El TSJC da 15 días al Govern para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las aulas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado al Departamento de Educación de la Generalitat que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en los centros educativos.

En un auto, el TSJC ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para que "dicte las instrucciones y establezca garantías de control" para que todos los alumnos del sistema educativo catalán "reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza" en castellano al menos en un 25% de las clases.

La decisión, tomada tras una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), fuerza la ejecución de la sentencia que el mismo TJSC falló en diciembre de 2020 e implica que, además de la asignatura de lengua castellana, se deberá dar otra materia en esta lengua.

La aplicación del 25% de las clases en castellano supone, así, acabar con el sistema de inmersión lingüística, presente en algunas escuelas catalanas desde el curso 1983-1984 y vigente en toda Cataluña desde el curso 1992-1993, hace casi 30 años.

La Generalitat ha rechazado en todo momento la aplicación de un 25% de las clases en castellano, ya que, defienden, los porcentajes "no son una medida pedagógica". Así, para dar cumplimiento a la sentencia, han presentado su propio plan, que consiste en una modificación de la Ley de política lingüística y en la tramitación de un nuevo decreto lingüístico en el ámbito de la Educación.

Cambray aseguró en su momento que el nuevo marco normativo "tendrá en cuenta el informe del Consejo Lingüístico Asesor, la evolución de las metodologías de aprendizaje, las nuevas dinámicas dentro de las aulas y la realidad sociolingüística de cada uno de los centros educativos", asegurando que todo el alumnado acaba cuarto de la ESO "con un amplio dominio oral y escrito tanto del catalán como del castellano", algo que, dijo, "las diferentes evaluaciones demuestran que ya es así".

Sin embargo, el TSJC señala en el auto que el plan de la Generalitat, que también cuenta con el apoyo del PSC y de los comuns, "no tiene un resultado concreto que se proyecte por ahora en la actividad de los centros escolares" y señalan que están ante "una obligación de resultado".

Eso sí, indican que la Generalitat tiene "libertad para determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales", ya que "lo determinante en la sentencia no es el medio sino el resultado". 

No obstante, el tribunal señala que "lo que se condena es una inactividad en el dictado de normas, instrucciones o actas de aplicación que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la enseñanza".

El PSC y los comuns señalan a Junts por romper el acuerdo

Tras conocer la decisión del TSJC, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha señalado en Twitter que "ahora más que nunca hace falta consenso y sumar fuerzas. Un tribunal continúa empeñado en determinar cómo se tiene que educar y cómo tienen que aprender los alumnos de las escuelas catalanas y es la hora de la máxima unidad para articular todas las herramientas para proteger el modelo lingüístico de las aulas del país".

"El Govern continuaremos defendiendo y potenciando la escuela en catalán. Y protegeremos a los directores y directoras de los centros educativos del país por defender un modelo que se ha demostrado pedagógicamente eficaz y socialmente integrador. Basta de judicializar la Educación", ha añadido en otro tuit.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado este lunes que se active el acuerdo en la Cámara catalana para modificar la Ley de Política Lingüística y, así, "proteger las escuelas de las injerencias judiciales". "Se ha acabado el tiempo de las excusas y los partidismos", ha afirmado en un tuit en referencia a Junts, que se sumó al acuerdo en un primer momento y horas después se desvinculó del mismo.

El PSC también ha señalado a Junts tras la decisión del TJSC. La diputada del PSC-Units en el Parlament Esther Niubó cree que el partido de Puigdemont "decidió anteponer sus intereses y este es el resultado de no hacer política".

"El acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística permitía cumplirla con más flexibilidad y aplicando criterios pedagógicos", ha defendido este lunes en un tuit, en el que ha destacado que los socialistas catalanes defienden el cumplimiento de las sentencias.

Por su parte, diputado de la CUP Carles Riera ha instado al Govern a desobedecer el ultimátum del TSJC. En Twitter, Riera ha dicho que "la hora de la desobediencia contra la segregación escolar, por la cohesión social" y por el "derecho a la lengua catalana".

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Gemma Geis (Junts), ha abogado este lunes por dar "una respuesta de país" a la decisión del TSJC. En declaraciones a TV3, ha señalado que ve esta interlocutoria como una fase más de la "agresión" de los tribunales al sistema educativo de Cataluña, por lo que considera necesaria una respuesta unitaria desde los distintos ámbitos vinculados a la educación.

Para Geis, los tribunales "tienen que hacer justicia y no política", y ha lamentado que su papel dificulta aquellas acciones dirigidas a blindar el catalán en las escuelas.

Por otra parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticado ha afirmado que "la intromisión de las togas en el aula es intolerable y antidemocrática".  "No podemos permitir que la arbitrariedad y la presión de una representación del 0,01% del alumnado se lleve por delante el criterio pedagógico, la convivencia y el sentido común", ha alertado en Twitter.

El sindicato educativo USTEC también se ha pronunciado sobre la decisión del TSJC. En un tuit, han remarcado que "los tribunales no pueden decidir la política educativa contra criterios pedagógicos y contra la cohesión social" y han asegurado que les encontrarán "firmes defendiendo la escuela en catalán".

La AEB: "¡Hemos ganado!"

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha celebrado este lunes la interlocutoria del TSJC. "¡Hemos ganado!", han dicho en un tuit, y han reivindicado que "la ejecución es consecuencia de la legitimación de

AEB y de nuestra demanda colectiva con 'Escuela de Todos'".

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha calificado de "fantástica noticia" la orden del TSJC. "Pese a los palos en las ruedas de Sánchez, la Justicia vuelve a dar la razón a las familias catalanas que quieren una educación también en español", ha escrito en un tuit.

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha recordado al Govern que "las sentencias se cumplen". "Luego vendrán los lamentos...", ha añadido en un apunte en Twitter.