El Parlament aprueba la ley sobre el catalán en la escuela que pretende sortear el 25% de castellano

El pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles la ley sobre el catalán en la escuela que han promovido PSC, ERC, Junts y comunes, y que pretende sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a un mínimo del 25% de clases en castellano. Ha obtenido luz verde con el apoyo de estos cuatro partidos y el rechazo de Vox, Cs, PP -que habían presentado enmiendas a la totalidad- y CUP.

La aprobación ha sido después de que este martes el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) avalara la ley -la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria-, al considerar que "no vulnera" ni la Constitución ni el Estatut.

ACN

El CGE se pronunció a petición de Vox, Cs y PP, contrarios al nuevo texto legal. El hecho de que estos partidos solicitaran su dictamen, obligó a posponer la aprobación de la ley, que el Parlament acordó el 25 de mayo tramitar con la máxima urgencia -por este aplazamiento, la iniciativa se ha aprobado una vez superado el plazo que fijó el TSJC para impartir al menos un 25% de clases en castellano-. Sin embargo, aunque el órgano consultivo del Govern le ha dado el visto bueno a la norma, Vox, Cs y PP anunciaron este martes que igualmente la llevarán al Tribunal Constitucional. 

La ley considera el catalán como "lengua vehicular y de aprendizaje", reconoce el "uso curricular y educativo" del castellano y no establece porcentajes en el uso de las lenguas, que se utilizarán en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que la ley funcionará como un "eje vertebrador de la escuela catalana" y que desde el Govern se seguirá trabajando por un "modelo educativo de calidad", por encima de discusiones políticas, y por la cohesión social de Cataluña. En este sentido, ha subrayado la necesidad de que las lenguas no sean empleadas partidistamente, para "no fracturar la cohesión social" y ha celebrado el "gran acuerdo de consenso y de país sobre la escuela catalana" que ha hecho posible aprobar la ley.

"No dimitimos de nuestra responsabilidad de legislar. Hoy se legisla para que las leyes las apruebe este Parlament, y no cualquier otra instancia", ha subrayado el presidente.

Este "acuerdo de país", ha remarcado, sigue "abierto" para que se puedan "sumar" quienes hoy se han quedado fuera de este consenso, forjado a base de "esfuerzo para comprender la posición del otro".

Para Aragonés, que ha hecho un agradecimiento explícito al jefe de la oposición y líder del PSC, Salvador Illa, la ley defiende la escuela catalana ante las "amenazas" de los últimos años.

Por su parte, Illa, ha afirmado que "defender el catalán no es atacar al castellano, que también es lengua materna de muchos". "El mejor servicio que podemos hacer al catalán es llegar a consensos entre diferentes", ha dicho. Asimismo, ha apuntado que la ley aprobada no tendría que ser un punto de llegada, sino un "punto de salida". 

Esther Niubó (PSC) ha defendido que la ley "en ningún caso vulnera la normativa, desafía a los tribunales ni busca la confrontación", sino que reconoce por primera vez el uso curricular del castellano. Por eso, ha lamentado el papel de Vox, Cs y PP, especialmente de los populares y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que en Cataluña se da un 'apartheid' lingüístico'.

La republicana Mònica Palacín ha acusado a Vox, Cs y PP de haber hecho un ejercicio de filibusterismo al llevar la ley al CGE. También ha destacado que el 80% de los diputados la apoyarán tras haber recuperado el consenso, al que ha invitado a la CUP a sumarse a través del decreto del Govern que rechaza porcentajes. "Alejamos la escuela de la imposición del 25%", ha indicado.

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha subrayado la necesidad de conjurarse en la camara catalana "para que las garras de la justicia salgan de la escuela" catalana. También ha afirmado que la ley dota de herramientas a profesores y directores para preservar la educación de los niños y el futuro de Cataluña. "El Parlament ha hecho su trabajo y ahora le toca al Govern proteger a las direcciones de los centros", ha señalado. 

También desde Junts, Francesc Ten ha destacado que la ley tiene que ser "aval legal" para que ni una familia unilateralmente ni tampoco "injerencias judiciales" puedan hacer "nada" que no esté "en consonancia" con el proyecto lingüístico de un centro. Ten ha explicado que él se ha abstenido en la votación en apoyo al activista Salvador Ribot, a quien ha pedido que abandone la huelga de hambre que hace en defensa del catalán en las escuelas. El diputado también ha "extendido la mano" a la CUP para otros acuerdos sobre la lengua.

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha dicho en alusión a Vox, Cs, PP: "Busquen a un niño que cuando acabe la enseñanza obligatoria no sepa hablar castellano, no lo encontrarán". Y ha continuado: "El castellano es la lengua de todos, no solo la de la derecha españolista".

PP, Cs y Vox

"Nos meten en un callejón sin salida para los próximos años", ha dicho el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa. Ha considerado que la proposición de ley es "el último engaño de una crónica de engaños y deslealtades tejidas por el nacionalismo en cooperación con el socialismo y la izquierda que representa Podemos". Además de asegurar que su contenido pretende excluir el castellano de las aulas y burlar las órdenes de los tribunales, ha explicado que han presentado una iniciativa alternativa para revertir esta situación.

Desde Vox, el diputado Joan Garriga ha reiterado que llevarán la proposición de ley al Constitucional por no reconocer el castellano como lengua vehicular y que presentarán una querella por presunta desobediencia por "incumplir" la sentencia del TSJC. Asimismo, ha acusado al Govern de usar la inmersión como un objetivo político.

"La inmersión, tal y como se aplica en Cataluña, es ilegal en todo el mundo democrático en el que confluyen dos o más lenguas oficiales", ha lamentado el líder del PP, Alejandro Fernández, tras asegurar que se quiere tratar al castellano como lengua extranjera. Fernández también ha reprochado que socialistas y comunes apoyen la proposición de ley.

CUP

Desde la CUP, Carles Riera ha pedido retirar la ley porque cree que representa un primer paso para introducir el bilingüismo en las escuelas catalanas. Por otro lado, ha preguntado al presidente del Govern, Pere Aragonès, y al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, si darán instrucciones a los centros que ya están aplicando un 25% para que dejen de hacerlo una vez aprobada la ley.

Tras la aprobación de la nueva ley, los diputados de la CUP se han levantado exhibiendo carteles con el mensaje 'Defendamos la lengua', mientras que los de los grupos promotores han dado un largo aplauso en pie. Aragonès ha encajado la mano con Illa, Josep Maria Jové (ERC), Batet y Albiach.

Próximos pasos

En los próximos días, el Consejo de Garantías Estatutarias deberá dictaminar también, a petición de Vox, Cs y PP, asimismo, sobre el decreto ley que aprobó la semana pasada el Govern. Este traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para proteger así a los directores de escuelas, y evita hablar de porcentajes de lenguas. 

Cuando el CGE emita dictamen, el pleno del Parlament podrá votar la convalidación. El PSC, que forma parte del acuerdo de la ley, se ha desmarcado del decreto y ya ha anunciado que votará en contra. Así pues, saldrá adelante gracias a los votos de los comuns.

Contenidos en castellano en centros donde no sea 1ª lengua

Según figura en el redactado de los 'Documentos para la organización y gestión de los centros. Proyecto educativo del centro. Curso 2022-23' que Educació ha hecho llegar a todas las escuelas e institutos catalanes, los proyectos lingüísticos de las escuelas tendrán que prever la necesidad de dar contenidos en castellano en contextos donde no sea la primera lengua de la mayoría del alumnado. El objetivo es que todos los estudiantes acaben la enseñanza obligatoria en la comunidad con un mismo nivel de conocimiento de castellano y catalán, además de la lengua occitana en el caso de Aran y la lengua de signos catalana "si procede". 

Educació mantiene que esta medida ya se aplica en la comunidad educativa desde 2016. Y especifica que en apartado del documento referente al proyecto lingüístico se detalla que el centro tendrá que "asegurar el uso intensivo del catalán como lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje y que se deberán aplicar estrategias de inmersión lingüística en los centros donde el catalán no sea la lengua de la mayoría del alumnado". 

El catalán es, según el texto, "la lengua de la institución y, por tanto, de uso habitual en todos los espacios del centro, en relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general". 

En el proyecto lingüístico "deberán explicitarse las actuaciones conducentes a garantizar que se llevan a cabo en lengua catalana, en su caso, las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actas, informes y comunicaciones), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y de evaluación, la interacción entre docentes y alumnos, y las actividades de formación del profesorado, con excepción de las actividades que tengan como objetivo explícito promover el conocimiento y el uso de otras lenguas".

El catalán es, según el texto que Educació ha hecho llegar a todas las escuelas e institutos catalanes, "la lengua de la institución y, por tanto, de uso habitual en todos los espacios del centro, en relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general"

También se indicará que "se llevan a cabo en lengua catalana las actividades administrativas, las comunicaciones entre el centro y el entorno y la documentación que expiden los centros, con el objetivo de garantizar la continuidad en el uso lingüístico y la coherencia educativa y con el fin de contribuir a la cohesión social".

Además, se "deberá trasladar a los profesionales encargados del comedor escolar o las actividades extraescolares la información sobre los usos lingüísticos de la escuela acordados en el proyecto lingüístico".

La rotulación de los espacios de los centros será en lengua catalana, según el mismo documento, que añade que la presencia de otras lenguas en paredes o carteles "se circunscribe a las producciones de los alumnos y alumnas". 

La normativa pide "visibilizar y reconocer" las lenguas de origen familiar del alumnado extranjero, y que se adapten las comunicaciones del centro a estas, especialmente, en el período de acogida en el sistema educativo.

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Los sindicatos: "La ley deja a los directores al descubierto"

En una rueda de prensa a las puertas del Parlament, la Plataforma Pública i en Català ha explicado que la ley del catalán en la escuela supone "un enorme paso atrás en la normalización lingüística". Los sindicatos educativos COS, SEPC, CGT, USTEC e Intersindical creen que la proposición de ley que ha aprobado este miércoles la cámara catalana "es un claro retroceso del marco legal vigente" y el "final legal" de la inmersión lingüística, ya que obliga a aplicar la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas. 

Para la delegada de Enseñanza de CGT, Marta Jové, "deja a los directores al descubierto ante una posible desobediencia". Y por ello ha exigido un comité jurídico que afronte las posibles denuncias contra las directivas y los docentes que no cumplan la sentencia. 

Escuela de Todos pide recurrir la ley ante el Constitucional

Escuela de Todos ha exigido este miércoles a los partidos a que recurran ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley del catalán que se ha aprobado este miércoles en el Parlament. Para la plataforma, su validación en sede parlamentaria no impide la ejecución de la sentencia del 25% de castellano dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)  y cree que la ley "no da respuesta" a la petición del tribunal y sigue manteniendo una "desigualdad" en el tratamiento de las dos lenguas en las aulas catalanas "incompatible con las exigencias constitucionales”.