El Gobierno arranca la negociación del último Presupuesto de la legislatura, en el que tratará de conjugar más gasto militar y social

El Gobierno ya trabaja para sacar adelante sus terceras cuentas públicas consecutivas desde que llegó al poder. Unos Presupuestos que, si ven la luz, serán los últimos de la legislatura de la coalición. El Ministerio de Hacienda aprobó el lunes la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, que supone el pistoletazo de salida del largo y tortuoso proceso para aprobar las cuentas del país.

La negociación de los últimos Presupuestos de la legislatura estará condicionada por los diversos frentes que la invasión de Ucrania ha abierto o profundizado. La revalorización de las pensiones con un IPC disparado, el compromiso de elevar el gasto militar para cumplir con la OTAN, el alcance de las medidas para mitigar las consecuencias de la guerra y el aumento en el gasto social que exige Unidas Podemos determinarán el proceso.

Pese al paso dado por el Ministerio de Hacienda, fuentes del mismo echan el freno al proceso de negociación. "Los Presupuestos de 2023 parecen el siglo que viene", reflexionan. Así, se remiten a los objetivos políticos incluidos en la orden ministerial publicada este lunes en el BOE. 

Tras hacer un repaso sobre la afectación actual de la guerra en Ucrania en la economía española, que define como "sólida" y recuperada, el Gobierno se marca como prioridad el apoyo "con medidas específicas y temporales" a los sectores más afectados por la subida del precio de la energía, como es el de los transportes. También fija la necesidad de "alcanzar la plena inclusión intergeneracional de los jóvenes" con el acceso a un "empleo digno y a una vivienda accesible"; la modernización del tejido productivo; apostar por la "cohesión social y territorial de España" con el refuerzo del Estado de Bienestar; o "continuar impulsando la economía de los cuidados".

Todos estos objetivos, eso sí, no parece que vayan a crear problemas en la coalición. Y es que, además, son propósitos absolutamente maximalistas que todavía no han sido concretados. La pelea, así, es probable que llegue a la hora de poner negro sobre blanco el compromiso en clave militar del presidente Pedro Sánchez. 

El socialista se comprometió a ir incrementando de forma gradual el presupuesto destinado a Defensa hasta alcanzar el 2% comprometido con la OTAN, cuya Cumbre se celebrará a finales de este mes en Madrid. Lejos de abandonar esta idea, Sánchez la reclama cada vez que tiene ocasión. "Es imprescindible", dijo en el acto con el que se conmemoraron los 40 años de la entrada de España en la Alianza Atlántica. La polémica estará servida, no ya solo por la posición de Unidas Podemos, sino porque en este aspecto el presidente cuenta con el apoyo de las formaciones conservadoras -PP, Vox y Ciudadanos- y el rechazo de la mayoría de los partidos que permitieron su investidura.

Los tambores de guerra también suenan y traen consigo otra de las promesas firmadas por Sánchez en el pacto de coalición que, sin embargo, ahora el PSOE no quiere acometer: la reforma fiscal. Fuentes socialistas consultadas ya avanzaron la semana pasada que iban a optar por dilatar en el tiempo dicha medida, por la que Unidas Podemos peleará. Todo ello pese a que el Ministerio de Hacienda llegó a designar a un comité de expertos que estuvo durante un año elaborando un informe. Sin embargo, esas propuestas -entre las que se incluía la subida del IVA, los combustibles y una menor competencia fiscal entre autonomías- quedaron en papel mojado al estallar la guerra en Ucrania.

Unidas Podemos exige más inversión pública

Ante la negociación que se avecina con el PSOE -que promete ser complicada, como las de los dos últimos años-, Unidas Podemos ya está definiendo las líneas maestras de las propuestas que defenderá. Fuentes moradas son, por ahora, parcas en detalles, pero sí insisten en que el que será el último Presupuesto de la legislatura debe profundizar en la línea de aumento de la inversión pública, especialmente en un momento de crisis económica derivada de la guerra que Unidas Podemos considera que debe paliarse con intervención del Estado.

Estas fuentes, no obstante, sí adelantan que los morados presionarán para que los Presupuestos de 2023 incluyan una partida destinada a una de las medidas que el PSOE rechazó incluir este año: el incremento de los permisos de paternidad y maternidad. Unidas Podemos lleva unos meses proponiendo que esas bajas se extiendan progresivamente hasta los seis meses, dos más que en la actualidad, y el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra busca incluir la medida en la ley de diversidad familiar, que comenzará a tramitarse en septiembre.

Derechos Sociales también quiere insertar en esa norma otra medida que tendría que llevar aparejada una partida presupuestaria: extender la ayuda de 100 euros por hijo de 0 a 3 años, que actualmente pueden cobrar todas las madres con contrato laboral, a las progenitoras que no tengan empleo. Esa ayuda, según los planes del Ministerio, se incrementaría hasta los 125 euros para las familias monomarentales, y Derechos Sociales cifra en unos 650 millones de euros el coste de poner en marcha esta ampliación de la ayuda por hijo a cargo y hacerla universal. Esa cantidad se sumaría a los 766 millones de euros que el Estado ya paga -o deja de ingresar- por la deducción en sus actuales términos.

Una coyuntura difícil

La negociación tendrá lugar en uno de los contextos económicos más difíciles de los últimos años en España. La economía todavía no se ha curado de las heridas causadas por la pandemia, el país ocupa el vagón de cola de la recuperación europea y además sufre una inflación sin precedentes en más de treinta años.

Las finanzas públicas están maltrechas. España acumula una deuda pública que asciende al 117,7% del PIB en el primer trimestre (la cuarta más elevada de todos los países del euro) y no espera estar en posición de cumplir el objetivo de déficit del 3% que exige Bruselas (ahora suspendido) al menos hasta 2025. 

Ante la delicada situación de las finanzas españolas, Bruselas ha recomendado específicamente a España que no aumente el gasto por encima del crecimiento previsto de la economía a medio plazo. Para 2023, el Ejecutivo cree que el PIB rebotará un 3,5%, una cifra que las últimas previsiones de analistas rebajan a una horquilla entre el 1,8 y el 2,8%. Cuadrar las cuentas respetando esos márgenes será un ejercicio de encaje de bolillos. Sobre todo si se tiene en cuenta que la revalorización de las pensiones con el IPC de 2022 (que se abonará en 2023) supondrá un incremento del gasto previsiblemente superior a 10.000 millones de euros.

En la otra cara de la moneda, el fuerte aumento en los ingresos tributarios previsto para 2022 (en buena parte fruto de la inflación) puede dar un balón de oxígeno a la estabilidad de las cuentas del Gobierno. Aunque está por ver si este impulso en la recaudación se traslada también a 2023.