Pistoletazo de salida para la futura nueva ley del aborto. A mediados de mayo, el Consejo de Ministros dio luz verde a la reforma de la norma de 2010 que recupera el derecho a abortar desde los 16 años sin consentimiento paterno, reconoce una baja laboral específica para reglas dolorosas y prevé ampliar la red de centros que repartirán de forma gratuita la píldora del día después, entre otras medidas. Este martes, el texto saldrá del seno del Gobierno para ser enviado al Congreso de los Diputados. Se emprende así el primer camino de un texto que ha costado consensuar a los socios de Gobierno y al que todavía le queda camino por recorrer hasta su aprobación definitiva.
"Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", subrayó entonces la ministra de Igualdad, Irene Montero, resaltando que llevan más de un año "dejándose la piel" para que el texto llegase en primera vuelta al Consejo de Ministros. Agradeciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "confianza" y al movimiento feminista por ser el "artífice de los grandes avances", celebró que el Gobierno de coalición haya dado este martes un "paso decidido" para "dejar atrás estigmas y tabúes".
Tras pasar por los órganos consultivos para que emitieran los informes preceptivos, la norma vuelve a segunda vuelta al Consejo de Ministros para emprender la tramitación parlamentaria. El objetivo del Ministerio de Igualdad, principal impulsor de la norma, es pactar con el ala socialista del Ejecutivo una tramitación administrativa urgente para que los plazos se reduzcan a la mitad y que la ley se apruebe cuanto antes.
Más de un año después de que la ministra de Igualdad anunciara la derogación de la reforma del PP de 2015 y tras meses de duras negociaciones entre los ministerios de Unidas Podemos (Igualdad, Derechos Sociales) y los del PSOE (Sanidad, Hacienda, Inclusión), llega finalmente un anteproyecto basado principalmente en cuatro ámbitos: salud reproductiva, salud sexual, salud menstrual y reconocimiento de nuevas violencias contra las mujeres.
Salud reproductiva: garantizar el aborto en la pública
La parte más fácil de pactar ha sido la reforma de todo lo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo. Desde el principio se pactó llevar a cabo dos reformas en este ámbito: recuperar el derecho a abortar desde los 16 años sin necesidad del permiso paterno (que eliminó el PP en 2015); y garantizar el aborto en la sanidad pública mediante un registro de objetores de conciencia parecido al de la ley de eutanasia. Se fija además que los médicos que no practiquen abortos por objeción de conciencia en la sanidad pública tampoco podrán hacerlo en la privada.
El anteproyecto introduce, además, la posibilidad de que las mujeres puedan decidir el método -farmacológico o quirúrgico- de interrupción voluntaria del embarazo. Se reconoce también una baja incapacitante por aborto voluntario y se eliminan los tres días de reflexión, exigidos actualmente; así como la obligación de entregar el sobre con información, que se dará solo a las mujeres que lo soliciten. Además, la píldora del día después se distribuirá de forma gratuita tanto en los centros de salud -donde ya se hacía- como en los servicios de salud sexual y reproductiva; y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina "para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres".
En el ámbito de la maternidad, PSOE y Unidas Podemos pactaron recientemente incorporar una baja preparto desde la semana 39 de embarazo -y no desde la 36, como pedía Igualdad-, que además no consumirá ningún día del permiso de maternidad ya vigente.
Salud menstrual: baja específica y reparto gratuito
Esta es una de las partes novedosas de la ley. Se incorpora por primera vez la salud menstrual como un estándar de salud. El texto recoge una baja especial para las mujeres con reglas muy dolorosas e incapacitantes, que correrá a cargo del Estado desde el primer día, tal y como pactaron in extremis el Ministerio de Igualdad y el de Inclusión. Además, esta baja específica no requerirá un mínimo de días cotizados y durará el tiempo que necesite cada mujer.
"La regla va a dejar de ser un tabú. Es la primera vez que esto se hace en una ley española. Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal por menstruación. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo", celebró la ministra de Igualdad durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ala morada del Gobierno no ha conseguido que Hacienda acceda a rebajar el IVA de compresas y tampones al 4% (está ahora al 10%) para erradicar la "pobreza menstrual", pero sí que se repartirán los productos de higiene femenina en lugares como institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos y sociales u organismos públicos.
Salud sexual: educación y formación de profesionales
La ley fija como obligatorio la educación sexual en todas las etapas educativas, "desde la primera infancia" y estará basada en el consentimiento y en las relaciones que fomenten los buenos tratos. Además, se formará de forma específica en educación sexual y menstruación a los profesores y funcionarios de prisiones y trabajadores públicos. Igual que con las compresas y tampones, los centros educativos repartirán de forma gratuita "métodos barrera anticonceptivos" vinculados a campañas sobre educación sexual.
Los vientres de alquiler, una forma de violencia
La gestación subrogada quedará fijada en la nueva norma como una forma de violencia contra las mujeres. Asimismo, se reforzará la persecución de la publicidad de las agencias y se impulsarán campañas para sensibilizar sobre esta práctica, ilegal en España, pero finalmente no se queda la medida que permitía a los tribunales perseguir internacionalmente a quienes acudan al extranjero para recurrir a esta práctica, como quería Igualdad.
Se reconocen en el articulado otras formas de violencia, como la obstétrica (la ejercida durante el parto) o la ginecológica, así como el acto de retirarse el preservativo sin avisar al mantener relaciones sexuales, en línea con el objetivo de promover campañas para prevenir la transmisión de ETS. A estas se le añaden otras violencias reproductivas recogidas en la ley, que son la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad, el embarazo y aborto forzoso
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