El Gobierno denuncia que los móviles del presidente Sánchez y la ministra Robles también fueron infectados con Pegasus

El espionaje a dirigentes políticos habría alcanzado también al Gobierno de España. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció este lunes que los móviles del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron "infectados" con el programa Pegasus en mayo y junio de 2021, respectivamente. Bolaños explicó que el Gobierno ha puesto estas escuchas en manos de la justicia y ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional, y admitió desconocer por el momento a qué información tuvo acceso quien intervino los terminales.

El anuncio del Gobierno se produjo en una rueda de prensa convocada de manera urgente en la Moncloa con apenas un par de horas de antelación, y unos días después de que se revelase el supuesto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas entre 2017 y 2020. Bolaños aseguró que el Ejecutivo ha podido confirmar "dos intrusiones" en el móvil del presidente en mayo de 2021 y una en el de Robles en junio de 2021, y señaló que "no hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas".

Estos intentos de acceso, señaló el ministro de la Presidencia, no son "suposiciones", sino que su veracidad se ha comprobado de manera "fehaciente" por el Centro Criptológico Nacional. Y, además, se consumaron y conllevaron una fuga de información, aunque el Gobierno aún desconoce los datos concretos que quedaron comprometidos, afirmó Bolaños. En concreto, a Sánchez le sustrajeron 2,6 gigabytes de información en la primera incursión y 130 megabytes en la segunda, mientras del móvil de Robles se extrajeron 9 megabytes de datos. El software Pegasus permite acceder a información guardada en el móvil infectado, pero también activar el micrófono o la cámara a voluntad de quien lo maneje.

El ministro fue parco en detalles al ser preguntado por la autoría de estas intrusiones en los móviles de Sánchez y Robles, y se limitó a señalar que han sido intervenciones "ilícitas y externas". Eso, no obstante, no quiere decir necesariamente que procedan de un país extranjero, admitió Bolaños, sino únicamente que las escuchas han sido "ajenas a los organismos oficiales y sin autorización judicial". En España, recordó el dirigente, el CNI solo puede espiar legalmente un teléfono "o bien para prevenir o bien para perseguir delitos", y siempre con permiso motivado de la justicia.

A preguntas de los periodistas, el ministro de la Presidencia no quiso hacer "conjeturas" sobre la motivación que llevó a los autores del pinchazo a realizarlo. Tampoco quiso Bolaños responder a si entiende que existe alguna vinculación entre este espionaje y la concesión de los indultos a los presos del procés, que precisamente comenzó a debatirse en mayo del año pasado y terminó aprobándose el 22 de junio.

Los pinchazos a los móviles de Sánchez y Robles el año pasado se han detectado en los últimos días a raíz de análisis realizados por el Centro Criptológico Nacional, una "verificación" llevada a cabo tras las revelaciones sobre el espionaje a líderes independentistas, explicó Bolaños. Los móviles institucionales de los restantes miembros del Gobierno también están siendo analizados para detectar posibles intrusiones, confirmó el ministro.

El recorrido judicial de estos pinchazos ya ha comenzado. Según informaron este lunes fuentes jurídicas, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que asumía las funciones de guardia, acordó remitir la denuncia al Juzgado Decano para que se proceda a su reparto al que por turno corresponda.

Los independentistas, a los tribunales

El anuncio relativo al espionaje de los móviles de Robles y Sánchez se produjo el mismo día que se conoce que Òmnium Cultural ha presentado una querella por las escuchas con Pegasus a los líderes independentistas y pide "investigar la involucración ilegal del Estado español". Y tuvo lugar después de varios días en los que el Gobierno ha experimentado una enorme presión de sus socios independentistas, y particularmente de ERC, para ofrecer explicaciones sobre estas escuchas y para conseguir la dimisión de la propia ministra Robles, a la que los republicanos catalanes acusan de haber justificado el espionaje.

Los pinchazos telefónicos también han generado una brecha en el seno del propio Gobierno, ya que Unidas Podemos se ha unido a las formaciones independentistas a la hora de exigir explicaciones y señalar a la ministra Robles, aunque no ha pedido su dimisión. Este lunes, tras las declaraciones de Bolaños, la líder del partido morado y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, señaló que el espionaje a Sánchez y Robles "muestra una profunda brecha en la seguridad del Estado" y exigió "depurar responsabilidades" ante un "fallo inasumible".