En algún momento de los próximos meses, y si nadie se desdice de sus palabras, el Gobierno estudiará la creación de un impuesto extraordinario a las empresas eléctricas que contribuya a rebajar el precio de la luz y, con ello, la inflación. En los últimos días, varios pesos pesados del PSOE han asegurado públicamente estar de acuerdo con esa propuesta, mientras Unidas Podemos lleva semanas planteándola. Pero el diablo está en los detalles y en lo que no hay una posición unívoca entre las dos alas del Gobierno es en cuándo y a través de qué vía debe ponerse en marcha ese tributo: si cuanto antes y por los procedimientos más urgentes o por el camino ordinario, más lento, y junto a los Presupuestos del año que viene.

Las diferencias en torno a esta cuestión se escenificaron este miércoles, en un acto del colectivo Economistas Frente a la Crisis al que acudieron tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En declaraciones a los medios, ambas aseguraron compartir la necesidad de endurecer de manera extraordinaria la fiscalidad de las empresas energéticas para contener la subida de los precios. Pero mientras Díaz abogó por hacerlo "con carácter inmediato", Montero se mostró más cauta y argumentó que es necesario primero "buscar el vehículo adecuado para la puesta en marcha" de ese impuesto.

Las declaraciones de la titular de Hacienda van en la misma línea de las que hizo el martes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aseguró que "el momento pertinente de debatir esto sea, probablemente, en el contexto de la negociación presupuestaria", que tendrá lugar tras el verano. "Cada cosa a su tiempo y bien ponderadas, trabajadas junto con el resto del equipo económico, en particular con el Ministerio de Hacienda y el de Economía", añadió Ribera.

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Y es que la vía que prefiere el PSOE es esa: una más lenta pero que, a juicio de los socialistas, sería jurídicamente más garantista. Así lo expresó este miércoles Montero, que aseguró que "los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales". Esa vía, la del real decreto ley, no ha sido expresamente propuesta por Unidas Podemos, pero dado que es la más directa y la más rápida del ordenamiento jurídico español para legislar, sería la fórmula más evidente para poder instaurar el tributo extraordinario a las eléctricas.

La interpretación de la Constitución

Lo cierto es que las dudas del PSOE en torno a la posibilidad de poner en marcha el impuesto por decreto tienen cierta razón de ser, aunque la interpretación jurídica tiene mucho que ver a la hora de definir si esa vía, la del decreto, es una vía muerta, como planteó Montero. El artículo 133 de la Constitución establece que el Estado deberá establecer los tributos "mediante ley". Pero el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que esa prescripción tiene "carácter relativo" y no absoluto, lo cual flexibiliza esta traba.

Así lo recoge el Congreso de los Diputados en su análisis jurídico de la Constitución, en el que, sin embargo, también explica que la doctrina del tribunal de garantías prohíbe que los decretos afecten "a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I", entre los que se encuentra el deber general de "contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" de todos los ciudadanos. Es por ello por lo que Montero considera que no se puede legislar sobre un impuesto a las eléctricas vía decreto. Pero el Constitucional no es tan tajante.

En su jurisprudencia, el órgano deja abierta la puerta a que un decreto pueda modificar la estructura tributaria, y plantea que su legalidad o ilegalidad dependerá de las características del impuesto en cuestión. En concreto, el Constitucional dice que, para determinar si un impuesto se puede crear o no por decreto, hay que analizar "en qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance" del impuesto.

De ahí que, este miércoles, la vicepresidenta Díaz argumentase que la decisión sobre cuándo poner en marcha el impuesto a las eléctricas tiene que ver con la voluntad política, más que con la viabilidad jurídica. "Yo soy clara: todo es posible cuando hay voluntad política, no nos entretengamos en los debates jurídicos", pidió la vicepresidenta, que deslizó que, como ocurre en el derecho, "cuando hablamos de metodologías procedimentales, en el fondo estamos ocultando debates" sobre el contenido de las medidas. "No demoremos más los debates, actuemos, porque la gente lo está pasando mal", planteó.