El anuncio que realizó este lunes el Gobierno sobre el espionaje que sufrieron los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se suma a una larga lista de políticos y dirigentes que, en las últimas fechas, han denunciado que sus comunicaciones han sido intervenidas. El último ejemplo, y quizá el más sonado, es el de los políticos independentistas vascos y catalanes entre 2017 y 2020, pero dirigentes como el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, también han denunciado ser víctimas de un pinchazo telefónico.

Hace unas semanas, el semanario The New Yorker publicó una amplia investigación sobre el uso del programa Pegasus, diseñado por Israel, para intervenir las comunicaciones de teléfonos de dirigentes de todo el mundo. Supuestamente, a este software solo pueden acceder los Estados, pero desde hace años se han publicado informaciones sobre el uso de este programa por otros actores, incluidas empresas privadas. En el caso de España, la publicación desveló más de 60 pinchazos telefónicos a dirigentes independentistas.

Entre los políticos supuestamente espiados a través de este software figuran el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, así como varios de sus antecesores inmediatos, como Quim Torra o Artur Mas. Asimismo, también habrían sido objeto de estas incursiones el exconseller Toni Comín; los dirigentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri; o los dirigentes de la CUP Anna Gabriel y Albert Botran.

El Gobierno denuncia que los móviles del presidente Sánchez y la ministra Robles también fueron infectados con Pegasus

También los entornos de los dirigentes de partidos y organizaciones independentistas habrían sufrido escuchas. Es el caso, por ejemplo, de la esposa de Mauri y también de la del expresident catalán Carles Puigdemont, así como de los abogados Gonzalo Boye, Andreu Van der Eynde y Jaume Alonso-Cuevillas, que también aparecen en las informaciones como víctimas de espionaje. La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, sería otra de las espiadas, así como su antecesor, Roger Torrent.

También en las últimas semanas se ha puesto bajo el foco el nombre de Luis Rubiales, a causa de las conversaciones que mantuvo con el futbolista y empresario Gerard Piqué para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí a cambio de una generosa suma de dinero para el deportista. Más allá de la polémica por el posible conflicto de intereses que supone que la RFEF haga negocios con un jugador federado y en activo, "el problema real es que me han sustraído de mi teléfono móvil de manera ilegal información", denunció Rubiales.

El presidente de la Federación no quiso apuntar a nadie en particular por este espionaje, pero sí calificó de "mafia" a quienes "han sacado de mi móvil todo esto, el mismo sitio donde tengo fotos de mis hijas o conversaciones con mis amigos". "Sabía que me atacaría gente muy poderosa, pero nunca imaginé que me sacarían información de mi teléfono", denunció Rubiales, que aseguró que no cree "que lleguen al punto de pegarme un tiro y tirarme en una cuneta", pero sí se mostró temeroso de que alguien le meta "un saco de cocaína en el maletero". "De eso sí tengo miedo. Lo reconozco públicamente", dijo.

Espionaje en el extranjero

No solo en España se ha producido espionaje a altos dirigentes políticos. El verano pasado, por ejemplo, diferentes informaciones periodísticas revelaron que el móvil del presidente de Francia, Emmanuel Macron, habría sido intervenido por parte de actores marroquíes. Años atrás, en 2013, se conoció que la NSA estadounidense había espiado a líderes y políticos europeos de todo el continente, incluida la entonces canciller alemana, Angela Merkel.

Otra investigación también reveló el año pasado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su esposa, sus hijos y hasta sus médicos fueron sufrieron espionaje durante los años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Otros miembros de la sociedad civil y periodistas mexicanos habrían sufrido igualmente intervenciones en sus teléfonos, y la Fiscalía mexicana denunció el año pasado que al menos una empresa privada, KBH TRACK, habría utilizado Pegasus para investigar.