El Gobierno de España no moverá ficha ante el decreto de la Generalitat de Cataluña que suprime la obligación de impartir, como mínimo, un 25% de clases en castellano hasta que se pronuncie la justicia catalana. Lo ha dejado patente este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, acogiéndose a la "separación de poderes", ha señalado que "tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que decida si se están cumpliendo o no las sentencias". Aunque ya era conocida su postura, sus palabras han adquirido aún más relevancia el día en el que el Parlamento catalán ha aprobado la ley de protección del catalán en la escuela con los votos del PSC, ERC, Junts y los comunes.

Por de pronto, desde ala socialista del Gobierno ya avanzaron este martes su rechazo a una proposición no de ley presentada por el PP en la Cámara Baja que, precisamente, instaba al Ejecutivo a recurrir el decreto catalán que fija explícitamente la "inaplicación" de porcentajes en el uso de las lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia, firme desde el 20 de enero de 2022, del TSJC. Salvo sorpresa mayúscula, su socio de coalición, Unidas Podemos, y sus aliados de investidura, ERC, PNV y Más País, seguirán sus pasos en la votación que tendrá lugar este jueves.

"Esto es una democracia, las sentencias judiciales se cumplen y tiene que ser el TSJC quien decida si ésta se está cumpliendo", ha respondido Sánchez este miércoles al ser inquirido por el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre "si piensa hacer algo" frente al "desacato institucional" que, al parecer del diputado, comete "permanentemente" la Generalitat en la Educación.

El líder del Ejecutivo, por contra, no ha desvelado si tomará medidas en caso de que los tribunales catalanes consideren, como creen desde la oposición al Gobierno, que la Generalitat que comanda Pere Aragonés  violó la ley al implantar un decreto-ley el lunes de la semana con el objetivo de incumplir la sentencia del TSJC. Tampoco, por lógica, se conoce la naturaleza de las medidas que el Gobierno plantearía.

Recurso ante el TC, art 155... la oposición le exige que actúe

Desde la bancada del PP, instan al Ejecutivo a que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto in extremis aprobado hace días por el Gobierno catalán. Y Ciudadanos y Vox, por su parte, van más allá y urgen la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Todo, para forzar el cumplimiento de la sentencia del TSJC sobre los porcentajes del castellano en las clases y de la doctrina constitucional, que dispone que las dos lenguas cooficiales, catalán y español, sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares. 

Propuestas, todas ellas, que el Ejecutivo no tiene en cuenta por el momento. Desde Moncloa, si bien garantizan que se respetará las sentencias judiciales en Cataluña, no desvelan cómo harán imperar la ley en la comunidad. Habrá que esperar a que los tribunales tomen partido -si es que lo hacen- en este asunto, para conocer más detalles de su plan -si es que lo tienen-.