Aplicar un IVA superreducido a los productos de higiene femenina tan solo elevaría el déficit de España un 0,05%. La llamada 'tasa morada' (del 4%) que el Ministerio de Igualdad pretendía incluir en la reforma de la ley del aborto costaría unos 30 millones de euros, según cálculos del departamento de Irene Montero. Esta rebaja fiscal a compresas y tampones era un compromiso fijado entre los socios de Gobierno en el pacto de coalición que, sin embargo, no ha conseguido aplicarse todavía.
Se intentó en los últimos Presupuestos Generales y el ala morada del Ejecutivo trató de introducirlo en la ley del aborto aprobada este martes en el Consejo de Ministros, pero en todas las ocasiones se han encontrado con el rechazo frontal del Ministerio de Hacienda. Desde el PSOE defienden su negativa a no incluir el IVA superreducido a los productos menstruales alegando que "las cuestiones de índole tributaria deben abordarse en otro contexto".
El objetivo ahora, según cuentan desde Igualdad, es lucharlo para que finalmente se incluya en las próximas cuentas públicas, las de 2023. "Es uno de los debes, una de las cuestiones que quedan pendientes", aseveró la ministra durante una entrevista en la Cadena SER este lunes. Y es que según lo que Irene Montero señaló que supondría esa medida (30 millones de euros), la proporción de ese coste sería mínima si se compara con los ingresos y el déficit público.
Tal y como se recoge en los últimos Presupuestos, los ingresos esperados para 2022 son de 527.107 millones de euros. Pues bien, de todo ese dinero que se prevé recaudar, bajar el IVA de compresas y tampones al 4% se traduciría en una pérdida del 0,0057%.
Si se calcula en términos de déficit, esos 30 millones representarían un 0,05% del desequilibrio en las cuentas públicas que el Ejecutivo ha calculado para 2022 (65.000 millones de euros).
Otra de las formas de relativizar lo que costaría aplicar esa 'tasa morada' es observando lo que el Gobierno deja de recaudar por los distintos beneficios fiscales que ofrece. En total, se calcula que en 2022 esa cantidad será de 41.939 millones de euros. De ellos, 22.400 millones proceden de exenciones al IVA y de los tipos reducidos (tanto del 10%, como del superreducido del 4%).
Todos los productos menstruales están tasados ahora en el 10%, y lo que pretende Igualdad es bajar seis puntos porcentuales para equipararlos a productos básicos como el pan, la leche o la harina, gravados al 4%. De este modo, añadir 30 millones a lo que al final suponen esas rebajas al IVA (más de 20.000 millones), implicaría aumentar un 0,13% esa partida concreta.
El 22% de las mujeres no se lo puede permitir
Esta es una reivindicación que tanto organizaciones como las propias consumidoras llevan reclamando durante décadas. La Unión Europea (UE) ya dio vía libre a los países en 2007 para que aplicaran tasas impositivas con descuentos a los productos sanitarios femeninos. No obstante, 15 años después, sigue sin ser una realidad.
Igualdad calcula que aproximadamente el 22% de las mujeres no puede permitirse comprar compresas y tampones. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pese a que el gasto medio de estos productos es "muy variable", una mujer puede llegar a gastarse hasta 50 euros al año únicamente en productos para la menstruación (compresas, tampones, bragas menstruales o copas menstruales). Además, al cabo de toda su vida fértil, la organización destaca que ese gasto asciende a más de 2.000 euros.
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