Apenas seis horas después de que la Junta Electoral de Granada avalara la legalidad de su candidatura, la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha presentado este lunes en la comandancia de la Guardia Civil de Salobreña una denuncia contra María Eugenia Rufino González, alcaldesa socialista del municipio granadino.
En concreto, explica la formación en una nota, "la denuncia ha quedado interpuesta por un presunto delito de prevaricación administrativa (ex artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), y por presunto delito electoral (ex artículo 139.7 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), con vulneración de los derechos fundamentales de la denunciante reconocidos en los artículos 19 y 23 de la Constitución española".
Con la denuncia, añade el partido, "la candidata de Vox demuestra que no va a dejar sin respuesta las actuaciones caciquiles del Gobierno contra su persona y su formación política, para centrarse a partir de ahora en los problemas que realmente interesan a los andaluces".
En el escrito presentado se realiza una descripción de cómo se ha vulnerado la privacidad de Macarena Olona, "a pesar de vivir con escolta permanente por encontrarse amenazada de muerte por su actividad política". Un aspecto, señalan, "que no ha importado ni al Ayuntamiento de Salobreña, ni a su alcaldesa, quienes han actuado movidos por intereses políticos".
En la denuncia se deja constar que la denunciante ha utilizado "torticeramente las instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen, la honorabilidad y la candidatura de la denunciante". Además, "se le trata de privar a la denunciante de un derecho fundamental, su derecho de voto, reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, dado que la baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar con su voto en las próximas elecciones autonómicas andaluzas señaladas para el próximo 19 de junio de 2022".
Vox entiende que se vulnera el derecho fundamental a la libertad de residencia de Olona, según proclama el artículo 19 de la Constitución española, y alega que "la alcaldesa denunciada no puede excusarse en el desconocimiento de la normativa aplicable a la regulación del empadronamiento, y protección de datos, que supone una flagrante infracción de normas de seguridad que pone en serio peligro la seguridad personal de la candidata".
La nota recuerda que la Junta Electoral Provincial ha indicado la "absoluta legalidad de la actuación de la candidata" y "cualquier obstáculo al reconocimiento de otra situación que la de la legalidad del empadronamiento supone una vulneración de derechos fundamentales por parte de sus promotores, además de actos delictivos".
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