València perseguirá y multará a los puteros con una nueva ordenanza de prostitución

La ciudad de València tendrá una nueva ordenanza de prostitución que sustituirá a la aprobada en 2013 y pondrá el foco en los puteros, ya que los perseguirá y multará para visibilizar lo que el Gobierno municipal define como "la esclavitud del siglo XXI". El nuevo texto legal, que parte de una moción conjunta de Compromís y PSPV presentada inicialmente por los socialistas y aprobada en el pleno de este jueves con la abstención de PP y Vox y el voto en contra de Ciudadanos, se centrará además en combatir la figura del proxeneta y las mafias, pero también en prestar apoyo a las mujeres víctimas de esta situación a través de planes de intervención integral.

Las dos formaciones del Ejecutivo local han pactado finalmente la moción, que confirma la "posición abolicionista de la ciudad" porque es una cuestión "sobre derechos humanos, del derecho de las mujeres a no estar sometidas, amenazadas, coaccionadas o humilladas por parte del proxeneta", manifestó la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV). "El proxenetismo es otra forma de dominación y de esclavitud de la mujer, que se lucra económicamente de someter sexualmente a las mujeres y, por lo tanto, esa cuestión para nosotros es innegociable", añadió.

La moción, según ha expuesto Gómez, contempla también la modificación de otras normativas como la ley de extranjería y la ley de seguridad ciudadana, porque "sancionan y son perjudiciales para las mujeres y especialmente para las mujeres más vulnerables".

Para Compromís, esta forma de violencia contra las mujeres, una de las "más crueles", precisa de un abordaje "poliédrico que necesita de una mirada amplia y trasversal", expuso la concejala de Igualdad, Lucía Beamud. Para la edil, este problema "requiere ir a la raíz, a la demanda, con programas de sensibilización para acabar con esta cultura como por ejemplo ocurre en las despedidas de solteros", así como de prevención, como talleres en los centros educativos y de formación al profesorado sobre la pornografía, y también con programas de itinerarios y una renta mínima para que las mujeres "puedan salir y tener un proyecto de vida autónomo".

La concejala del PP Marta Torrado ha recalcado que la prostitución "no puede legalizarse porque no es un trabajo" y el Estado "no puede lucrarse de la explotación sexual que atenta contra la dignidad de las mujeres y el dinero que se les paga esconde la violencia que se ejerce contra ellas".

Por su parte, Rocío Gil, de Ciudadanos, ha señalado que la posición de su grupo es clara: "derechos, libertades, garantías y regulación". Además, les ha recriminado que en siete años "no han sido valientes para afrontar este tema". Vox no ha intervenido en este debate.

El precedente de Albal

El municipio de Albal, en el área metropolitana de València, ha sido pionero en las multas a los puteros. El año pasado modificó su ordenanza para elevar las sanciones hasta los 800 euros, a raíz del asesinato de dos mujeres explotadas sexualmente en su término.