El Consejo de Ministros de este martes aprobará este martes dos decisiones en el ámbito de la sanidad para, por una parte, impedir en términos generales que se privatice y, por otra, para ampliar la cartera de prestaciones en salud bucodental, destinando 44 millones de euros para que todas las comunidades ofrezcan unos mismos servicios gratuitos que incluirán revisiones, prevención de carias y empastes en la población de 0 a 14 años.
Por una parte, el Gobierno aprobará el Plan de Salud Bucodental para que el dentista se incluya en la asistencia sanitaria pública. Tras pasar por el visto bueno del Consejo de Ministros, el reparto de los 44 millones será sometido a la aprobación de las comunidades -las que tienen las competencias sanitarias- en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebrará de nuevo de forma presencial, esta vez en Valencia.
Este plan se contempla en el Plan Nacional de Recuperación, para financiarse con fondos europeos y homogeneizar la atención bucodental en todo el país, a pesar de que ya algunas comunidades tienen sus propios planes. Por ejemplo, la sanidad pública de Comunidad de Madrid realiza empastes entre 6 y 16 años. En Andalucía, los niños de 6 a 15 años tienen cubiertas las revisiones, los empastes, la extracción de dientes de leche y definitivos en algunas circunstancias o la limpieza de boca también en algunos casos. El plan de salud bucodental de la Comunitat Valenciana consiste en detectar riesgos, prevenirlos y derivar a los menores de 0 a 14 años en la escuela y en consultas de pediatría y odontológicas. En Cataluña, la población de 0 a 14 y otros grupos vulnerables también tiene cubiertas revisiones periódicas para prevenir y diagnosticar enfermedades dentales, seguimiento de los casos y tratamiento de procesos odontológicos agudos. En Extremadura, también entre los 6 y 15 años pueden ir a la sanidad pública o a clínicas dentales para someterse gratuitamente a revisiones, tratamientos preventivos con fluoración o sellado de fisuras, empastes, limpiezas en dentadura definitiva y extracciones, y en algunos casos a endodoncias y ortodoncias.
El Plan que aprobará el Consejo de Ministros busca "homogeneizar" prestaciones de salud bucodental" que ya incorporan algunas comunidades, pero otras no. "Incrementar los servicios comunes que hasta ahora no se prestaban por la sanidad pública, con especial atención a los siguientes colectivos: infanto-juvenil, embarazadas, personas con discapacidad, personas con cáncer y personas mayores", dice el componente 18, el capítulo dedicado a Sanidad del Plan Nacional de Recuperación.
En línea con algunas prestaciones que ya existen en algunas comunidades, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó recientemente en el Congreso que los principales receptores de la medida son los niños de entre 0 y 14 años, divididos en dos franjas de edad, de 0 a cinco años y de 6 a 14.
La ampliación y homogeneización de la cartera de prestaciones incluirá para ellos revisiones periódicas y la determinación de riesgo de caries, tanto si tienes dientes de leche como si ya han cambiado la dentadura definitiva. Como medidas de prevención de las caries, se les aplicará sustancias remineralizantes, antisépticas y desensibilizantes y para quienes tengan caries, la sanidad pública pasará a cubrir los empastes en la dentadura definitiva y "actuaciones de mínima intervención" cuando todavía se trate de dientes de leche. Sin detallar, Darias adelantó que también hará otras prestaciones para población juvenil de más de 14 años.
La población de 0 a 14 años es uno de los "colectivos prioritarios" de este plan, que también unificará en toda España la asistencia bucodental gratuita para mujeres embarazadas, personas con discapacidad intelectual y discapacidad limitante de la movilidad de miembros superiores y personas diagnosticadas con procesos oncológicos del territorio cérvico-facial.
Privatización de la sanidad
El Consejo de Ministros aprobará también este martes el proyecto de ley de Equidad, Cohesión y Universalidad que elimina los copagos sanitarios y cierra el paso a la gestión privada de la sanidad, aunque no de forma total como reclamó hace meses Unidas Podemos.
La futura norma, que ahora tendrá que ser aprobada en el Congreso, impedirá que puedan introducirse más copagos, por ejemplo, en el transporte sanitario no urgente, en productos dietoterápicos y ortoprotésicos. Con respecto a estos últimos, hará que las personas que ya están exentas del copago farmacéutico -por cobrar el ingreso mínimo vital u otras rentas de inserción, por ejemplo- no tengan que pagar tampoco por productos ortoprotésicos.
Sin embargo, hay una cuestión más polémica que la parte socialista del Gobierno subraya como verdaderamente trascendente y la morada, como insuficiente, que es la que tiene que ver con la privatización de la sanidad. La futura ley prohibirá en términos generales la gestión privada de la sanidad pública -por medio de concesiones como existen ahora en muchas comunidades-, mediante la derogación de un decreto que aprobó en 1997 el gobierno de José María Aznar que abrió la puerta a que empresas se hicieran con la gestión de la sanidad pública.
El anteproyecto de ley que aprobó el Gobierno en noviembre del año pasado establecía que la sanidad pública de gestión directa será la "preferente" y que se podrá dejar en manos privadas siempre que esté justificado por razones sanitarias y económicas. Estos proyectos de gestión privada "tendrán que contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario, sociosanitario y económico la necesidad de tener que acudir a ellas, teniendo en cuenta con carácter previo la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios", decía el anteproyecto que provocó la protesta de Unidas Podemos, que acusó a la parte socialista del Ejecutivo de incorporar parte del decreto de 1997 derogado y de querer privatizar la sanidad pública "malvendiéndola a los buitres".
En el otro extremo, la ley de Equidad también cuenta con la oposición de la sanidad privada, que considera que es "deplorable" que se la considere una simple excepción "con listas de espera récord".
Unidas Podemos aseguró que enmendará la ley para prohibir la privatización bajo cualquier circunstancia cuando llegue al Congreso, un paso que empezará a partir de que el Consejo de Ministros apruebe este martes un proyecto de ley que, según apuntan fuentes del socio socialista de la coalición, mantiene la gestión privada como algo excepcional.
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