Resulta muy probable que el efecto publicitario de que medio mundo haya fijado su mirada en El Prado y el Reina Sofía no se perciba hasta un medio plazo. Las reacciones y opiniones no solo confunden el ser inmediatas con ser relevantes, sino que suelen iniciar una escalada en importancia y en agresividad que nos dificulta una mirada clara sobre qué y qué no debe ser tenido en cuenta para valorar el éxito de una iniciativa.

Una de esas reacciones ha sido la de la autora peruana Daniela Ortiz, que ha pedido que su obra Castas blancas sea retirada de la colección permanente del Museo, debido a que considera que el Reina ha fallado en su obligación de ejercer una protección política sobre la misma. El concepto de protección política resulta enormemente ambiguo, y no existe normativa al respecto acordada por los museos, con lo que la aplicación o la obligación de la misma parece, cuando mínimo, discutible. Desde luego, la artista se encuentra en su derecho de retirar la obra por las razones que desee: éticas, estéticas o personales. Sin embargo, quizás afrontamos un caso en el que lo político se lleva a lo personal y cada vez con mayor frecuencia los gestos personales se diluyen en la nada.

Otra discusión interesante tiene que ver con quién se apropia de la capacidad que posee el patrimonio de generar riqueza inmaterial. En este caso, la del Prado y el Reina para potenciar turismo, reputación, visibilidad y unos (quizás) futuros beneficios tangibles. Aquí lo político se convierte, simplemente, en político. Y cuidado con renegar de ello y con perder de vista, no siempre quienes siembran heredan. Lo que conviene, en este caso, conviene a todos.