La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al Gobierno los expedientes de 13 contratos de adquisición de material sanitario y de concesión de ayudas adjudicados durante la pandemia de COVID-19, después de que el PP madrileño los denunciara el pasado marzo. La Guardia Civil ha acudido a varios Ministerios en busca de la documentación, según han confirmado a 20minutos.

El Instituto Armado ha acudido al Ministerio de Industria y de Asuntos Económicos, pues una de las empresas a las que el PP se refería en su denuncia era Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital), "vinculada con el marido de la vicepresidenta (...) Nadia Calviño", Ignacio Manrique de Lara, según los populares. 

La Guardia Civil también ha acudido al Ministerio de Transición Ecológica, encabezado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y a otras instituciones públicas.

En su denuncia, el PP también aludía a las subvenciones a Industrias Plásticas Playbol, de la que aseguraban que está ligada "a los padres del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Los populares también hacían referencia a la posible influencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos (con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas) y del de Sanidad Salvador Illa (con la compañía FCS Select Products), en la adjudicación de siete contratos.

Anticorrupción abrió diligencias de investigación sobre estos 13 contratos el pasado abril, cuyo valor total supera los 326 millones de euros. Los populares afirman que el Ejecutivo pudo incurrir en delitos de "prevaricación, tráfico de influencias y malversación".

La denuncia la presentó un diputado del PP de la Asamblea de Madrid después de que la Fiscalía Anticorrupción comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

El hilo conductor en la exposición de los hechos de la denuncia es la vinculación de las sociedades adjudicatarias "con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos", si bien "no se terminan de formular imputaciones concretas".