La ley catalana de regulación de los alquileres consiguió rebajar el precio e incrementar la oferta de pisos en Barcelona

El precio medio de los alquileres en Barcelona descendió un 3% mientras estuvo vigente la ley catalana de regulación de precios, aprobada en septiembre de 2020 y tumbada por el Tribunal Constitucional el pasado marzo. Así se desprende de un estudio del Observatorio Metropolitano de la Vivienda (OHB) encargado por el Ayuntamiento de la capital catalana.

El OHB ha analizado la situación de Barcelona y de los municipios donde sí se aplicó el tope al precio del alquiler (en las denominadas áreas de mercado de vivienda tenso) y lo ha comparado con la situación de otros municipios que no estaban incluidos en los supuestos de la ley, por lo que no había regulación.

Las conclusiones muestran que el precio de los alquileres creció en un 4,1% en los municipios en los que no había regulación entre septiembre de 2019 (un año antes de que la ley entrase en vigor) y hasta marzo de 2022. En cambio, en las localidades en las que sí se aplicó la ley, los descensos alcanzaron hasta el 7% en los primeros meses.

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La concejala de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, ha explicado que estos datos "confirman que la regulación de los precios aprobada en el Parlament logró, no sólo contener los precios de alquiler, sino bajarlos en la ciudad", y ha destacado que "contrariamente a aquellas voces de promotores inmobiliarios, del sector de anuncios inmobiliarios, etcétera, que vaticinaban que bajaría la oferta, ésta sube ostensiblemente, y el número de contratos firmados también”.

Concretamente, respecto a la oferta, el estudio muestra que el número de viviendas en alquiler no se redujo mientras la ley estuvo en vigor en ningún ámbito estudiado, sino todo lo contrario. En Barcelona, en marzo de 2022 había 216.459 viviendas de alquiler vigentes, lo que supone un incremento del 6% en términos absolutos.

Además, el mismo informe indica que, durante el tiempo en el que la ley estuvo vigente, en Barcelona se firmaron semestralmente, de media,15,3 contratos cada 1.000 habitantes, un 31,1% más que el año anterior.

Ante estos datos, Martín ha remarcado la necesidad de "recuperar urgentemente esta norma con la tramitación de la ley estatal -de vivienda- que nos dé a los gobiernos y a los ayuntamientos la potestad para poder regular el precio de los alquileres"