El Gobierno central también se topó con el enloquecido mercado asiático de productos sanitarios durante el primer y peor año de la pandemia, en el que, como otras administraciones, también afrontó incumplimientos de contratos por importes que todavía está reclamando, material defectuoso o retrasos en las entregas.
Así lo acredita el Tribunal de Cuentas, que este jueves ha aprobado el informe de fiscalización de los contratos de emergencia del Ministerio de Sanidad en 2020 que, aunque afirma que "se ajustaron a Derecho", no estuvieron exentos de incidencias. En concreto, en el 22,4% de los 73 contratos de compra que se han analizado.
"En un 22,44% de los contratos fiscalizados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) coincidentes con el inicio de al crisis sanitaria derivada del Covid 19 se produjeron distintas incidencias en la ejecución", concluye el Tribunal de Cuentas tras analizar 73 contratos de compras por un valor total de 551 millones de euros, que es casi el total -94%- de las compras de emergencia -sin concurso ni publicidad- que también hizo el Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia.
Las incidencias se concentran en 19 contratos con empresas cuyas insuficientes capacidades de producción y suministro no verificó el INGESA, en unas compras que el Tribunal de Cuentas contextualiza indicando que "fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global".
Reclamaciones aún en curso
En cuatro casos el Gobierno rompió el acuerdo por "incumplimiento de contrato imputable al contratista" e inició reclamaciones por los importes correspondientes que todavía no se han resuelto. Las incidencias en otras dos compras fueron "modificaciones no previstas" para que fueran suministrados otros modelos de mascarillas o test Covid pero al mismo precio, mientras que en otras cinco ocasiones el problema fue que se produjeron retrasos en los plazos de entrega.
En términos generales, no obstante, el Tribunal de Cuentas estima que las compras de emergencia por parte del Ministerio de Sanidad en 2020 resultaron "ajustadas a Derecho". Fueron compras vinculadas directa o indirectamente con la Covid por la que el Gobierno dio vía libre para hacer compras de emergencia y contaron con la acreditación y crédito suficiente, porque salieron de los 1.000 millones que Sanidad destinó a adquirir material sanitario. Así lo concluye el Tribunal de Cuentas, que a principios de este año emitió otro informe sobre las compras de los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes que halló transacciones incontroladas e injustificadas por 8,6 millones de euros.
Asia como último recurso
El Tribunal de Cuentas sí constató, sin embargo, que en un primer momento el INGESA no envió documentación sobre los criterios de adjudicación de las compras, pero durante el proceso de fiscalización aportó información que indica que en primer lugar se seleccionaron empresas que recomendaron la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios (AEMPS), las secretarías de Estado de Hacienda y de Comercio, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Salud Carlos III o la Dirección General de Cartera del Sistema Nacional de Salud. Pero también se contrató con empresas desconocidas, algunas de ellas con una solvencia cuestionable.
"Solo cuando las necesidades del Sistema Nacional de Salud no pudieron ser satisfechas por esta vía, se acudió al mercado asiático siguiendo las directrices formuladas por el Ministerio de Hacienda, el ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín", dice el informe del Tribunal de Cuentas.
En general, el Tribunal de Cuentas emite una "opinión favorable" al gasto del Gobierno central en 2020, cuando en total destinó 97.000 millones a paliar los efectos de la pandemia: las prestaciones de los ERTE tuvieron un coste de 13.644 millones; la exoneraciones de la cuotas de las empresas que se acogieron a ellos, 5.567 y las prestaciones por cese de actividad de los autónomos costaron 4.917 millones.
Mascarillas, guantes y geles
Volviendo a las compras, el Tribunal hace un balance de lo que pagó el Gobierno central por los distintos tipos de mascarilla que compró en 2020, para concluir que el precio unitario de las quirúrgicas no fue ni el más caro ni el más barato de lo que pagaron los grandes ayuntamientos, de acuerdo a su anterior informe.
En 2020, el INGESA gastó 246,4 millones de euros en comprar mascarillas FFP2, FFP3 y quirúrgicas, guantes de nitrilo y gel hidroalcohólico. Aunque el montante principal, el 91%, fue para comprar mascarillas.
"El precio medio unitario de adquisición de las mascarillas FFP2 en marzo fue de 2,62 euros y en abril, de 1.40" dice el informe, que ubica el 'pico', el día más caro, en el 3 de abril, cuando Sanidad pagó 4,17 euros por unidad.
Las FFP3 salieron más caras, con un precio medio de 4,31 y destaca por la cantidad como por el precio un contrato que se hizo a un solo proveedor, el 8 de abril, por 2,5 millones de mascarillas a 4,68 euros cada una.
Por lo que respecta a las de tipo quirúrgico, el Gobierno pagó un precio medio de 0,75, que es menos de los 0,98 y 0,90 euros que llegaron a pagar los ayuntamientos de Bilbao y Sevilla y más que los 0,50 euros por unidad que en 2020 pagaron los de Madrid y Málaga, por ejemplo.
El precio medio por los guantes de nitrilo, al Tribunal de Cuentas le llama la atención "por su volumen" un contrato de compra que se hizo el 26 de marzo de 100 millones de unidades por 6,65 millones de euros. El gel costó de media 1,52 euros la unidad y el mayor contrato de compra que hizo el Ministerio fue el 19 de marzo, más de un millones de envases de 600 mil y 20.000 de 750 mil por 1,57 millones de euros.
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