Abdalá y Rania de Jordania, salpicados por un nuevo escándalo del tío del rey

No es, en absoluto, la primera vez que les salpica un escándalo por culpa de Walid al-Kurdi, si bien es cierto que cada vez pesa más sobre los reyes Abdalá y Rania de Jordania una sombra alargada de que, bajo su mandato, la corrupción económica de las élites ha sido, o está siendo, un status quo aceptado.

El problema -para ellos- es cuando salen a la luz pública, ya que en estas ocasiones tienen que hacer frente a protestas en las que se critica la ingente riqueza de la familia real en contraste con las políticas económicas, llegando la monarquía a ofrecer comunicados explicando sus cuentas. Y varias de estos cabreos de la población comienzan con el nombre de Walid al-Kurdi.

Este hombre es ni más ni menos que el tío de Abdalá II y lleva consigo toda una ristra de condenas de la justicia jordana por haberse lucrado gracias a la corrupción y abuso de su cargo, como explican desde Lecturas. Walid al-Kurdi era director ejecutivo y presidente de Jordan Phosphate Mines, la empresa minera estatal, aquella que se encarga de explotar algunas de las minas de fosfatos más importantes de Oriente Medio. La sentencia: 18 años de cárcel.

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Pero lo peor para el pueblo jordano es que esta es la cuarta pena que se le impone después de las denuncias que han hecho varios medios de comunicación con sus prácticas. Sin embargo, desde el año 2013, cuando fue condenado a 37 años y medio de trabajos forzados, se refugia en Reino Unido, sin que las autoridades hachemitas hayan conseguido su repatriación para que cumpla su sentencia.

En aquella condena, además, se le impuso una multa por valor de cerca de 380 millones de dólares (unos 360 millones de euros), además de congelar sus activos en el país jordano, a pesar de que varios medios aseguran que su nivel de vida en Reino Unido es bastante holgado.

Por último, siete años más tarde, en 2020, Walid al-Kurdi era condenado de nuevo, esta vez por partida doble: primeramente, a tres años de prisión y 10 millones de dólares (9,5 millones de euros) por prevaricación; y en segundo lugar había que sumar nueve años más de cárcel y otra multa de 12,7 millones de dólares (12 millones de euros). En este último caso era por la firma de acuerdos con empresas utilizando su puesto de poder y saltándose los procedimientos legales que su puesto estatal requería.