Cuatro días. Es el tiempo que les queda a los socios de Gobierno para ultimar las negociaciones en torno a la ley del aborto en la que viene trabajando el Ministerio de Igualdad desde hace meses. La posibilidad de que el texto recoja bajas laborales por menstruaciones dolorosas es una de las medidas para las que, según lo expresado este jueves por varios miembros del Ejecutivo, está costando llegar a un punto de acuerdo.
El departamento de Irene Montero ya ha expresado en varias ocasiones la intención de reconocer por primera vez en una ley y de forma explícita el factor incapacitante que la menstruación tiene para muchas mujeres con afecciones como endometriosis u ovarios poliquísticos. Pero no ha sido hasta este miércoles, al trascender uno de los borradores de la norma, cuando empresarios, sindicatos y representantes políticos no han dudado en opinar sobre la iniciativa, que situaría a España como un país pionero en la materia dentro de la Unión Europea.
Pero para eso tienen que conseguir el beneplácito de los ministerios liderados por el PSOE con los que están elaborando un texto que, según avanzaron fuentes de Igualdad, está ya "en las últimas fases de negociación", pues se prevé que el anteproyecto sea aprobado el próximo martes en Consejo de Ministros. Pero la negociación, por lo que parece, no está siendo del todo fácil.
Un punto "en discusión"
Este mismo jueves, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que la baja laboral está todavía "en discusión" en el Gobierno. Es decir, que no han llegado aún a ningún acuerdo sobre este tema en concreto. Para Escrivá, la norma debe ir en dos direcciones: por un lado, en la de mejorar la protección de las mujeres y, por otro, impulsar su participación en el mercado laboral en "mejores condiciones".
¿Estás de acuerdo con el permiso de tres días por fuertes dolores menstruales que podría incluir la ley del aborto?
Alega esto el ministro después de los discursos que han reaccionado a la medida argumentando que contemplar esta baja concreta puede estigmatizar a las mujeres. Hay quienes temen que reconocer ese derecho se convierta en la causa de una discriminación laboral más a la hora de contratar a una mujer. Pero lo cierto es que no se han dado muchos detalles sobre cómo se regularía esa baja de ratificarse, por lo que tampoco se sabe si, como dicen algunas voces, sería contraproducente o, de lo contrario, supondría un avance, como lo fue la baja por maternidad y paternidad.
De hecho, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido en rueda de prensa que si el Estado se encarga de cubrir esas bajas, en lugar de que corran a cargo de las empresas, dejaría de verse como algo discriminatorio.
Pero tampoco parece que convenza mucho a la parte socialista del Gobierno. "Permítanme que se lo repita con toda claridad: este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres", ha subrayado con rotundidad la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Igual que Escrivá, la ministra ha afirmado que es un punto de discusión "en los distintos borradores" de la norma. Lo que se está haciendo ahora, según ha contado, es analizar qué derechos ya están amparados en la legislación, pues actualmente se puede exigir una incapacidad laboral por dismenorrea, que es el concepto médico.
Una política laboral "masculinizada"
A estas declaraciones respondía posteriormente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendiendo que lo que "estigmatiza" realmente es "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que mujeres y hombres son "diferentes" y que "el mundo laboral no es neutro". A juicio de Díaz, que se ha mostrado "absolutamente a favor" de la medida, la política laboral actual está "profundamente masculinizada" y debería virar hacia una "política laboral de género" que tenga en cuenta las particularidades.
En definitiva, desde el PSOE piensan que asumir que la regla exige "una consideración especial" puede ser "poco útil y perjudicial", en palabras de la secretaria de Igualdad socialista, Andrea Fernández. "Las reglas no incapacitan por sí mismas sino que generalmente esconden una enfermedad que hay que diagnosticar y tratar adecuadamente. Normalizar que la regla duele deteriora nuestra salud, en algunos casos, muy gravemente", ha advertido en su cuenta de Twitter.
Pende, por tanto, de un hilo la posibilidad de agilizar esa baja por una afectación que, según un estudio de Kantar, padece una de cada dos mujeres españolas. Si se mantiene o no la medida no se sabrá de forma definitiva hasta el martes, cuando el Consejo de Ministros dé luz verde a la reforma de la ley del aborto que aspira a que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin consentimiento paterno y garantizar que se practica en la sanidad pública mediante un registro de objetores de conciencia, entre otras claves anunciadas en febrero por Irene Montero.
Casi 7 de cada 10 españolas está a favor
Los mismos sentimientos encontrados se reflejan también en la opinión de las mujeres españolas, o así lo muestra la 'I Encuesta sobre Menstruación y Entorno Laboral' lanzada por INTIMINA hace un año y que revela que el 67% de las mujeres españolas está a favor de regular la baja menstrual. Eso sí, el 75% reconoce que podría llegar a ser "un arma de doble filo", en tanto en cuanto es susceptible de convertirse en un motor de discriminación laboral.
Con todo, el mismo estudio muestra que el 69% cree que los dolores asociados a la regla están estigmatizados en el trabajo y que el 88% de las mujeres que sufren dolores incapacitantes y frecuentes ha acudido al trabajo igualmente. El 71% reconoce que ha normalizado trabajar con dolor.
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