Ley mordaza, secretos oficiales o delitos de expresión: tres normas varadas en el Congreso que podrían destensar la relación ERC - PSOE

El deshielo entre ERC y el Gobierno tras la profunda crisis que desató el caso Pegasus, aunque aún de manera muy incipiente, ha comenzado. Los presidentes del Ejecutivo central y de la Generalitat de Cataluña, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, respectivamente, han acordado celebrar una reunión para hablar sobre las supuestas escuchas a dirigentes independentistas, y además el Gobierno ha sacrificado a la directora del CNI, Paz Esteban, cuyo cese pedía ERC. A largo plazo, el acercamiento podría confirmarse en la tramitación de leyes relativas a derechos civiles que los republicanos puedan reivindicar como un éxito de su trabajo parlamentario. Normas como la reforma de la ley mordaza, la de secretos oficiales o la de los llamados delitos de expresión.

En los últimos días los republicanos han rebajado el tono, aunque aún mantienen unos importantes recelos hacia el Gobierno que se tradujeron, por ejemplo, en el duro discurso que realizó ERC contra la reforma de la Ley de Seguridad Nacional el pasado jueves en el Congreso. El Gobierno, no obstante, se muestra cautelosamente optimista en relación al futuro de su relación con la formación que lidera Oriol Junqueras, y fuentes republicanas también admiten que para ERC no es viable convertirse en el partido del "no a todo" y rechazar leyes que aún están pendientes de aprobación, como la de vivienda, la del 'solo sí es sí', la ley trans o la reforma de la ley del aborto.

No obstante, fuentes de la parte del Gobierno de Unidas Podemos -la que tiene una relación más fluida y continua con ERC- sostienen que los republicanos necesitarán algún gesto más para profundizar en el deshielo de las relaciones con el Ejecutivo. Y apuntan a la recuperación de algunas de las reformas en materia de derechos y libertades civiles que llevan meses o años paralizadas, algo que para los morados también supondría una oportunidad para dar un empujón a la agenda legislativa del Gobierno, como llevan reclamando meses.

La reforma de la ley mordaza

La iniciativa que podría ayudar a destensar la relación entre ERC y el Ejecutivo que más avanzada está es la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza. Desde el pasado noviembre, los partidos están debatiendo modificaciones en el Congreso a la propuesta de reforma planteada por el PNV, que es la que ha tomado el Gobierno como base para abordar una de sus promesas estrella. Y este jueves, PSOE y Unidas Podemos se reunieron -entre otros grupos- con ERC para seguir negociando las enmiendas al texto.

Este encuentro, desvelado por El País, no es baladí, ya que supone la vuelta de los republicanos a la mesa de negociación después de haber cancelado un encuentro similar el pasado 28 de abril a raíz de las revelaciones sobre el supuesto espionaje a independentistas. Eso no implica que ERC no siga exigiendo explicaciones, así como que se vuelva a poner en marcha la mesa de negociación sobre el problema territorial de Cataluña, pero sí abre la puerta a recuperar una cierta normalidad en el desarrollo legislativo.

A la reforma de la ley mordaza, no obstante, aún le queda tiempo de negociación para ser una realidad, y fuentes del PSOE consideran muy complicado que termine aprobándose antes del verano. ERC, EH Bildu o Más País pretenden ser más ambiciosos en algunos de los asuntos más polémicos de la norma, que la reforma no modifica o tan solo retoca. Es el caso, por ejemplo, del uso de material antidisturbios en las manifestaciones, ya que PSOE y Unidas Podemos pactaron que la ley únicamente obligue a las fuerzas de seguridad a "utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables", de forma genérica.

Ante esa redacción, que abre la puerta a una interpretación amplia de la norma, ERC ha planteado una enmienda para vetar expresamente "el uso de pelotas de goma o de cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona" cuando la policía cargue para disolver reuniones o manifestaciones. Es más: los republicanos quieren que la utilización de ese material quede tipificado como infracción muy grave en la nueva ley de seguridad ciudadana, lo que implicaría que estuviera sancionada con una multa de 30.001 a 600.000 euros.

También está aún por ver qué ocurrirá con las devoluciones en caliente, la práctica consistente en expulsar a inmigrantes irregulares en el mismo momento que son capturados al cruzar la frontera sin darles opción a solicitar asilo o a contar con asistencia letrada. PSOE y Unidas Podemos pactaron suprimir de la nueva ley de seguridad ciudadana cualquier referencia a la ley de extranjería, que precisamente incluye los rechazos de inmigrantes en frontera porque la ley mordaza aprobada por el PP en 2015 los legalizó.

No obstante, eso no implicaría derogar la legalidad de las devoluciones en caliente, puesto que ya están incluidas en la norma de extranjería. Y, por ello, ERC exige que la nueva ley de seguridad ciudadana incluya una disposición por la cual se suprima el artículo que da cobertura a esta práctica en esa ley de extranjería para "poner punto final a las violaciones de derechos".

La nueva ley de secretos oficiales

Mucho menos avanzado se encuentra el nuevo marco legal para los secretos oficiales. Actualmente, la ley que regula la información clasificada en España data de 1968, en plena dictadura, y a diferencia de buena parte de las democracias occidentales, en nuestro país los documentos declarados secretos no tienen que desclasificarse pasados unos años. El PNV lleva varias legislaturas intentando que eso cambie, y en 2020 registró una proposición de ley para redactar una nueva ley de secretos oficiales que establezca un tope de 35 años de confidencialidad para las materias clasificadas como secretas y de 10 años para las reservadas.

No obstante, los nacionalistas vascos han encontrado escasa receptividad en el Gobierno, especialmente en su ala socialista. Buena prueba de ello es comprobar como la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Unidas Podemos, ha prorrogado en nada menos que 70 ocasiones el periodo de enmiendas a la proposición de ley, lo que en la práctica ha provocado que su tramitación haya quedado completamente paralizada en la Cámara Baja. El Ejecutivo argumentaba a principios del año pasado que quería elaborar su propia propuesta de reforma, pero un año después no ha hecho público ningún avance.

Eso, no obstante, podría cambiar en breve. Este miércoles, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se comprometió en sede parlamentaria con el PNV a reactivar la elaboración del proyecto de ley de secretos oficiales y a presentarlo antes de que acabe el año. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también defendió cambios en la normativa de secretos argumentando que una ley "rubricada por Carrero Blanco no puede atender las necesidades de seguridad" en pleno siglo XXI. Eso implicaría que pudiera estar aprobado en 2023, antes de que acabe la legislatura, si no hubiera adelanto de los comicios.

La reforma de los delitos de expresión

La tercera de las leyes relativas a derechos y libertades civiles que se encuentra ahora mismo paralizada en el Congreso es la proposición de ley de Unidas Podemos para eliminar del Código Penal cuatro delitos: las injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, la ofensa a sentimientos religiosos y el enaltecimiento del terrorismo. Los morados consideran que no está justificado que existan tipos específicos con castigo penal -de cárcel- para estos supuestos, y en junio del año pasado recabaron el apoyo del PSOE y de sus habituales socios nacionalistas para comenzar a tramitar la norma en el Congreso.

Desde entonces, no obstante, ha habido silencio. Pese a los intentos de Unidas Podemos de dar un empujón a la tramitación de la propuesta, lo cierto es que, como ocurre con la proposición de ley de secretos oficiales del PNV, ésta se encuentra bloqueada. Desde que en junio de 2021 se tomara en consideración, el plazo de enmiendas ha sido prorrogado en 31 ocasiones, y el PSOE se ha negado a darle prioridad por delante de otras normas que impulsan las formaciones del Gobierno.

Eso ha ocurrido pese a que, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, donde hay diferencias políticas de calado, en este caso PSOE y Unidas Podemos están básicamente de acuerdo en eliminar las penas de cárcel para estos delitos de expresión. Ambos partidos, no obstante, no coinciden de lleno, ya que los socialistas hablan de reformar los delitos y los morados, directamente de eliminarlos.