La tortuosa tramitación de la ley audiovisual va a terminar como empezó: rodeada de incertidumbres. Este jueves, el Congreso debatirá y votará si da luz verde a la norma y la envía al Senado para su aprobación definitiva y, a menos de 48 horas de que tenga lugar esa votación, el Gobierno no tiene garantizado poder sacarla adelante. La causa es una enmienda introducida a última hora por el PSOE que ha puesto en pie de guerra a las productoras independientes y que ha provocado un choque con Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y otros socios, cuyo voto puede llegar a ser imprescindible para que la ley salga adelante, pero que aún no han confirmado si la apoyarán.
Este sobresalto es tan solo el último de una ley que lleva siendo polémica desde su nacimiento y que, a finales de 2021, estuvo incluso a punto de dar al traste con el acuerdo del Gobierno con ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Durante los meses de tramitación, buena parte de las discusiones han girado en torno a cómo plasmar la promesa que hizo el Ejecutivo a los independentistas catalanes de que la nueva norma garantizará que las grandes plataformas ofrezcan contenidos en las lenguas cooficiales de España. El resultado final no ha satisfecho completamente a los socios nacionalistas del Gobierno, si bien ERC votó la semana pasada a favor del texto y EH Bildu se abstuvo.
Pero el motivo que ha dejado en el alambre que este jueves vaya a aprobarse definitivamente la norma en el Pleno del Congreso -que, posteriormente, tendría que ratificar el Senado- no tiene que ver con las lenguas cooficiales, sino con una cuestión económica: quién podrá beneficiarse de las ayudas que la ley establecerá para que las productoras independientes puedan producir contenidos. El dinero de estas ayudas saldrá de la contribución de los grandes grupos de televisión y de contenidos bajo demanda, que estarán obligados por la ley a destinar el 3,5% de sus ingresos anualmente a financiar "obras audiovisuales de productores independientes" en castellano, catalán, euskera o gallego.
El texto de la norma establece que ese carácter de "productor independiente" lo tendrán las empresas que cumplan los requisitos establecidos "en el artículo 110" de la ley. Y ahí es precisamente donde el PSOE incluyó la semana pasada una ligera modificación que, bajo la apariencia de una mera enmienda de carácter técnico, implicaría -según denuncian las pequeñas productoras- que los grandes grupos televisivos puedan terminar usando para financiar producciones elaboradas por otros gigantes el dinero que estarán obligados a entregar para la creación de contenidos independientes.
Un cambio puntual, pero de calado
La modificación es tan sutil que, en un primer momento, pasó prácticamente inadvertida. En un principio, el proyecto de ley consideraba como productora independiente a toda empresa o persona que, sin estar "vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común" con una televisión, produce "programas o contenidos audiovisuales por iniciativa propia o por encargo" para venderlos a "un prestador del servicio de comunicación audiovisual", esto es, una televisión o una plataforma de streaming.
La enmienda del PSOE únicamente cambia la última parte de la definición y, a grandes rasgos, establece que se puede considerar productoras independientes a todas las que generan contenidos y los venden a una televisión o plataforma, siempre y cuando no tengan vinculación con la televisión o plataforma a la que le venden ese producto. Es decir: abre la puerta a que grandes productoras vinculadas a grandes grupos de comunicación puedan ser consideradas independientes cuando presten servicios a todos los grupos empresariales, a excepción del suyo.
Nada más conocerse este cambio, que se introdujo como una enmienda técnica y que, por tanto, no se sometió a debate -según denuncian fuentes parlamentarias-, las pequeñas productoras mostraron su "estupor" y alertaron de que aprobar en esos términos la ley audiovisual "puede suponer el final de una industria floreciente y supuestamente estratégica para el país". En líneas generales, lo que plantean estas pequeñas empresas es que, si se permite que estas productoras vinculadas a grandes grupos de comunicación reciban las ayudas destinadas a financiar las producciones independientes, se les dará vía libre para competir "de forma desleal y con injusta ventaja con los verdaderos productores independientes".
"Esta modificación impulsa la concentración inmediata de la industria en el duopolio televisivo actual y, en el medio plazo, en las grandes plataformas internacionales", denunciaron igualmente las productoras independientes, que alertaron además de que la consecuencia de que muchas pequeñas empresas no sobrevivan si no les llegan las ayudas será una "deriva al pensamiento único desde el punto de vista de la diversidad cultural". "Pero no sólo tiene un impacto cultural, sino que con esta concentración se ponen en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 8.000 restantes", señalaron las productoras independientes.
El voto de los aliados del PSOE
Ante esta situación, varias de las formaciones aliadas del Gobierno han mostrado su rechazo a la modificación de la ley audiovisual impulsada por el PSOE y han dejado en el aire su voto. Fuentes de Unidas Podemos, por su parte, aseguran que en la formación morada ha sentado muy mal que los socialistas hayan planteado un cambio de calado en la norma a través de una enmienda supuestamente técnica, aunque se muestran cautas ante la posibilidad de votar en contra de una ley del Ejecutivo, ya que dar ese paso abriría una enorme crisis en el seno del Consejo de Ministros. Pero ninguna posibilidad está descartada, a día de hoy.
Este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que los morados intentarán "negociar" hasta el mismo jueves con el PSOE para devolver la ley a su redacción inicial antes de que se vote en el Pleno de la Cámara Baja. "No concebimos que, después de esta nota, el PSOE no vaya a rectificar", sostuvo Echenique en referencia al comunicado hecho público por las productoras independientes. El portavoz, además, alertó de que la modificación impulsada por los socialistas provocaría que toda la producción audiovisual dependiera del "oligopolio de las cuatro grandes televisiones".
Al igual que Unidas Podemos, ni ERC, ni EH Bildu ni Más País quisieron confirmar el sentido de su voto el próximo jueves, aunque ninguna de esas tres formaciones, claves en la mayoría del Gobierno, se mostraron muy entusiasmadas con el texto que se someterá a votación. Los independentistas vascos, que ya se abstuvieron la semana pasada cuando la ley se votó en comisión, lamentaron la "oportunidad perdida" que supone una norma que, según dijo su portavoz Mertxe Aizpurua, da "más privilegios de los que ya tienen las grandes plataformas". "Espero que el Gobierno recapacite y no empeore una situación complicada", dejó caer Aizpurua.
Fuentes del PSOE, no obstante, señalan que no es "probable" que se avengan a deshacer el cambio. Y, si los socialistas se niegan a aprobar una enmienda transaccional de última hora para volver a la redacción original y formaciones como EH Bildu, Más País o Compromís decidieran finalmente votar en contra de la norma, su aprobación sí podría quedar comprometida. Incluso con un voto a favor de Unidas Podemos, ERC y el PNV, el Gobierno solo sumaría 172 escaños, y necesitaría acuerdos in extremis con pequeñas formaciones como Nueva Canarias, el PRC o Teruel Existe para evitar que todo el resto de los partidos sume sus votos para derribar la ley audiovisual.
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