Y, de repente, Marruecos de nuevo. Este miércoles, el Gobierno vuelve a enfrentarse a uno de los temas que ha desestabilizado en los últimos meses la coalición: la relación con el país vecino. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparece hoy a partir de las nueve de la mañana para volver a explicar el "giro" del Gobierno respecto al plan de autonomía del Sáhara Occidental, que fue sellado en una nueva "hoja de ruta" firmada con el rey Mohamed VI en el viaje que Sánchez realizó a Rabat hace dos meses. También hablará sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo extraordinario que se celebró los últimos días del mes pasado.

Fue el Partido Popular quien registró, el pasado 12 de abril, la petición para que Sánchez compareciera, que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios menos por los que forman la coalición, el PSOE y Unidas Podemos. A diferencia de la otra comparecencia que tuvo al respecto el 30 de marzo, esta vez Sánchez deberá explicar qué ha supuesto la "nueva etapa del partenariado entre España y Marruecos". También "las consecuencias que ello ha ocasionado en la relación con Argelia", uno de los principales suministradores de gas de España. El país argelino amenazó en un primer momento con cortar el suministro, pero desde el Ejecutivo niegan que haya habido consecuencia alguna al respecto.

Desde Moncloa niegan avanzar si habrá algún anuncio al respecto. Sin embargo, Sánchez podría resumir varios hitos que ya se han ido cumpliendo de la declaración conjunta que ambos países pactaron entonces. En esa misiva no hubo una alusión expresa a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla -protagonistas de una de las críticas más habituales de la oposición-, pero en ella se pactaron otras cosas, como el restablecimiento de la circulación de personas y de mercancías "de manera ordenada", así como de las conexiones marítimas de pasajeros; y el inicio de los preparativos para la operación Paso del Estrecho/Marhaba", que España ya prepara.

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Sin ir más lejos, delegaciones interministeriales de España y Marruecos se reunieron este martes para cerrar el calendario de finalización del proceso de normalización de la circulación de personas y mercancías por los dos puestos terrestres iniciado el 17 de mayo, cuando se abrieron ambos.

Fuentes del Gobierno no precisaron después si ese calendario incluirá la reapertura de la aduana comercial de Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos en el verano de 2018, y la apertura de una aduana comercial en Ceuta, que hasta ahora inexistente. Este es un tema espinoso para el Ejecutivo, ya que siempre aseguró que el acuerdo con Rabat incluía la reapertura de esa aduana. No obstante, el director general de Aduanas de Marruecos, Nabil Lakhdar, lo negó el viernes. Eso sí, pocas horas después rectificó en declaraciones a la Agencia EFE en las que decía que era "un tema político dirigido por los ministerios de Interior de Marruecos y de España".

Respecto al "giro" del Gobierno, se prevé que Sánchez repita el argumento que esgrimió en la otra comparecencia al respecto que dio el 30 de marzo. Entonces insistió en que la autonomía del Sáhara Occidental ofrecida por Marruecos era la solución "más viable" y justificó el cambio de postura de España, que ha abrazado la oferta de autonomía saharaui, en que "había que desencallar" un conflicto que lleva "estancado" 46 años. Incluso, llegó a negar que se hubiera producido ese "giro" en la relación con el gobierno marroquí, asegurando que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya "abrazó" la propuesta de autonomía en 2007, cuando fue presentada.

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Informar de los acuerdos del Consejo Europeo

Con todo, Sánchez, que contará con todo el tiempo que desee, mezclará temas, pues optó por solicitar comparecer a petición propia sobre los acuerdos del Consejo Europeo. Quizá así pueda mitigar el tiempo dedicado a Marruecos, un tema molesto para la coalición e, incluso, para el propio PSOE, que parte en una situación desfavorable en las encuestas de las elecciones andaluzas que se celebrarán el 19 de junio.

En su comparecencia de la semana pasada en la que informó sobre dichos acuerdos a la prensa, el presidente anunció la intención del Gobierno de prorrogar el plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Además, Moncloa informó de que los 27 abordaron la guerra, reafirmando su apoyo al país y su condena a la agresión rusa, una condena que, para Sánchez, "mostró que el compromiso con Ucrania es unánime". Los 27 también acordaron un sexto paquete de sanciones con un embargo al petróleo ruso en dos fases: la primera, que se pondrá en marcha en un período de entre 6 y 8 meses, prohíbe la importación del petróleo que llega por barco y que representa dos tercios del que recibe la UE de Rusia; y posteriormente, tan pronto como sea posible, se prohibirá también el petróleo que llega por oleoducto.