El Gobierno estima que hacen falta 34.000 nuevos empleos para mejorar el modelo de residencias que negocia con las comunidades

La mejora del modelo de residencias que actualmente negocia el Gobierno con las comunidades autónomas prevé la creación de más de 34.000 empleos, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. Es la cifra de creación de empleo que desde el departamento de Ione Belarra calculan que se generará al incrementar las ratios en residencias y centros de día; una de las medidas contempladas en el nuevo acuerdo de acreditación y calidad al que pretenden dar luz verde "próximamente". 

Eso sí, los 34.394 nuevos trabajos van condicionados al 'sí' de las comunidades autónomas. En un principio, Derechos Sociales daba por hecha su aprobación en el Consejo Territorial celebrado a finales de mayo. Sin embargo, Belarra aplazaba la ratificación del nuevo modelo de residencias -que vendrá a sustituir al actual, de 2008- al no cosechar el consenso suficiente con los consejeros correspondientes, entre ellos, dos socialistas. Pero habrá segundo intento. Tal y como avanzaron entonces, volverán a convocar a las autonomías a finales de junio para firmar definitivamente un acuerdo que modifique los criterios mínimos que deberán cumplir las residencias y centros de día. 

Entre ellos, el aumento de ratios. Según el último borrador al que tuvo acceso este diario, el documento marca alcanzar en 2029 una ratio de tres profesionales de atención directa de primer nivel (personal gerocultor, cuidadores y educadores) por cada siete residentes (esto es, del 0,43); y de un trabajador por cada dos residentes en los centros para personas con discapacidad (0,50). Para la atención directa en su conjunto, establecen incrementar las ratios en residencias de mayores a un profesional por cada dos residentes (0,51); y a cuatro trabajadores por cada siete residentes (0,58) en los centros para personas con discapacidad. 

Subir las ratios supone, inevitablemente, aumentar el número de trabajadores en los centros residenciales y de día. Por ello el Ejecutivo ha calculado el número de nuevos empleos que deberán ir generándose en los próximos años para absorber ese cambio. Concretamente, de esos más de 34.000 nuevos empleos en la atención directa dee primer nivel y de segundo nivel (personal de psicología, fisioterapia, enfermería, trabajo social, etc.), 21.071 se incorporarán de forma progresiva a las residencias hasta 2029. Los 13.223 puestos de trabajo restantes lo harán en los centros de día, pero con la meta fijada en 2023.

Para costear ese esfuerzo se acudirá a los casi 4.000 millones de euros presupuestados en este 2022, y que se irán complementando en una "tendencia alcista" que se mantendrá en 2023 con un incremento de, "al menos" otros 600 millones para el nivel mínimo de protección y nivel acordado. Fuentes del ministerio de Belarra detallan que, además, en esas cifras "no se incluye" ni la financiación de los convenios especiales a cuidadores no profesionales, ni la financiación transferida a las comunidades autónomas dentro de los fondos de recuperación. 

Hacia un modelo más "hogareño"

De aprobarse el nuevo modelo, las medidas contempladas en él serán de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, y a implantar de forma inmediata o con un plazo hasta 2020, en función de si se trata de residencias de nueva construcción o de las ya existentes. Con todo, el objetivo de Derechos Sociales es avanzar hacia un modelo que ponga "a cada persona, a sus necesidades y a sus preferencias en el centro" y transforme el sistema de cuidados y las residencias en un "ambiente hogareño". 

En esa línea, el documento actual establece que cada residente contará con un plan personal que recoja sus preferencias sobre cómo quiere vivir. Con ese mismo objetivo el acuerdo fija que las residencias se organicen en grupos de convivencia de, como mucho, 15 residentes, que compartan un espacio común y tengan acceso a servicios como internet. 

Sobre los centros nuevos que se construyan a partir de ahora, no podrán tener más de 75 plazas en zonas de baja densidad de población, 90 en zonas de densidad media y 120 en zonas urbanas de alta densidad. El tope se pondrá en 50 plazas para los centros de personas con discapacidad. Además, también para las nuevas construcciones se mandata que garanticen que un 65% de las habitaciones se reserven para un uso individual. Este porcentaje se reduce al 10% para los centros que ya existen (al 20% con densidad media y al 25% si es alta).

Otra de las novedades destacadas es que, en el plazo de tres años, deberán haberse eliminado por completo todo tipo de sujeciones mecánicas y coerciones en los centros de día y residencia. "Todas las personas tienen derecho a recibir atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas", subrayan desde el Ministerio.