El PSOE ha decidido dar un impulso a su agenda legislativa tras el batacazo que sufrió en las elecciones andaluzas y el primer resultado tangible será la aprobación de la nueva ley de memoria democrática, que viene a suceder a la norma aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Después de varios meses varada en el Congreso sin avances, y cuando el proyecto corría serio riesgo de quedar bloqueado para el resto de la legislatura, la semana pasada el Ejecutivo se puso manos a la obra y ha conseguido aunar una mayoría que le permitirá aprobar la norma de manera definitiva en julio, si nada se tuerce.

Para ello será fundamental el apoyo de casi todos los pequeños partidos que apoyan al Gobierno, aunque ERC aún mantiene sus dudas con una ley que considera tibia. Especialmente relevante, habida cuenta de esta situación, será el apoyo de EH Bildu, que este martes anunció que sus cinco diputados votarán a favor de la ley a cambio de introducir varias modificaciones. La más sonada ha sido una enmienda para poner en marcha una comisión que investigue violaciones contra los Derechos Humanos cometidas entre 1978, fecha en la que se aprobó la Constitución, y 1983, ya transcurrido el primer año de Felipe González como presidente y habiéndose cometido los primeros atentados de los GAL.

Se investigará hasta 1983

En concreto, la enmienda aprobada por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu -y también pactada con Más País- dispone que el Gobierno deberá designar "una comisión técnica que elabore un estudio" sobre la "vulneración de los derechos humanos" que se hubiera producido entre "la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983". Esta comisión será la encargada de indicar "posibles vías de reconocimiento y reparación" a las víctimas.

El Gobierno pacta con Bildu ampliar a la etapa de Suárez y Calvo-Sotelo la ley de memoria que busca reparar los crímenes del franquismo

"Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aún después de la entrada en vigor de la Constitución y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos", argumenta la enmienda. Inicialmente, PSOE y Unidas Podemos planteaban llegar solo hasta 1982, pero ampliar un año el alcance de la investigación abre la puerta, por ejemplo, a indagar en el caso de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados y asesinados por el GAL.

No se toca la ley de amnistía

Si ERC aún no ha expresado su apoyo a la ley y parece muy complicado que termine votando a favor es, entre otras cosas, por la negativa de PSOE y Unidas Podemos a derogar a través de ella la ley de amnistía para facilitar la investigación de los crímenes del franquismo. Las formaciones que lideran el Gobierno rechazan este extremo porque -según recuerdan- la norma sirvió para liberar a los presos políticos de la dictadura, y únicamente han pactado con Más País dejar claro que la interpretación de la ley de amnistía no debe servir para evitar que se juzguen los crímenes franquistas. 

"Ha de interpretarse esta ley de conformidad con los tratados internacionales de Derechos Humanos", y eso implica que "los crímenes de lesa humanidad" deben considerarse imprescriptibles, señala la enmienda transaccional aprobada, mientras la parte dispositiva de la nueva ley de memoria establecerá que "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables". Pese a ello, lo más probable es que la interpretación de la norma siga en manos de los jueces, que hasta ahora han considerado que la ley de amnistía impide investigar los crímenes del franquismo.

Los tribunales franquistas y el propio régimen, ilegales

Junto a Más País y PDeCAT, PSOE y Unidas Podemos también han impulsado otra enmienda para que la nueva ley de memoria democrática recoja una condena expresa de la dictadura y declare ilegal el régimen franquista. "Se declara ilegal el régimen surgido" de la Guerra Civil "que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado social y democrático de derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática", señalará la norma.

Entrevista | Baltasar Garzón: "Nunca hubo un antes y un después en la Justicia tras morir Franco"

Esa declaración de ilegalidad se extiende a los tribunales de la dictadura conformados "para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal", y la ley declara nulas todas las resoluciones dictadas por ellos. Igualmente, la norma considerará ilegales e ilegítimos de manera expresa el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y el órgano en el que quedó subsumido en 1963, el Tribunal de Orden Público.

Derecho a indemnización de las víctimas

Otra de las medidas pactadas supondrá la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, al cual se incorporarán los supervivientes "que presten su expreso consentimiento". Todas las víctimas, con la nueva ley, tendrán "derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado". Y eso implica reconocer también "el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura", una medida para la cual la Administración estará obligada a llevar a cabo una auditoría en un plazo máximo de un año.

Cataluña, País Vasco y Galicia

Por otra parte, los partidos que componen el Gobierno han acordado con el PDeCAT considerar a "las instituciones de autogobierno catalana y vasca y las corporaciones locales, minorías étnicas, asociaciones feministas de mujeres o instituciones educativas" que fueran en su momento "represaliadas por la dictadura" como víctimas directas del franquismo, lo cual les dará derecho a beneficiarse de "las medidas específicas de reconocimiento y reparación contempladas en la ley". Además, la norma considerará expresamente como "víctimas" a "las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega, [...] cuyos hablantes fueron perseguidos".

Acceso más sencillo a la documentación

Con el PNV, el Gobierno ha pactado una enmienda para la ley de patrimonio histórico deje de impedir, como hasta ahora, el acceso a los archivos que contienen información sobre la Guerra Civil y la dictadura. Así lo explicó este martes el portavoz del partido, Aitor Esteban, que explicó que la nueva ley de memoria eximirá a los investigadores de solicitar el consentimiento de los afectados para poder consultar documentos del patrimonio documental que contengan datos personales de carácter policial, procesal o clínico de víctimas del franquismo.

Maternidades robadas en España: un conflicto silencioso entre 1939 y 1999

Supresión de títulos nobiliarios

Otra de las modificaciones pactadas por PSOE y Unidas Podemos al proyecto original de ley de memoria democrática es la supresión de 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, algunos de ellos con Grandeza de España, la más alta distinción entre la nobleza y la aristocracia española. Entre ellos, se eliminarán los ducados de Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco, así como los condados de Alcázar de Toledo, Benjumea, o Jarama o los marquesados de Queipo de Llano, Saliquet, Kindelán o Arias Navarro.

Nacionalidad para los descendientes de los brigadistas

Tanto los miembros de las Brigadas Internacionales como sus descendientes tendrán reconocido el derecho a solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza, sin necesidad de renunciar a su anterior nacionalidad, según recoge otra de las enmiendas aceptadas. En el caso de los descendientes de personas que combatieron por el bando republicano en la Guerra Civil, deberán acreditar "una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España".