Barcelona reclama que los pisos de la Sareb sean de gestión pública y un alquiler social para las 255 familias en proceso de desahucio

El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado que los pisos de la Sareb pasen a ser de gestión pública y ha exigido que el conocido como 'banco malo' ofrezca alquileres sociales a las 255 familias contra quienes tiene procesos de desahucio abiertos.

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, se reunió este lunes con la dirección de Vivienda Asequible y Social de la Sareb -la sociedad creada por el Gobierno del PP tras la crisis financiera para comprar las viviendas y los activos tóxicos de las entidades bancarias- para abordar la situación de las 800 viviendas que tiene en propiedad en Barcelona.

Tras el encuentro, el primero entre el consistorio barcelonés y la Sareb desde que el Estado adquirió la mayoría de acciones (50,14%) a principios de año, Martín apuntó que, ahora que ha pasado a ser mayoritariamente pública, "tiene más sentido que nunca que estas viviendas pasen a ser de gestión pública". 

Por este motivo, reclamó que el Ayuntamiento "pueda gestionar y añadir al parque de vivienda pública" las, concretamente, 824 viviendas que la sociedad tiene en propiedad en Barcelona, entre las que, además, tiene 255 procesos de desahucio abiertos.

El consistorio señala que los ocupantes de estos 255 pisos son "familias que están en seguimiento a través de Servicios Sociales" y que la sociedad tiene, según el registro de viviendas vacías de la Generalitat, 154 pisos vacíos en la ciudad. 

Ante esta situación, Martín reclama, por una parte, que la Sareb certifique si estas viviendas están efectivamente vacías y que pasen a ser de gestión pública inmediatamente y, por otra, que regularice la situación de los ocupantes del resto de viviendas, tal y como marca la ley catalana. 

"La Sareb, como gran tenedor, tiene que cumplir con la ley de emergencia habitacional y regularizar lo antes posible estas situaciones y ofrecer  contratos de alquiler social a estas familias", señaló la concejal en referencia a la ley aprobada el pasado febrero que ampliaba la obligación de los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales, no sólo a familias vulnerables que dejaban de pagar el alquiler, sino también a aquellas que ocupan una vivienda de un banco o un fondo de inversión.

Sobre estas familias, Martín señala que se trata de población en situación de vulnerabilidad "amenazadas con perder la vivienda porque no se les está ofreciendo un alquiler social". Así, afirma que los pisos vacíos de la Sareb "no acabarán con la emergencia habitacional, pero la correcta gestión de su patrimonio afecta a más de mil familias en situación de vulnerabilidad que tienen derecho a un alquiler social".

El consistorio ha señalado que, fruto del primer convenio en 2015, la Sareb ya cedió al Ayuntamiento casi 200 viviendas. Por otra parte, en estos momentos hay 23 expedientes sancionadores abiertos contra la sociedad y 69 en diligencias previas, la mayoría por mantener la vivienda vacía u ocupada en mal estado. Respecto a las sanciones cobradas, la cuantía asciende a 318.000 euros.