La Audiencia de Zaragoza exculpa a la exministra González Laya en el caso Ghali

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha cerrado este jueves el caso Ghali y ha exculpado a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por la presunta entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser tratado de un proceso grave de COVID-19, según ha adelantado Heraldo de Aragón. Confirma también el archivo para el ex jefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino.

La extitular de Exteriores estaba siendo investigada por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento, que el tribunal valora como inexistentes, de acuerdo con los argumentos de la Abogacía del Estado. Con esta decisión, la Audiencia de Zaragoza pone punto y final a una causa que desató una profunda crisis entre España y Marruecos.

Ghali llegó a España a través de la Base Aérea de Zaragoza la noche del 18 de abril de 2021 sin pasar por controles de frontera ni de documentación. A continuación, fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde fue atendido por COVID-19.

Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza concluye que la determinación de permitir la entrada de Ghali se tomó como una "decisión política". Consideran que se trató de un "acto de Gobierno" al que "no podría darse trascendencia en sede penal", de acuerdo con el periódico aragonés.

"Esa decisión de permitir al entrada del señor Ghali de forma sigilosa para no afectar nuestra relación con otros países forma parte de las relaciones exteriores de nuestro Reino y lo acertado o no de dicha decisión y las consecuencias de ella derivadas podrán ser objeto de crítica, y lo fue, pero como mantiene el instructor es un acto político que excede del ámbito de la prevaricación", recoge la sentencia.

La exministra fue denunciada por supuestamente haber ocultado la presencia del líder del Frente Polisario para evitar que declarara en la Audiencia Nacional, donde tenía dos causas abiertas. El tribunal ha señalado que no comparte el criterio del juez instructor, "si bien es innegable que González Laya era conocedora de la intención de que Ghali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello". Sin embargo, "no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona".

Los servicios jurídicos del Estado argumentaron, en un escrito de 18 páginas, que los hechos acreditados en el marco de la investigación "no son constitutivos de delito alguno". "Procede, por lo tanto, que no se alargue innecesariamente una instrucción respecto de mis investigados, por las afecciones y consecuencias desfavorables que para ellos supone", han señalado. Todo ello, han subrayado, "sin perjuicio de la eventual continuación o mantenimiento de las actuaciones en relación a otros investigados en cuanto al posible delito de falsedad".