La persona que mató a tiros a 21 personas el pasado martes en una escuela de Uvalde (Texas) no se enfrentó a la policía antes de entrar al edificio. Pese a que inicialmente se dijo que un agente de seguridad del distrito escolar se había enfrentado al joven, ahora se reconoce que Salvador Ramos entró en el colegio sin mediar oposición.
"Entró sin obstáculos", dijo a los periodistas Víctor Escalón, director regional para el Sur de Texas del Departamento de Seguridad Pública estatal. "Nuestro trabajo es informar sobre los hechos y tener respuestas, pero todavía no las tenemos", reconoció. Escalón explicó que el autor de la matanza había entrado por una puerta desbloqueada.
Me resulta casi incomprensible dar una explicación racional de por qué se esperó entre 30 minutos y una hora para entrar"
Después de que las autoridades confirmaran que Salvador Ramos pasó hasta una hora atrincherado en un aula antes de ser abatido a tiros por los agentes, la impresión general entre muchos residentes de Uvalde es que la policía actuó tarde o mal.
"Me resulta casi incomprensible dar una explicación racional de por qué se esperó entre 30 minutos y una hora para entrar. El allanamiento de la puerta, si se trata sólo de una puerta cerrada, no lleva 30 minutos", ha comentado Andrew McCabe, ex director adjunto FBI.
Planes de emergencia en todo centro educativo
Del inmenso rosario de tragedias armadas que muestra EE UU, la masacre de la escuela de Columbine fue una que conmocionó especialmente al país. El 20 de abril de 1999, dos estudiantes mataron a 13 personas y dejaron heridas a otras 23 en esta escuela de Littleton (Colorado).
Desde ese tiroteo, el protocolo de actuación de los servicios de emergencia en este tipo de situaciones consiste en acabar con la amenaza lo antes posible. Se sabe por experiencia que las muertes se producen en segundos o minutos.
Cada estado ha adoptado las medidas que ha considerado. En Texas, desde 2005, a los centros educativos se les exige planes de emergencia y simulacros de seguridad, pero las medidas se dejan en gran medida en manos de sus más de 1.200 distritos escolares públicos y colegios concertados.
Se trata de poner en contacto a los estudiantes con los apoyos apropiados para alejarlos del camino de la violencia"
Los planes de operaciones de emergencia deben describir la gestión de emergencias, la capacitación del personal y los simulacros de seguridad ante una eventual emergencia, explica el Texas Tribune. Tras un tiroteo en 2018 en la escuela secundaria de Santa Fe, que dejó 10 muertos y 13 heridos, los legisladores también requirieron que las escuelas pensaran en respuestas concretas a amenazas activas.
Los distritos escolares deben realizar dos simulacros de cierre al año y están obligados a realizar auditorías de seguridad y protección cada tres años. Si un distrito no cumple con los requisitos o las recomendaciones, se le puede exigir que celebre una audiencia pública para abordar las preocupaciones o que se enfrente a la tutela de la Agencia de Educación, detalla Martínez-Prather del Centro de Seguridad Escolar de Texas.
Los equipos de evaluación de amenazas designados por los consejos escolares ayudan a identificar las amenazas inmediatas. La cuestión es, cuenta este responsable, es trabajar en la prevención. "Se trata de poner en contacto a los estudiantes con los apoyos apropiados para alejarlos del camino de la violencia y para que puedan tener éxito en el entorno educativo", explica Martínez-Prather.
De los 100 millones de dólares destinados a la seguridad física de todas las escuelas públicas de Texas, 69.000 dólares fueron para el distrito escolar de Uvalde
En 2019, Texas aprobó una ley que iba a permitir a los distritos endurecer la seguridad de las escuelas ante amenazas externas. Pero las medidas se quedan en papel mojado si no se traducen en dinero concreto que gastar e invertir.
Cuenta el Texas Tribune que los colegios no recibieron suficiente dinero para llevar a cabo la mejora de sus infraestructuras. Por ejemplo, de los 100 millones de dólares destinados a la seguridad física de todas las escuelas públicas de Texas, 69.000 dólares le correspondieron al distrito escolar de Uvalde. Además, pocos empleados escolares se inscribieron para poder llevar armas en el trabajo.
En el estado del que forma parte Uvalde la presencia de personal de seguridad en las escuelas depende de cada distrito escolar. Pueden optar por emplear a oficiales de recursos escolares, que dependen de una agencia local de aplicación de la ley, o a oficiales de paz comisionados, que a menudo dependen de los líderes del distrito escolar. Ambos están autorizados y reciben formación.
Cómo hacer un simulacro sin asustar a los niños
"Nos jugamos la vida todos los días por estos niños como si fueran nuestros propios hijos". Lo dice Angie Mende, profesora de jardín de infancia en la escuela primaria John F. Kennedy de Corpus Christi (Texas).
Nos jugamos la vida todos los días por estos niños como si fueran nuestros propios hijos"
Mende le ha contado al canal de televisión Kris 6 News como cuidan de los niños. Los profesores están obligados a conocer la dinámica que seguiría un hipotético tirador para luego transmitírselo a los estudiantes. No es fácil.
Les enseña cómo apagar las luces y los ordenadores, moverse a una esquina de una habitación y aislar la puerta. Para no asustarles lo llaman simulacro de "encierro" en lugar de simulacro de tirador activo (active shooter). El reto, la mayor dificultad, es que los más pequeños, los de preescolar, entiendan por qué es importante el simulacro.
Sin recursos públicos para salud mental
¿Y qué ocurre cuando se detectan problemas de salud mental en un adolescente? Las autoridades de Texas, como las del resto de estados, tropiezan con los límites: el estado del bienestar no está desarrollado en EE UU, la todavía primera potencia del planeta.
"Hay escasez de personal para todos los fines en las escuelas en este momento... en todo el estado. Hay lugares donde es muy difícil acceder a los servicios de salud mental. Así que ampliar ese acceso es una verdadera prioridad", asegura al Texas Tribune, Joy Baskin, directora jurídica de la Asociación de Consejos Escolares de Texas.
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