Pacto bipartidista para sacar adelante la ley audiovisual con la enmienda, incluida por el PSOE a última hora, que favorece a los grandes grupos de comunicación a la hora de recibir ayudas en detrimento de las productoras independientes. El Congreso dio este jueves luz verde a la norma y la envió al Senado para su aprobación definitiva, y lo hizo gracias a la abstención del PP, ya que ERC y EH Bildu -socios habituales del Gobierno- votaron en contra a causa de esta modificación impulsada por los socialistas la semana pasada, que ha puesto en pie de guerra al sector de los productores independientes.
La norma salió adelante con 130 votos a favor, 83 en contra y 131 abstenciones, entre ellas las del PP y también -tras una tarde de dudas- las de Unidas Podemos, pese a que su diputada Sofía Castañón se mostró muy crítica con la enmienda impuesta por los socialistas la semana pasada. Es la primera vez que PSOE y Unidas Podemos votan distinto en un proyecto legislativo del Gobierno de coalición.
Los morados, de hecho, forzaron junto a ERC y EH Bildu una votación este jueves para intentar retirar ese cambio, que permite a los grandes grupos de comunicación beneficiarse de ayudas destinadas originalmente a las pequeñas productoras, pero el PSOE se negó a volver a la redacción inicial.
La aprobación de la ley audiovisual supone la ruptura de la mayoría que forman el Gobierno y sus socios nacionalistas en un momento crítico de la legislatura, cuando la relación entre ambos vive sus horas más bajas a causa del supuesto espionaje a políticos independentistas. La quiebra de esta mayoría es doblemente llamativa dado que la puesta en marcha de esta ley, y la inclusión en la misma de medidas para favorecer el subtitulado y doblaje de contenidos a las lenguas cooficiales, fue uno de los principales caballos de ERC en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado a finales del año pasado.
No obstante, la enmienda de la discordia relativa a las ayudas a pequeñas productoras impuesta por el PSOE ha pesado más que este acuerdo de medidas para impulsar contenidos en catalán, euskera y gallego. Y si Unidas Podemos no se unió al voto contrario de ERC y EH Bildu fue por ser "leal" al Ejecutivo, aseguró Castañón, que sin embargo criticó que la norma "no protege a la producción independiente" y, en realidad, "favorece al duopolio mediático" y "beneficia al régimen del 78". El voto contrario de Unidas Podemos, en cualquier caso, no hubiera derribado la ley gracias a la abstención del PP.
Un cambio sutil pero de hondo calado
La nueva ley audiovisual establece que el dinero de las ayudas a las pequeñas producciones saldrá de la contribución de los grandes grupos de televisión y de contenidos bajo demanda, que estarán obligados por la ley a destinar el 3,5% de sus ingresos anualmente a financiar "obras audiovisuales" de estos pequeños productores en castellano, catalán, euskera o gallego. El texto de la norma establece que ese carácter de "productor independiente" lo tendrán las empresas que cumplan los requisitos establecidos "en el artículo 110" de la ley, y es precisamente en ese artículo donde el PSOE incluyó una pequeña modificación que, no obstante, cambió sustancialmente la ley.
En un principio, el proyecto consideraba como productora independiente a toda empresa o persona que, sin estar "vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común" con una televisión, produce "programas o contenidos audiovisuales por iniciativa propia o por encargo" para venderlos a "un prestador del servicio de comunicación audiovisual". En esa definición entraban únicamente las productoras que no forman parte de un conglomerado mediático, aunque trabajen para televisiones o plataformas de streaming que sí lo hagan.
La enmienda del PSOE únicamente cambia la última parte de la definición, pero esa ligera modificación, a grandes rasgos, establece que se puede considerar productoras independientes a todas las que generan contenidos y los venden a una televisión o plataforma, siempre y cuando no tengan relación únicamente con la televisión o plataforma a la que le venden ese producto. Es decir: abre la puerta a que grandes productoras vinculadas a grandes grupos de comunicación puedan ser consideradas independientes cuando presten servicios a todos los grupos empresariales, a excepción del suyo.
Nada más conocerse este cambio, que se introdujo como una enmienda técnica y que, por tanto, no se sometió a debate -según denuncian fuentes parlamentarias-, las pequeñas productoras mostraron su "estupor" y alertaron de que aprobar en esos términos la ley audiovisual "puede suponer el final de una industria floreciente y supuestamente estratégica para el país".
Y en esa línea protestaron ERC y EH Bildu este jueves: los republicanos denunciaron que el PSOE busca "beneficiar a las grandes productoras que les hacen campaña política" junto a PP y Cs, mientras la formación abertzale acusó a los socialistas de "fulminar" la producción independiente al "desvirtuar aún más la extraña ya definición del productor independiente que contemplaba el texto en origen".
El PP, por su parte, tuvo que hacer ciertos equilibrios para justificar su abstención y, a la vez, evitar ofrecer una imagen de salvador del Gobierno. Fuentes populares insisten en que la ley audiovisual aprobada este jueves "no es la ley que el PP quiere", pero sostienen que era imperativo sacarla ya adelante porque "hay que cumplir con Europa". "Se trata de la transposición de una directiva que debería haberse realizado antes de septiembre de 2020 y, de hecho, nos han apercibido por no haberlo hecho ya", sostienen estas fuentes.
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