Casi cinco meses han pasado ya desde que el ministro de Universidades, Joan Subirats, prometiera su cargo y recibiera la cartera de la mano de Manuel Castells, su antecesor, quien también le traspasó la tarea de modernizar el sistema universitario. Esta era una meta que se fijó Castells con la aspiración de conquistarla con un consenso sólido y que, sin embargo, dejaba sin cumplir al renunciar a su cargo por motivos de salud.
Quedó entonces en manos del exconcejal de Cultura de Barcelona la negociación del texto del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), después de que el ministerio hubiera dado a conocer sucesivos borradores sin llegar a convencer a los rectores, estudiantes y sindicatos.
En enero, ante la expectación de hacia dónde iba a ir encaminada la reforma, Subirats pidió paciencia y tiempo para "hacer suya" la norma y poder formarse una idea de los aspectos más "maduros" y los susceptibles de "cierto retoque". El objetivo no ha sido otro que llevarse a su terreno una norma, en su momento fue bautizada como 'ley Castells', con la esperanza de poder tenerla aprobada antes del primer semestre de 2023.
Tras meses de reuniones con la comunidad universitaria, en los se han producido protestas y huelgas estudiantiles en contra de las reformas educativas, el titular de Universidades ha ido adelantando algunos de los cambios que se harán al articulado del texto que heredó de Castells. La nueva propuesta será finalmente presentada este próximo lunes, con variaciones ya anunciadas, pero con otras nuevas con las que pretende contentar a una sólida mayoría, mandarla al Consejo de Ministros antes de verano y encaminar su tramitación parlamentaria.
Asuntos como el envejecimiento de las plantillas -más de la mitad de los docentes permanentes se jubilarán antes de 2030-, la precariedad laboral, o el aumento progresivo de la inversión en educación universitaria son tres de los puntos que cimientan la futura ley. A ellos se añaden las apuestas de Subirats, que pasan por la formación a lo largo de la vida, la revalorización de la docencia o la garantía de una ciencia abierta y más cercana a la ciudadanía.
Elección de rectores
El primer borrador presentado el pasado agosto establecía cambios en la gobernanza. La redacción inicial fijaba dos sistemas de elección de los rectores que no terminaron de cuajar. Se planteó entonces que se pudieran elegir, o bien por sufragio universal, o mediante un órgano (un "comité de sabios") formado por entre 20 y 30 miembros con unos porcentajes específicos de representación. La propuesta provocó el descontento de los estudiantes, que denunciaron que la medida "mermaba la democracia universitaria", y el entonces ministro Castells decidió eliminar la segunda vía de elección y mantener únicamente el sufragio universal.
Eso sí, incorporó la condición de que la representación del personal docente e investigador con vinculación permanente a la universidad no fuera inferior al 51%. Además, según la última redacción, los candidatos que quieran acceder al rectorado deberán contar con un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. En este caso se ganó el malestar de los rectores, a quien sí que hizo un guiño concediéndoles la petición de que los mandatos sean de seis años improrrogables.
Cambio en la cultura docente
El anteproyecto contempla también la creación de dos nuevas figuras: la de Profesorado Distinguido, dirigida fundamentalmente a la captación de talento internacional; y la de Profesorado Permanente Laboral, que tendrá niveles "comparables" a los de los funcionarios docentes e investigadores. Sobre esta última, el texto establece que las universidades podrán contratar a quienes tengan el título de doctor con un contrato fijo e indefinido a tiempo completo, salvo excepciones en las que podrá ser a tiempo parcial.
Asimismo, se refuerza la plantilla de funcionarios, que deberá ser como mínimo del 55% del total (ahora está en 51%); y se reduce del 30 al 20% el máximo de contratos de carácter temporal. Adicionalmente, se reservará un mínimo del 15% de las plazas de los docentes ofertadas para la incorporación de personal investigador doctor.
Queda por ver si en el documento que presenta Subirats el lunes se añade al "cambio en la cultura docente" que planteó a finales de febrero para que todas las personas que quieran iniciar su actividad como profesores universitarios tengan que pasar un curso de formación durante su primer año. La intención, según explicó, es que la universidad deje de ser una "excepción", y que cualquier persona que quiera impartir la docencia deba formarse primero.
Enmendar la "infrafinanciación"
En los últimos diez años, el gasto público en educación universitaria se ha reducido un 20%, mientras en paralelo ha aumentado la financiación de origen privado. "Si exigimos más compromiso a las universidades y más atención a las necesidades sociales, eso tiene que venir acompañado también de una adecuada financiación", resaltó recientemente Subirats.
Así, para paliar con la "infrafinanciación" a la que aseguró que estaba sometido el sistema universitario, se comprometió a ir incrementando el dinero destinado en los próximos años hasta llegar al 1% del PIB (ahora está en el 0,7%).
En esa línea, se establece asimismo la obligación de que tanto las universidades públicas como las privadas destinen un mínimo del 5% de su presupuesto a investigación.
Otra exigencia en la que vienen insistiendo los estudiantes es que la primera matrícula sea gratis para evitar desigualdades, aunque no se han anunciado cambios por ahora. Sí que es verdad que el Gobierno instó a las autonomías a fijar unos topes de los precios y uniformarlos en todo el territorio, pero el acuerdo no ha llegado a concretarse todavía en todas las comunidades autónomas.
Refuerzo de la participación estudiantil
La LOSU -tal cual está redactada ahora- contempla también la incorporación de un nuevo órgano de coordinación y cooperación, el Consejo de Estudiantes, que cumplirá como interlocutor de las demandas de los alumnos de cada universidad y cuyos miembros serán elegidos por el propio estudiantado.
Los alumnos podrán participar también en los demás órganos de cooperación, con una representación de mínimo un 10% en el Consejo de Gobierno; y del 25% (los estudiantes pedían el 30%) en el Claustro Universitario, en el Consejo de Facultades y Escuelas y en el Consejo de Departamento.
Recientemente, Subirats trató de estrechar la relación con los representantes de los estudiantes universitarios tras haber recibido un rechazo frontal con la aprobación de la ley de convivencia universitaria -la que, entre otras cosas, sanciona el plagio y las novatadas-, que dejó en el tintero gran parte de las reivindicaciones del estudiantado. Según anunció el miércoles, la LOSU amparará el derecho a huelga por primera vez.
Actualmente, el paro académico y las movilizaciones no están entre los derechos de los universitarios, por lo que con esta modificación, convocar y participar en un paro académico ya no irá ligado al riesgo de suspender una asignatura o perder la oportunidad de realizar un examen.
No obstante, ese derecho estará ligado a una serie de condiciones: haberse declarado el paro por el órgano de representación legitimado, con un "quórum determinado" para adoptar la decisión, habiendo avisado a las autoridades previamente, constituido un comité de paro y formalizadas todas y cada una de las reivindicaciones que se exigen.
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