Ya sea porque consideran que se trata de una "invasión" de las competencias de las comunidades, que el camino a seguir es el de aumentar la financiación, o porque creen que vulnera el derecho a decidir de las familias, el Congreso de los Diputados ha tumbado este martes la iniciativa de Unidas Podemos que proponía integrar a las escuelas concertadas en la red pública. Solo otros tres grupos parlamentarios (ERC, Más País y BNG) han expresado su apoyo a la proposición de ley de los morados que, por segunda vez, no llegará a buen puerto. El PSOE, socio de los morados en el Gobierno, también lo ha rechazado.

Lo que sugerían desde Unidas Podemos era un proceso de "integración voluntaria" de los centros educativos concertados, de tal manera que, los que así lo solicitaran, pudieran pasar a formar parte de la red pública, pasando previamente por una serie de fases. El texto proponía destinar una "línea de colaboración económica" desde el Ministerio de Educación para hacer frente a esa transición y fijaba un plazo de cinco años para que el profesorado pudiera presentarse a las oposiciones. No obstante, la proposición de ley no ha convencido a la mayoría del arco parlamentario, que era lo que necesitaban los de Unidas Podemos para que saliera adelante. 

"Necesitamos reforzar el sistema público de educación ante una etapa de recortes y corrupción que ha esquilmado las arcas públicas; de crisis económica por la guerra en Ucrania, y por la pandemia", ha defendido el diputado morado, Joan Mena. Tal y como inciden en la exposición de motivos del documento, esta iniciativa es, a su juicio, necesaria, por el "déficit de plazas de titularidad pública". Según datos de la Eurostat de 2017, España es el cuarto país de Europa con menos presencia de la educación pública en Secundaria; y el tercero en Primaria. Así, con la ley, Unidas Podemos buscaba "homologarnos" al resto de países europeos y, sin afán de generar "una confrontación entre los distintos tipos de educación", buscaba "corregir y asegurar un orden de preferencia claro": primero, lo público. 

No obstante, para gran parte del arco parlamentario, la iniciativa supone una invasión de las competencias que les corresponden a las comunidades autónomas en materia educativa, o consideraban que quedaba 'coja' sin un aumento presupuestario. Hasta los grupos que han apoyado la propuesta coincidían en este asunto. ERC, por ejemplo, ha condicionado su apoyo a la iniciativa "siempre que se garantice de forma más detallada y concreta la financiación adecuada por parte del Gobierno", ha expresado la diputada Montserrat Bassa. Y, "sobre todo", si se respetan sus competencias.

En Más País consideran que se trata de un "muy buen punto de partida" para iniciar un debate "largamente aplazado". La diputada Inés Sabanés ha reconocido que "habría que trabajar" posteriormente en muchos aspectos del texto, pero ha anunciado desde el atril el apoyo de su grupo parlamentario a la iniciativa. Más duros han sido desde el BNG. Su diputado, Néstor Riego, ha acusado a Unidas Podemos de "caer en el error" de la centralización e invasión competencial, y ha recriminado que no se incorporaran las medidas de este texto en la última ley educativa, la LOMLOE, que, a su juicio, supuso una "oportunidad magnífica" para conseguirlo. A pesar de todo ello, han votado a favor. 

Para sus socios de Gobierno, el PSOE, esta no es la mejor forma para "mejorar la educación" y garantizar la equidad, porque esta cuestión en concreto es algo que recae en cada autonomía. "La normativa vigente ha permitido que cuando una comunidad autónoma ha considerado poner en marcha este recurso, lo ha hecho", ha recordado María Luisa Alonso, alegando también que con la propuesta se pondrían en riesgo los principios de igualdad y mérito que se garantizan con el actual proceso de incorporación del profesorado a la red pública. 

PP acusa a UP de querer eliminar la concertada

Otro discurso también muy extendido en la Cámara baja ha sido que la proposición de ley representa un ataque directo a la concertada. Así lo ha denunciado la diputada del PP, Beatriz Jiménez, quien ha acusado al Gobierno de querer "convertir la educación en el instrumento para poder inculcar su ideología y hacer desaparecer los colegios mayoritariamente católicos". La ruta a seguir, según ha asegurado durante el debate de toma en consideración, es la de garantizar una financiación "justa" y "necesaria" a las concertadas para evitar que pase a ser una alternativa "subsidiaria" y "prescindible". "Lo único que quieren hacer es que la escuela concertada desaparezca", ha afeado. 

Posición muy parecida a la manifestada por Vox, que consideran que la proposición de ley pone en peligro "el derecho de los padres de educar a sus hijos según sus propias convicciones". "Ojalá esto lo garantizase la escuela pública. Sin embargo, la realidad es que muchas familias hacen un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a otros centros escolares que respondan a los valores y principios con los que quieren educarlos", ha subrayado Georgina Trías.

Igualmente en contra, pero por otros motivos, se ha posicionado Junts, desde donde consideran que la proposición de ley supone una invasión competencial. "Lo que quieren es renacionalizar por la puerta de detrás", ha recriminado la diputada Mariona Illamola.