le han dicho que entre este miércoles y el jueves se reunirán con ella para ver qué puede hacer.
El Arzobispado se defiende
El Arzobispado, por su parte, ha afirmado que en su política de desahucios se aseguran de que haya una alternativa habitacional y recuerdan que en este caso la había. "Evidentemente, no queremos que nadie se quede en la calle", afirman fuentes de la diócesis.
De hecho, si esta alternativa no existe, aceptan que se suspenda el desahucio y por eso, según ellos, ese lanzamiento se había aplazado ya cinco veces desde que iniciaron el procedimiento judicial.
El Arzobispado reconoce que dispone de viviendas sociales pero que no pueden ofrecer una en el contexto de un procedimiento de este tipo, porque esto corresponde a los Servicios Sociales por ley. Se defienden alegando que Cáritas se coordina ya con los Servicios Sociales para poner inmuebles a disposición de personas vulnerables.
Añaden que el piso lo quieren recuperar para las necesidades de la Iglesia, que pueden ser alojar un sacerdote, ofrecerlo a gente vulnerable o ponerlo en alquiler para obtener unos beneficios que van al mantenimiento de los templos y la acción social de la iglesia.
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