El caso de los ERE regresa en campaña: el Supremo arranca este miércoles la revisión de la sentencia, pero no decidirá antes del 19-J

Desde que en 2009 saltara a la actualidad lo que acabaría conociéndose como “caso ERE”, su influencia en la política andaluza ha sido preponderante. Tres elecciones andaluzas desde entonces (2012, 2015, 2018) tuvieron a la corrupción socialista en el centro del debate. Con Manuel Chaves ya retirado de la Presidencia de la Junta, la sombra del “fondo de reptiles” y los escándalos de cocaína y prostitutas a cargo de los expedientes de los trabajadores, persiguió a sus sucesores, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

El actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, centró su campaña en 2018 en las “manos sucias” de Díaz y en un “régimen socialista” que había convertido a Andalucía “en la región más corrupta de Europa”. En aquel entonces, la Justicia evitó que los tiempos procesales coincidieran con la campaña, según una regla no escrita por la que se evita influir en los procesos electorales. Así, apenas dos semanas después de los comicios, el juicio quedó visto para sentencia después de un año y 152 sesiones. La condena a Griñán y Chaves llegó un año después.

Ahora, con otras elecciones a las puertas, los ERE vuelven a entrar a medias en campaña. Mañana y pasado, el Tribunal Supremo celebrará una vista pública para revisar la sentencia del caso por la que se condenó a diecinueve ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los mencionados ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, inhabilitado nueve meses el primero por prevaricación y condenado a seis años de cárcel el segundo por prevaricación y malversación

Cinco magistrados de lo Penal (Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres), que llevan dos años analizando los recursos, tendrán que estudiar las alegaciones en exhaustivas sesiones de mañana y tarde. La gran cantidad de recursos alarga un proceso que suele durar horas, no días. El Ministerio Fiscal pide que se confirmen las penas reflejadas en una sentencia que consideró "patente" y "palmaria” la ilegalidad de las ayudas sociolaborales de 680 millones de euros concedidas con "absoluta falta de control" entre los años 2000 y 2009.

Con todo, la decisión de los magistrados sobre la revisión de la sentencia no se conocerá en período electoral. Las instancias judiciales evitarán pronunciarse de aquí al 19 de junio para no influir en el voto, como viene siendo habitual en casos de gran repercusión mediática ligados a los partidos políticos.

Eso no quiere decir que la corrupción no vuelva a ocupar un espacio importante en la campaña. El pasado 4 de abril, la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre las actividades de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) aprobó con los votos a favor de PP-A, Cs y Vox, y el voto en contra de PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía, el dictamen que señala las “responsabilidades políticas” de Chaves, Griñán y Díaz. Dicho dictamen debía ser votado en el Pleno del Parlamento el 28 de abril, pero la convocatoria de elecciones, que supone la disolución del Parlamento, lo ha hecho imposible.

No obstante, tanto el dictamen como la revisión de la sentencia son instrumentos electorales que a buen seguro servirán al PP para desactivar las acusaciones de corrupción que el PSOE está lanzando sobre el Gobierno de Moreno. El equipo de Juan Espadas ha denunciado ante la Justicia los contratos exprés durante la pandemia y ha señalado directamente a Elías Bendodo, consejero de Presidencia, y a Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familia. Bendodo recordó a este respecto que “el copyright de la corrupción en Andalucía lo tiene el PSOE”.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se pronunció hoy en Onda Cero sobre la revisión de la sentencia. Para Moreno, "desde el punto de vista humano, no es agradable ni apetecible" que alguien de la edad de José Antonio Grañán, con más de 70 años, pueda entrar en la cárcel por este caso, pero recordó que son los jueces "quienes tienen que, en términos profesionales, decidir si ha habido responsabilidades". Moreno valora la “máxima independencia” judicial para que el caso se resuelva “sin ningún tipo de presión”.