El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una proposición de ley del PSOE que plantea endurecer las penas para aquellos delitos de trata de seres humanos que se hayan producido aprovechándose de crisis humanitaria y el éxodo masivo derivado de la guerra en Ucrania.
Lo que sugieren los socialistas es modificar el Código Penal para introducir una nueva modalidad agravada en la que se detalle, específicamente, un incremento de las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos dentro del contexto de los desplazamientos de ciudadanos de Ucrania.
En concreto, establecen que "cuando la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano", se impondrá una pena superior a la prevista en el artículo 177 bis., que es de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos.
Con todo, lo que propone el PSOE es que esta modificación sea temporal y que, una vez entre en vigor, tenga una vigencia de 18 meses. Pero para eso primero tendrá que recibir el visto bueno del arco parlamentario durante la toma en consideración que se debatirá la próxima semana.
El texto deberá recaudar el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja para iniciar así la tramitación parlamentaria habitual. Por ahora, los distintos grupos parlamentarios evitan posicionarse al respecto alegando que es todavía pronto para expresar su sentido de voto.
De ratificarse, esta medida se uniría a las previstas ya en el plan de choque del Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto y convalidado por el Congreso el 28 de abril. En el documento, el Gobierno estableció una serie de acciones para paliar con la vulnerabilidad añadida a la que, sobre todo las mujeres y niñas, se ven sometidas frente a las redes de trata y explotación sexual.
Entre otras cosas, el documento facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de las mujeres víctimas de trata y su derivación a los recursos asistenciales mediante un proceso "más ágil".
La ley contra la trata, todavía en elaboración
En paralelo, el Gobierno trabaja en una ley contra la trata en la que empezó a trabajar el Ministerio de Igualdad en marzo de 2021 y la cual ha generado algún que otro roce con el Ministerio de Justicia, que ha delegado en un grupo de expertos las pautas a seguir para desarrollar una norma contra esta problemática. El borrador que envió en enero de este año el departamento de Irene Montero al de Pilar Llop se centra fundamentalmente en garantizar la protección de las víctimas y asegurar que tengan una "puerta segura" de salida con la ayuda de entidades especializadas.
El punto de roce más notado es quizás el hecho de que si Igualdad ha basado la norma fundamentalmente en combatir la trata con fines de explotación sexual, desde Justicia mantienen una posición más sosegada para poder abarcar otros tipos de trata y desarrollar con calma una norma que, defienden, entraña una gran complejidad jurídica y legal.
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