La nueva ley de memoria democrática encara la recta final para su aprobación definitiva en el Congreso. Este lunes, la comisión constitucional de la Cámara Baja dio luz verde al texto, que se debatirá la semana que viene en sesión plenaria y, previsiblemente, recibirá el apoyo definitivo para ser enviada al Senado, donde -si no hay sorpresas- finalizará su tramitación en septiembre y entrará en vigor. La norma salió adelante en la comisión con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu, mientras PP, Vox y Ciudadanos se opusieron a la misma y ERC se abstuvo a la espera de seguir negociando cambios de última hora.

La votación de este lunes supone culminar la reactivación de la ley, que tuvo lugar hace unas semanas después de meses de estar paralizada al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante por el rechazo de ERC, que la considera demasiado tibia. Cuando el proyecto corría serio riesgo de quedar bloqueado para el resto de la legislatura, hace un par de semanas el Ejecutivo se puso manos a la obra y ha conseguido aunar una mayoría que le permitirá aprobar la norma de manera definitiva, si nada se tuerce.

Buena parte de los acuerdos alcanzados por el Gobierno para desbloquear la tramitación de la ley han sido con EH Bildu. Entre ellos se encuentra una enmienda para poner en marcha una comisión que investigue violaciones contra los Derechos Humanos cometidas entre 1978, fecha en la que se aprobó la Constitución, y 1983, ya transcurrido el primer año de Felipe González como presidente y habiéndose cometido los primeros atentados de los GAL. 

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En concreto, la enmienda aprobada por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu -y también pactada con Más País- dispone que el Gobierno deberá designar "una comisión técnica que elabore un estudio" sobre la "vulneración de los derechos humanos" que se hubiera producido entre "la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983". Esta comisión será la encargada de indicar "posibles vías de reconocimiento y reparación" a las víctimas, que se considerarán como tales al haber sido objeto de crímenes "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos".

Fuentes del Gobierno, no obstante, son muy insistentes al señalar que la ley no abre la puerta a investigar judicialmente los primeros años de la democracia. Estas fuentes apuntan que será un grupo de historiadores y expertos el que indagará en estos crímenes cometidos entre 1978 y 1983, y explican que la ley solo facultará a hacer investigaciones judiciales en el caso de crímenes cometidos hasta 1978.

Asimismo, otra de las medidas pactadas supondrá la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, al cual se incorporarán los supervivientes "que presten su expreso consentimiento". Todas las víctimas, con la nueva ley, tendrán "derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado". Y eso implica reconocer también "el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura", una medida para la cual la Administración estará obligada a llevar a cabo una auditoría en un plazo máximo de un año.

PP, Vox y Cs

Tras el acuerdo del Gobierno con sus habituales socios parlamentarios para sacar adelante la norma, PP, Vox y Cs tuvieron palabras muy duras y criticaron que el pacto incluya a EH Bildu, coalición a la que esas formaciones identificaron como "los herederos de los asesinos de ETA". En el debate celebrado en la comisión, el diputado del PP Jaime Mateu Istúriz aseguró que la nueva ley sólo es una "bomba de humo" para intentar "encubrir" lo que considera pésima gestión del Gobierno ante la crisis económica, mientras la también parlamentaria popular María Jesús Moro espetó que "sólo hay que ver cómo lo ha celebrado Arnaldo Otegi" para considerar negativa la nueva norma.

Por su parte, Francisco José Contreras, de Vox, acusó al Gobierno de haber convertido a Bildu en "juez de la memoria" justo cuando se cumplen 25 años de atentados de ETA como el secuestro de José Antonio Ortega Lara y el asesinato de Miguel Angel Blanco. Contreras, además, denunció que el hecho de que una comisión de expertos vaya a investigar los primeros años de la Transición la deslegitima porque supone considerarla "un enjuague a lo gatopardo donde no cambió nada".

En la misma línea, el diputado Guillermo Díaz, de Cs, comparó el trato a las víctimas de ETA -pese a que estas están reconocidas por el Estado desde hace años como víctimas del terrorismo- con el de las víctimas del Franquismo, y denunció que "los antiguos miembros de la banda son ahora interlocutores del Gobierno para pactar la memoria de España". "El PSOE ha entregad todo, hasta lo más sagrado, a un partido dirigido por terroristas", afirmó Díaz.