Pedro Sánchez fija rumbo para lo que queda de legislatura, que finaliza en diciembre de 2023, y el timón se mueve hacia la izquierda. El presidente del Gobierno ha sacado del armario su traje más progresista y se ha presentado en el Debate sobre el estado de la Nación con el ánimo de despertar a su electorado del letargo en el que parecía comenzar a introducirse. También al de Unidas Podemos, ya que ha ahondado en su propuesta de crear un impuesto para los beneficios de las eléctricas y ha avanzado que habrá otro para los de las grandes entidades financieras.

Ambos anuncios han sido recibidos con júbilo desde la bancada socialista, que ha aplaudido con cierta euforia, como si de repente el hemiciclo se hubiera transportado al 1 de junio de 2018, cuando Sánchez se convirtió en presidente tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. Las palmadas de los diputados morados han sido más tímidas, pero se han producido, así como las de sus máximas exponentes: las ministras Ione Belarra e Irene Montero. La vicepresidenta segunda y líder del espacio de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, quizá haya sido la que menos júbilo haya mostrado, pero ha dado su aprobación igualmente: "Lo que era imposible hasta hace poco, ahora es posible. Una pequeña alegría para el país que queremos". Eso sí, desde Unidas Podemos remarcan que van a seguir insistiendo en más medidas en la misma dirección.

"Me voy a dejar la piel para defender a la clase media trabajadora de nuestro país", ha lanzado Sánchez desde la tribuna, donde ha inaugurado una cita parlamentaria que no se producía desde 2015 con un discurso que ha superado la hora y media de duración. En él, el presidente ha querido profundizar en un giro que inició tras la debacle en las elecciones andaluzas del 19 de junio, en las que las fuerzas progresistas hundieron sus respectivos suelos frente al PP, que alcanzó la mayoría absoluta.

El jefe del Ejecutivo se ha querido mostrar cercano a la ciudadanía y ha señalado la inflación, que supera los dos dígitos, como el gran enemigo a batir. Más didáctico que nunca -incluso, utilizando gráficos- explicando que el alza de precios se debe al gasto del dinero que las familias ahorraron durante la pandemia y a la situación económica derivada de la guerra en Ucrania, ha dicho "comprender" la "angustia, frustración y el enfado" de todos los españoles. "También es el mío", ha lanzado antes de insistir en que conoce que "el salario cada vez da para menos, que cuesta llegar a fin de mes y que la cesta de la compra es cada vez más cara".

Frente a las formaciones de la derecha, cuya receta es bajar impuestos, ha apostado por la imposición dos tipos nuevos con los que prevé recaudar unos 7.000 millones de euros con los que financiar otro tipo de medidas sociales anunciadas, como la subida de 100 euros al mes en las becas de más de un millón de estudiantes o la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías y media distancia. Esta última medida ha sido, sin embargo, no ha recibido el apoyo de otros de sus socios como Teruel Existe-, que la ha criticado por centralista y por ser una solución a problemas de grandes ciudades y no de la España vaciada. También ha querido hacer un guiño a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con el desbloqueo de la Operación Campamento.

Asimismo, antes de finalizar su intervención ha puesto en la diana al PP, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, escuchaba desde la bancada popular. Sin caer en el triunfalismo y con alguna dosis más de autocrítica de lo habitual -porque suele ser ninguna-, el jefe del Ejecutivo ha querido contraponerse a lo que hubiera pasado, a su juicio, si hubieran gobernado los conservadores. "Aquellos que no apostaban por los ERTE, sino por el despido libre. Por adelgazar el Estado de Bienestar...", ha asegurado.

Sánchez admite que el gran reto es la inflación y rechaza las "soluciones fáciles" que proponen "curanderos" que sólo buscan rédito

Hacia el PP ha tenido otras críticas, aunque nunca mencionándoles de forma explícita. La primera ha salido pronto, cuando ha narrado todas las diferencias actuales con el año 2015, último año en el que se celebró el estado de la nación. "El Poder Judicial no ha cambiado", ha dicho con sorna, en referencia a que el PP todavía no ha facilitado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de tres años y medio caducado. También se ha acordado de las becas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y se ha referido al líder de la oposición como un "curandero" por achacar la subida del IPC al Ejecutivo y proponer "soluciones fáciles" a problemas complejos como el alza de precios.

"Socializar los logros colectivos"

Con todo, la vuelta a las esencias de Sánchez lo ha confirmado también María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Ante los micrófonos de los periodistas en el patio del Congreso, ha pronunciado las palabras "socializar los logros colectivos" y se ha congratulado del ánimo del presidente, "con ganas, fuerza y a por todas". Este último es el lema del PSOE para resumir la intervención del presidente. 

Además, Sánchez ha justificado el impuesto a las entidades financieras recordando que "este país acudió al rescate de la banca" en 2012. "Ahora es imprescindible rescatar al conjunto de la ciudadanía", ha añadido como mensaje a los bancos. Casualidad o no, es el mismo argumento que utilizó el presidente en enero de 2018, siendo todavía líder de la oposición, para proponer el impuesto que hoy ha concretado. El Manual de Resistencia se lee de izquierda a derecha.

Defiende el papel de España en la defensa de Ucrania

Otro de los ejes del discurso de Sánchez ha sido la férrea defensa realizada de su idea de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. Y lo ha hecho defendiendo el pacifismo y, en su giro a la izquierda, señalando que el marco "ya no es el de la Guerra Fría", que dividía a aquellos países comunistas y capitalistas. Ahora, según ha explicado, los bandos son aquellos que defienden los Derechos Humanos y lo que no. 

También ha asegurado que no participar "en el esfuerzo bélico" no libraría a España de las consecuencias económicas, sino que le aislaría del resto de países. Y así, ha puesto la venda antes de la herida al señalar que, si ahora España no accede a "la petición de polacos, rumanos, estonios o alemanes" por estar "amenazados" por Rusia, nuestro país no tendría "legitimidad" si tuviera que "pedir solidaridad".