Tras un primer acuerdo frustrado y meses de negociación, ERC, el PSC, comuns y también Junts per Catalunya (JxCat) salvaron este martes el consenso por el catalán y pactaron una nueva proposición de ley sobre el catalán en el entorno educativo –que no sustituirá a la Ley de Política Lingüística vigente desde 1998– con la que se responde a la sentencia para aplicar el 25% de castellano.
A primera hora de la tarde, las cuatro formaciones parlamentarias presentaban una nueva proposición de ley de defensa del catalán en la escuela que la cámara catalana podría aprobar el próximo viernes y que coloca al catalán como la lengua vehicular en el ámbito educativo (la de uso y aprendizaje habitual en el centro) y la de "uso normal en la acogida del alumnado recién llegado", mientras que el castellano se ubica "como lengua de aprendizaje o curricular" según los criterios lingüísticos de cada centro y en función "de cada una de sus realidades sociolingüísticas".
De esta forma, los cuatro firmantes rehúyen la aplicación estricta de como mínimo un 25% de clases en castellano en cada colegio dictada por la sentencia del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) y se saltan el ultimátum en forma de interlocutoria posterior del mismo tribunal, que obliga a Educació de la Generalitat a aplicar este porcentaje antes de finales del mes de mayo, es decir, del día 31.
El texto coloca al catalán como la lengua vehicular en el ámbito educativo (la de uso y aprendizaje habitual en el centro) y la de «uso normal en la acogida del alumnado recién llegado», mientras que el castellano se ubica «como lengua de aprendizaje o curricular» según los criterios lingüísticos de cada centro
"Se ha de tener en cuenta el contexto sociolingüístico y de aprendizaje» de cada centro, explicó ayer la portavoz de ERC en la cámara catalana, Marta Vilalta, respecto al equilibrio que asuma cada lengua. Y recordó que esta nueva normativa no es un "refuerzo" del castellano en los centros, sino la conclusión de que "si alguna lengua se ha de reforzar en Catalunya es el catalán, como dicen los datos de uso de la lengua en nuestro territorio", remarcó. Cada proyecto lingüístico de centro deberá ser validado por Educació y, "en ningún caso, el castellano será lengua vehicular", dijo. Además, la nueva norma libera a los centros de posibles represalias judiciales, o sea, los blinda.
Una vez que esta proposición de ley se apruebe, presumiblemente el viernes en Pleno con el 80% del apoyo de la cámara catalana (más de 100 diputados), el Govern aprobará un decreto ley que determinará "la validación y evaluación del proyecto lingüístico de cada centro", explicó la portavoz republicana.
El secretario general de Junts, el partido que más ha retrasado este acuerdo tardío, Jordi Sànchez, defendió que finalmente han apostado por un decreto ley lingüístico que reforzará "la idea neurálgica de la singularidad de cada escuela y de cada realidad educativa, con la voluntad de que los alumnos salgan con la garantía de un uso oral y escrito de la lengua catalana de manera clara y sin interferencias (judiciales)". Sànchez se mostró confiado en que la CUP se sume finalmente a este decreto ley de nueva creación que "ha de dar tranquilidad al conjunto de la comunidad educativa y de los docentes, que merecen poder hacer su labor sin ningún tipo de presión". El acuerdo al que hemos llegado es nítido y claro en lo referente al aprendizaje del castellano» (Alicia Romero, PSC)
En ningún caso, el castellano será lengua vehicular en la escuela" (Marta Vilalta, portavoz de ERC en el Parlament)
"Creíamos que el consenso (político) era necesario para revertir la situación del pasado 24 de marzo (cuando Junts pactó una reforma de la ley de política lingüística, pero reculó apenas 8 horas después) y hoy tenemos más consenso político y también social", aseguró el indultado por la causa del procés independentista. Mònica Sales, portavoz de Junts, defendió que este será un texto "riguroso que permite hacer frente a la sentencia del 25%, no acatarla".
El acuerdo al que hemos llegado es nítido y claro en lo referente al aprendizaje del castellano» (Alicia Romero, PSC)
Los comuns pusieron en valor que con esta doble vía legislativa, el catalán pasa a ser "un elemento troncal de todos los catalanes y catalanas, y era muy importante hacerlo desde la mayoría y rehaciendo consensos respecto al catalán en la escuela", comentó el portavoz parlamentario, David Cid.
Para el PSC, de entrada, los objetivos que se cumplían en el acuerdo inicial del 24 de marzo del que se apeó Junts se mantienen "con algunos cambios en algunas frases, pero con el mismo objetivo" del texto original, aunque sí que "cambiando de instrumento", y optando por una proposición en lugar de por modificar la Ley de Política Lingüística. El documento pondrá «al catalán en el centro de gravedad educativo. Pero también el castellano será lengua de aprendizaje», recalcó el grupo socialista, quien prosiguió: "Creemos que este nuevo texto da un mejor cumplimiento a la sentencia del 25%". El acuerdo al que hemos llegado "es nítido y claro en lo referente al aprendizaje del castellano", dijo la portavoz socialista en el Parlament, Alicia Romero.
Será un texto «riguroso que permite hacer frente a la sentencia del 25%, no acatarla» (Mònica Sales, portavoz de Junts en la cámara catalana)
El peso de cada lengua, en manos de las escuelas
El redactado de la nueva proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria catalana estipula que "el uso curricular y educativo del catalán y del castellano han de garantizarse y tener una presencia adecuada en los proyectos educativos". Y detalla que "el alcance de la presencia de cada lengua lo han de determinar solo criterios pedagógicos".
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