El Catalangat es una operación de propaganda, un escándalo hinchado para alimentar el discurso de la represión una vez que el procés está ya muerto y enterrado. De entrada, para beneficio de Junts y Carles Puigdemont en su campaña contra España. El autor del informe es un declarado independentista, Elies Campo, ingeniero e integrante del grupo de investigación Citizen Lab. Un medio influyente como The New Yorker se hizo eco de ese supuesto caso de espionaje masivo, y todas las terminales del separatismo se pusieron a trabajar para divulgar el relato según el cual estábamos ante el Watergate español. Al principio, tanto el Gobierno como los grandes medios españoles ignoraron el asunto. Con los problemas de verdad ya teníamos suficiente, y además dicho informe no prueba nada, contiene errores de bulto y es de parte. Pero la convalidación del decreto ley anticrisis ponía a ERC en situación de chantajear a Pedro Sánchez. Los republicanos no querían ser menos que Junts y se han ido envalentonando con el paso de los días hasta exigir la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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El PNV y el BNG también han votado a favor, con lo que ERC se ha caído como socio del Gobierno

En ERC han hecho el ridículo al querer ir tan lejos. El Gobierno, acongojado, había ido cediendo, sin dar réplica a esa propagandista contra el CNI como si, más allá de las verdades o mentiras del Catalangate, una democracia no tuviera derecho a vigilar (legalmente) a los que se proponen romper la Constitución y la unidad territorial. Y para contentarlos consentía con que entraran en la comisión de secretos oficiales (donde ya no se explicaría nunca más ningún secreto) y a crear una comisión de investigación. Pero los republicanos exigían cabezas y creyeron que se cobrarían la pieza de Robles, quien en el Congreso les recordó sus tropelías en 2017. Al final, lo único que ha logrado Gabriel Rufián es que sus amigos de Bildu se hayan apuntado un tanto salvando el decreto anticrisis. El PNV y el BNG también han votado a favor, con lo que ERC se ha caído como socio del Gobierno.

Si el decreto se hubiera salvado gracias a la abstención del PP, lo cual parecía posible porque Sánchez aceptó tramitarlo también como proyecto de ley, en ERC hablarían del Deep State, los intereses ocultos que se activan para proteger al CNI y la ministra sociopepera. Los republicanos han suspendido la mesa de diálogo y roto los puentes con un Gobierno que los ha tratado con guante de seda. El único beneficiado de la torpeza de ERC es el nacionalismo vasco, como siempre.