El Gobierno vuelve a salvar un 'matchball'. De nuevo, gracias a Bildu. El Ejecutivo ha pactado con el grupo abertzale una subida del 15% de las pensiones no contributivas -las de viudedad, orfandad o invalidez- para que la formación que representa Mertxe Aizpurua se abstenga en la votación que permitirá sacar adelante el texto normativo sobre el nuevo fondo de pensiones público, que es una exigencia de Bruselas para recibir fondos europeos. La medida se incluirá en la prórroga del plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra y se prolongará hasta el 31 de diciembre.

El acuerdo ha llegado 'in extremis' antes de que se votara el dictamen de la Comisión de Trabajo sobre el proyecto con el que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretende crear dicho fondo, que servirá como alternativa a los planes individuales y colectivos que ya existen, pero no están al alcance de todos los trabajadores. La ley, pues, se votará en Pleno la semana que viene y el Gobierno podrá cumplir con los plazos comprometidos con Bruselas para recibir los 7.000 millones de euros de fondos europeos previstos para este trimestre. Junto con Bildu, también Vox ha apostado por la abstención. Así, el dictamen se ha aprobado por 19 votos a favor (los de PSOE, UP, PNV y PRC) y 12 en contra (PP, ERC y Compromís).

"Este incremento supondrá un enorme beneficio para miles y miles de pensionistas, especialmente para las mujeres y personas con invalidez que cobran pensiones de miseria", han señalado fuentes parlamentarias de Bildu, que han cifrado entre 60 y 100 euros el incremento que sufrirán dichas pensiones contributivas. En total, se prevé que unas 440.000 personas se vean beneficiadas.

La subida tendrá vigencia hasta final de año. Todo ello pese a que la forma por la que entrará en vigor será a través de la prórroga del plan de choque que el Ejecutivo prevé aprobar antes de final de mes, cuando caduca el actual. "Después lo introduciremos en todas las prórrogas hasta que se incluya en los Presupuestos del próximo año", añaden las mismas fuentes. Además de la subida de las pensiones no contributivas, el Gobierno también ha pactado con Bildu "que ni un solo euro de la Seguridad Social sea destinado al nuevo fondo de pensiones".

Una paga complementaria a la pensión

Según lo aprobado este jueves, al fondo podrán adherirse libremente empleados del sector privado, del público y también autónomos. La empresa deberá aportar, al menos, la misma cantidad que el trabajador, que podrá deducirse de la base imponible del IRPF su contribución, que podrá alcanzar los 1.250 euros anuales si la empresa pone hasta 500 euros; los 2.000 euros si la empresa pone entre 501 y 1.000 euros; los 2.250 euros si la empresa aporta entre 1.001 y 1.500 euros; y la misma cantidad que la empresa si ésta aporta más de 1.501 euros. Por su parte, y como novedad respecto a la primera aprobación, la empresa podrá deducirse de las cotizaciones a la Seguridad Social las aportaciones que realice, con un máximo de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros al año, lo que supondría un ahorro de casi 400 euros por trabajador.

El nuevo fondo también cambiará la accesibilidad que tendrán los trabajadores a los planes de empleo. Hasta ahora, los sindicatos debían negociar con la empresa, buscar asesoramiento externo, crear una comisión promotora del plan, promoverlo y seleccionar el fondo para que los empleados pudieran adscribirse.

Cuando se apruebe el texto y se publique en el BOE, bastará con que los sindicatos lo pacten con la patronal en una negociación colectiva por sectores para que los trabajadores se puedan acoger, ya que, si el convenio sectorial recoge la posibilidad de acogerse al plan, la empresa deberá ofrecerlo obligatoriamente. En caso contrario, si el convenio del sector no lo contempla, la compañía podrá ofrecerlo de forma voluntaria. En el caso de los autónomos, lo podrán promover los colegios profesionales o las asociaciones, al igual que en el caso de los empleados públicos.

Según los cálculos del Gobierno, los planes de empresa representan el 25% del mercado y solo tienen acceso a ellos el 10% de los trabajadores. El 90% restante puede optar a los planes individuales de pensiones, definidos por el ministro José Luis Escrivá como "caros" y "orientados a rentas altas y muy altas". Esas mayores comisiones se reflejan en el siguiente ejemplo: un trabajador decide aportar a un plan 1.000 euros anuales durante 35 años. La comisión en los planes individuales ronda el 1% y, en los de empleo, el 0,21%, según fuentes ministeriales. Con una rentabilidad del 3% en ambos casos, pasado ese tiempo el trabajador contará con 50.569 euros si tiene un plan individual y 59.680, uno de empleo. Una diferencia de 9.000 euros a su favor.