Tras el éxito de la Cumbre de la OTAN en Madrid, nos llega la factura, o sea, la obligación de situar progresivamente el gasto en defensa en el 2% del PIB. Este año, para apoyar a Ucrania y ampliar el despliegue de nuestras tropas en los países bálticos, el ministerio de Margarita Robles ya ha solicitado un crédito extraordinario de 3.000 millones, con lo que el gasto militar superará con creces el 1%. El doble al que nos hemos comprometido serían unos 24.000 millones anuales. Es una cifra que duele, y mucho, porque es una obviedad que lo que se destina a la defensa va en detrimento de otras cosas que a muchos nos parecían mejor. Pero por desgracia, el expansionismo de la Rusia de Vladimir Putin o los peligros en el flanco sur de Europa, no dejan otra alternativa. Ahora bien, es imprescindible tratar a la ciudadanía como personas adultas y explicar de dónde saldrá ese dinero.

Ahora bien, es imprescindible tratar a la ciudadanía como personas adultas y explicar de dónde saldrá ese dinero

Vienen tiempos difíciles y hay medidas de largo recorrido que Gobierno y oposición deberían consensuar ya. Cuanto más tardan en hacerlo, peor. Citaré solo un ejemplo, el mantenimiento de las autovías, que cuesta una millonada. Actualmente se financian insuficientemente a través de los presupuestos generales. Este verano comprobaremos cómo nuestra extensa red de carreteras va deteriorándose, y cada vez hay más tramos que son un peligro para la circulación. La eliminación de muchos peajes, particularmente en Cataluña, ha sido un acto de justicia porque suponían un agravio territorial. Pero ahora el problema se ha agravado con embotellamientos diarios y el aumento del déficit inversor para mantener esas vías con garantías de seguridad. La ministra Raquel Sánchez calculó su coste en unos 9.000 millones.

Lo lógico hubiera sido aprovechar la supresión de esos peajes físicos para acelerar la puesta en marcha de un sistema de cobro en todas las carreteras de alta capacidad en España. Hay dos alternativas: un pago anual (la viñeta, como hacen en Suiza o Austria) o el cobro por uso (con arcos en las autovías que calculan el precio de cada trayecto, como en Portugal). Se habló bastante de ello hace un año con el horizonte en 2024, pero después cayó en el olvido. El Gobierno se comprometió a presentar una propuesta, pero nunca más se supo. La oposición anunció que se opondría a los nuevos peajes, así como los transportistas, etc. Es evidente que, con la que está cayendo, se dejará la cuestión para la próxima legislatura. Y el que venga después que arríe. El aumento del gasto en defensa va a agravar en los próximos años el déficit inversor del Estado en el mantenimiento de la red vial, pese a su peligroso deterioro, mientras no hay valor político para implantar un sistema de cobro que sea justo y equitativo.