Laura Borràs y el cuento de la represión

Para la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, la democracia española es cualquier cosa menos bonita. Sus descalificaciones son constantes, la acusa de "acosar" a los disidentes y de tener "tics autoritarios". Curiosamente, el año pasado la "perseguida y represaliada" presidenta accedió a la condición de profesora titular de la UB, es decir, se hizo con una plaza de funcionaria del Estado español, el mismo que según ella no tiene otro afán que reprimir a los independentistas. Debe ser el Estado represor más generoso del mundo. Hace años que Borràs está imputada por cuatro delitos: prevaricación, fraude en la administración, malversación y falsedad. Se le atribuye un supuesto amaño de contratos que beneficiaron a un amigo suyo cuando ella presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. La investigación la inició la policía autonómica catalana, y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña publicó en 2020 una auditoria en la que se explica que la ILC otorgó a dedo y fraccionó contratos para evitar que fueran a concurso público.

Pese a toda la estrategia dilatoria del abogado Gonzalo Boye, el TSJC está ya a punto de abrirle juicio oral, y cuando se lo comunique, en virtud de lo que establece el reglamento de la cámara catalana para posibles delitos de corrupción, debería ser suspendida de sus derechos y deberes como parlamentaria. Sin embargo, Borràs lucha denodadamente por convertir su caso en una causa política, en otro frente de la "guerra sucia" del Estado contra los independentistas. El viernes inauguró nada menos que una cumbre del Observatorio Ciudadano contra la corrupción con un alegato acusando al Estado de "lawfare", es decir, de utilizar la justicia para "ensuciar, con la corrosiva mancha de la corrupción, a sus adversarios políticos". Citó a Winston Churchill y tuvo la desfachatez de terminar hablando de su propio proceso ante los tribunales.

Excepto Junts, ningún otro grupo parlamentario sostiene que sea víctima de una persecución política. De entrada, tanto ERC como la CUP son partidarios de aplicar el reglamento. Pero Borràs no dimitirá y, antes o después, su caso tensionará las costuras entre los independentistas. Desde su entorno se ha promovido un manifiesto, defendiendo su inocencia, firmado por Artur Mas, Quim Torra y Carles Puigdemont, los consejeros de su partido y personas de la sociedad civil. Con el cuento de la persecución se pretende que pueda seguir en su cargo dañando a las instituciones catalanas, que por desgracia llevan una década en un proceso de degradación acelerado. Borràs y una parte de Junts amenazan con romper el Govern si los republicanos votan a favor de apartarla del cargo. Pere Aragonès ha dicho que cualquier decisión se tomará en base al criterio de "servicio público", lo cual parece señalar su salida. Eso sería lo lógico y deseable, pero ya veremos, los separatistas han demostrado que son capaces de cualquier malabarismo.